En Libia, los defensores de derechos humanos se han convertido en objetivos para muchos grupos armados involucrados en la actual guerra civil, según un informe del Observatorio publicado hoy (12 de agosto de 2015).
La violencia, el acoso y la intimidación son el pan de cada día de estos defensores bajo un clima de impunidad debido al colapso del Estado. El respeto de los defensores de derechos humanos que, a través de su voz no partidista, desempeñan un papel vital, debería constituir un consenso y ser un requisito previo a cualquier acuerdo entre las partes en el conflicto.
«Ninguna sociedad democrática puede existir sin derechos humanos. Son la piedra angular en la construcción de un Estado que protege a su gente y le provee los medios para actuar. La situación en la que se encuentran es intolerable y amenaza el proceso de establecer una democracia sostenible en Libia. Por consiguiente, instamos a la comunidad internacional y a todas las partes a incluirlos en las negociaciones y proporcionar refugio para protegerlos», dijo Gerald Staberock, secretario general de la L’Organisation mondiale contre la torture (OMCT).
El informe pone de manifiesto la grave situación de 24 defensores de derechos humanos, muchos de los cuales han sido asesinados. Otros han sido secuestrados o han recibido amenazas contra ellos o sus familias. Sus lugares de trabajo fueron saqueados y quemados. Los defensores libios reciben con frecuencia amenazas telefónicas, actos de difamación, y se ven obligados a exiliarse en países vecinos.
En este contexto polarizado que no deja lugar a las voces independientes, cada ciudadano, hombre o mujer, que defiende el respeto a los derechos fundamentales y los principios democráticos está en peligro. Las personas que son más a menudo el blanco de la violencia son abogados, jueces, representantes de instituciones gubernamentales u organizaciones nacionales o internacionales de defensa de los derechos humanos, periodistas y defensores de los derechos de las minorías étnicas.
Según testimonios de activistas de derechos humanos, los autores son en su mayoría miembros de varios grupos armados no estatales, en particular los pertenecientes al movimiento fundamentalista islámico, como «Libia Fajr» (Amanecer Libio). Fuentes confiables han informado al Observatorio que los grupos islamistas armados tienen «listas negras» que contienen los nombres de las personas que tratan de promover los ideales democráticos, defender los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres, valores diametralmente opuestos a los de los grupos islamistas armados.
Las instituciones judiciales existentes prevén en sus actas fundacionales su lealtad a un número de tribus, señores de la guerra y actores no estatales, lo cual dota de legalidad a estas entidades. En algunos casos, ciertos grupos armados financian ellos mismos las instituciones judiciales. Incluso sustituyen y se infiltran en las instituciones del Estado e impiden su funcionamiento.
Con el apoyo de la comunidad internacional, Libia participa actualmente en un proceso para llegar a un acuerdo para estabilizar el país. Como parte de este proceso, la protección de los derechos fundamentales y de los defensores de derechos humanos será un tema abordado. Sin embargo, algunos grupos paramilitares y algunas milicias se han retirado de las negociaciones.
Su retorno a la mesa de negociaciones, requisito previo para el éxito del proceso, debe ir de la mano con su estricto compromiso de respeto a los derechos fundamentales. Los defensores de derechos humanos también debe estar activamente involucrados en el proceso. Es bajo estas condiciones que un Estado respetuoso de los derechos humanos elementales podrá ser instaurado.
«Hoy en Libia, los defensores de los derechos humanos se ven obligados a cesar sus actividades o ir al exilio para salvar sus vidas. Incluso en el exilio, la mayoría de los defensores de derechos humanos de Libia están en una situación muy precaria. Los países de acogida deben propiciar oportunidades para apoyar y facilitar la concesión de un estatuto de refugiado para ellos» Karim Lahidji, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
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