A la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le preocupa que cada vez más países justifiquen la violación de tratados internacionales de derechos humanos con el fin de combatir el terrorismo en las zonas en conflicto, informa Thalif Deen (IPS) desde Naciones Unidas.
Esos instrumentos, de los cuales la ONU es la representante legal, prohíben la tortura, el encarcelamiento ilegal, el trato degradante de los prisioneros de guerra y las desapariciones forzadas, entre otras cosas.
«Esta lógica abunda en el mundo de hoy: torturo porque una guerra lo justifica. Espío a mis ciudadanos porque el terrorismo, repugnante como es, así lo requiere», declaró, en una alusión indirecta a las potencias mundiales, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra’ad Al-Hussein.
«No quiero inmigrantes nuevos, o discrimino a las minorías, porque mi identidad comunal o mi forma de vida están amenazadas como nunca. Mato a los demás, porque los demás me matarán a mí, y así sucesivamente», añadió el jueves 5 en el Museo del Memorial al Holocausto, en Washington.
El mundo necesita un «liderazgo profundo e inspirador», guiado por la inquietud por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, destacó.
«Necesitamos líderes que cumplan plenamente esas leyes y tratados redactados para erradicar todo tipo de discriminación, la privación de millones, y las atrocidades y el exceso en la guerra, sin excusas. Solo entonces podremos ayudarnos a salir de la serie actual de graves, y aparentemente inagotables, crisis que amenazan con absorbernos», subrayó el funcionario internacional.
En 2014 la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos fue acusada de someter a sospechosos de terrorismo a torturas que el organismo denomina «técnicas de interrogatorio mejoradas», entre ellas el submarino o simulacro de ahogamiento, la privación del sueño y los apremios físicas.
Los países occidentales, que participaron en ataques aéreos en Afganistán, Iraq, Libia y Siria, justificaron miles de muertes de civiles como «daños colaterales», aunque en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU continúen predicando la doctrina de los derechos humanos y lo sagrada que es la vida de la población civil.
Varios países, entre ellos Arabia Saudita, Jordania y Pakistán, aplican la pena de muerte para los acusados de terrorismo y la flagelación pública de blogueros y disidentes políticos como parte de su lucha antiterrorista.
A fines de enero la organización extremista Estado Islámico se atribuyó el asesinato del piloto Mu’ath al Kassassbeh de la Fuerza Aérea de Jordania, país que integró una coalición que lanzó ataques aéreos contra sus fuerzas. Como represalia, Jordania ejecutó a dos presos vinculados a la red islamista Al Qaeda.
«Fue ojo por ojo», opinó una fuente jordana.
En diciembre, 117 de los 193 estados miembros de la ONU adoptaron una resolución de la Asamblea General que pide una moratoria sobre la pena de muerte. Pero las ejecuciones continúan.
Para el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, «la pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI».
Javier El-Hage, abogado de la organización independiente de derechos humanos Human Rights Foundation, con sede en Estados Unidos, dijo a IPS que apoya la llamada del Alto Comisionado a un «mejor liderazgo» y al «replanteamiento mundial de la educación» como las principales armas de las que el planeta podría beneficiarse en la lucha contra las «causas de los peores conflictos y atrocidades».
El comisionado Zeid dijo que a niños y niñas se les deben enseñar qué son la «intolerancia y el patrioterismo», »los terribles males que pueden producir», y que «las figuras de autoridad pueden aprovechar la obediencia ciega con fines perversos».
Las peores atrocidades «las causaron líderes intolerantes, patrioteros y autoritarios… que mediante el monopolio en la educación y la información, con la represión de la disidencia y los medios independientes, imponen agendas económicas, nacionalistas, racistas o religiosas radicales de tal manera que aplastan los derechos de las minorías y los disidentes de todo tipo», afirmó El-Hage.
Por ejemplo, argumentos nacionalistas, racistas o religiosos se utilizaron contra los judíos en la Alemania nazi, los ucranianos en la Unión Soviética, los kurdos en Turquía y los negros en la Sudáfrica del apartheid, e incluso en la mayor parte del mundo occidental hasta la abolición de la esclavitud.
Estas ideologías discriminatorias aun se emplean contra los pueblos uigures y tibetanos en China y contra fieles cristianos y musulmanes por las dictaduras teocráticas de Medio Oriente, ya sean aliadas de las democracias industrializadas, como Arabia Saudita y Jordania, o no, como Irán y Siria.
Zeid dijo que la ley internacional de derechos humanos representa una síntesis de la experiencia de la humanidad con las atrocidades y las soluciones para impedirlas. Pero hoy, con demasiada frecuencia, los gobernantes optan por violar esas leyes, se quejó.
«En los años tras el Holocausto se negociaron tratados específicos para» convertir en ley «las obligaciones de protección de los derechos humanos. Países del mundo entero los aceptaron y ahora, lamentablemente, con demasiada frecuencia los ignoran en la práctica», sostuvo.
Las represalias contra atrocidades como el asesinato del piloto jordano tienen un impacto limitado, según Zeid.
«Simplemente bombardearlos o eliminar sus vías de financiación claramente no ha funcionado… ya que estos grupos proliferaron y crecieron en fuerza. Lo que se necesita es la incorporación de un tipo diferente de línea de batalla, una que libren principalmente gobernantes y países musulmanes, basada en las ideas», sugirió.
Zeid observó un efecto en cadena en los derechos civiles y políticos en otros países.
«El espacio para la disidencia en muchos países está colapsando bajo el peso de estrategias antiterroristas mal ideadas o incluso abusivas. Los defensores de los derechos humanos están, por tanto, bajo una enorme presión en muchas partes del mundo… Corren el riesgo de la prisión o peor», advirtió el funcionario.
- Edición de Kitty Stapp / Traducción de Álvaro Queiruga
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
