Ciudadanos europeos de distintos orígenes y países han lanzamos un llamamiento para la transformación de las instituciones y políticas europeas.
Las bases se exponen en un Manifiesto que contiene propuestas concretas, en particular un proyecto para un Tratado de democratización y un Proyecto de presupuestos, que pueden adoptar y aplicar los países que lo deseen, sin que ningún país pueda bloquear a aquellos que deseen avanzar.
La coordinación del proyecto ha estado a cargo de un colectivo compuesto por Manon Bouju, Lucas Chancel, Anne-Laure Delatte, Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste y Antoine Vauchez y desde el pasado 9 de diciembre de 2018 ha conseguido el apoyo en red de más de 15 000 líderes sociales y está recibiendo nuevas aportaciones para mejorar el texto.
Dice el manifiesto:
Tras el Brexit y la elección de gobiernos antieuropeos al frente de varios países miembros, ya no es posible continuar como antes. No podemos simplemente esperar las próximas salidas, o seguir desmantelando sin realizar cambios fundamentales en la Europa actual.
Actualmente, nuestro continente está atrapado entre los problemas políticos cuyo programa se limita a la caza de extranjeros y refugiados, un programa que ya han comenzado a poner en acción, por un lado. Por otro lado, hay partidos que afirman ser europeos pero que en realidad siguen considerando que el liberalismo duro y la difusión de la competencia entre todos (estados, empresas, territorios e individuos) son suficientes para definir un proyecto político. De ninguna manera reconocen que es precisamente ese tipo de ambición social lo que conduce al sentimiento de abandono.
Hay algunos movimientos sociales y políticos que intentan poner fin a este diálogo fatal al avanzar hacia una nueva base política, social y medioambiental para Europa. Tras una década de crisis económica, no existe carencia de ninguna de estas situaciones críticas específicamente europeas: subinversión estructural en el sector público, especialmente en las áreas de formación e investigación, aumento de la desigualdad social, aceleración del calentamiento global y crisis en la recepción de migrantes y refugiados. No obstante, estos movimientos a menudo tienen dificultades para formular un proyecto alternativo y para definir con precisión cómo les gustaría organizar la Europa del futuro y la infraestructura de toma de decisiones de la misma.
Nosotros, ciudadanos europeos, al publicar este Manifiesto, Tratado y Presupuestos, lanzamos propuestas específicas disponibles públicamente para todos. No son perfectas, pero tienen el mérito de existir. Cualquier persona puede acceder a ellas y mejorarlas. Se basan en una convicción sencilla: Europa debe construir un modelo original para garantizar el desarrollo social justo y duradero de sus ciudadanos.
La única manera de convencerles es abandonar las promesas vagas y teóricas.
Si Europa desea restablecer la solidaridad con sus ciudadanos, tan solo puede hacerlo proporcionando pruebas concretas de que es capaz de establecer una cooperación entre los europeos y haciendo que aquellos que han sacado partido de la globalización contribuyan a la financiación de los bienes del sector público de los que hoy cruelmente se carece en Europa. Esto implica hacer que las grandes empresas contribuyan en mayor medida que las pequeñas y medianas empresas, y que los contribuyentes más ricos paguen más impuestos que los más pobres. No es lo que ocurre hoy en día.
Asamblea Europea
Nuestras propuestas se basan en la creación de unos Presupuestos para la democratización que se debatirían y votarían por parte de una Asamblea Europea soberana. Esto al menos permitirá a Europa equiparse con una institución pública que sea capaz de enfrentarse inmediatamente a las crisis existentes en Europa y al mismo tiempo de crear un conjunto de bienes y servicios públicos y sociales en el marco de una economía sostenible y basada en la solidaridad. De esta manera, finalmente tendrá sentido la promesa hecha tiempo atrás con el Tratado de Roma de “armonización de las condiciones de vida y de trabajo”.
Estos Presupuestos, si la Asamblea Europea así lo desea, se financiarán a través de cuatro importantes impuestos europeos, marcadores tangibles de esta solidaridad europea. Estos se aplicarán a los beneficios de las grandes empresas, a los ingresos superiores (de más de 200 000€ anuales), a los poseedores de mayor riqueza (más de un millón de euros) y a las emisiones de carbono (con un precio mínimo de 30 € por tonelada). Si se fijan en un 4 % del PIB, según nuestra propuesta, estos presupuestos podrían financiar la investigación, la formación y a las universidades europeas, un programa de inversión ambicioso para transformar nuestro modelo de crecimiento económico, la financiación de la recepción y la integración de los migrantes y el apoyo a quienes participen en la gestión de la transformación. También podrían aportar un cierto margen presupuestario a los Estados miembros para reducir los impuestos regresivos que pesan sobre los salarios o el consumo.
Tratado de democratización
La cuestión aquí no es la de crear una “Europa de pagos de transferencias”, que trataría de sacar dinero de los países “virtuosos” para entregarlo a los que lo son menos. El proyecto por un Tratado de democratización lo establece de forma explícita limitando la brecha entre los gastos deducidos y los ingresos pagados por cada país a un margen del 0,1 % del PIB correspondiente. La verdadera cuestión es otra. Se trata principalmente de reducir la desigualdad dentro de los distintos países y de invertir en el futuro de todos los europeos, empezando por supuesto por los más jóvenes, sin que ningún país tenga preferencia.
Dado que tenemos que actuar rápidamente pero también debemos sacar a Europa del estancamiento tecnocrático actual, proponemos la creación de una Asamblea Europea. Esto permitirá el debate y la votación de estos nuevos impuestos europeos, así como de los presupuestos para la democratización. Esta Asamblea Europea puede crearse sin necesidad de modificar los tratados europeos existentes.
Esta Asamblea Europea, lógicamente, tendrá el deber de comunicarse con las actuales instituciones para la toma de decisiones (en particular, el Eurogrupo, en el que los ministros de Economía de la zona euro se reúnen de manera informal todos los meses). No obstante, en caso de desacuerdo, la Asamblea tendría la última palabra. De no ser así, quedaría comprometida su capacidad de ser un lugar para un nuevo espacio político transnacional donde los partidos, los movimientos sociales y las ONG finalmente podrían expresarse. También estaría en juego su eficacia real, ya que el problema es finalmente sacar a Europa de la eterna inercia de las negociaciones intergubernamentales.
Debemos tener en cuenta que la regla de la unanimidad fiscal en vigor en la Unión Europea ha bloqueado durante años la adopción de cualquier impuesto europeo y sostiene la evasión eterna del dumping fiscal por parte de los ricos y más móviles, una práctica que continúa hasta hoy pese a todas las argumentaciones. Esto seguirá siendo así si no se establecen otras normas para la toma de decisiones.
Dado que esta Asamblea Europea tendrá la capacidad de adoptar impuestos y de acceder al mismo núcleo del pacto democrático, fiscal y social de los Estados miembros, es importante involucrar verdaderamente a los parlamentarios nacionales y europeos. Al otorgar a los miembros electos nacionales un papel central, las elecciones parlamentarias nacionales se transformarán de facto en elecciones europeas. Los miembros nacionales elegidos ya no podrán simplemente trasladar la responsabilidad a Bruselas y no tendrán otra opción que explicar a los votantes los proyectos y los presupuestos que pretendan defender en la Asamblea Europea. Al reunir a los parlamentarios nacionales y europeos en una sola Asamblea, se crearán hábitos de gobierno conjunto que actualmente solo existen entre los jefes de estado y los ministros de Economía.
Por eso, en el Tratado de democratización disponible online, proponemos que el 80 % de los miembros de la Asamblea Europea sean miembros de los parlamentos nacionales de los países que firmen el Tratado (en proporción con la población de los países y los grupos políticos), y el 20 % del actual Parlamento Europeo (en proporción con los grupos políticos). Esta elección merece más discusión. En particular, nuestro proyecto también podría funcionar con una menor proporción de parlamentarios nacionales (por ejemplo, el 50%). No obstante, en nuestra opinión, una reducción excesiva de esta proporción podría menoscabar la legitimidad de la Asamblea Europea de involucrar a todos los ciudadanos europeos en la dirección de un nuevo pacto social y fiscal, y los conflictos de legitimidad democrática entre las elecciones nacionales y europeas podrían socavar rápidamente el proyecto.
Ahora debemos actuar rápidamente. Si bien sería deseable que todos los países de la Unión Europea se unan a este proyecto sin demora, y aunque sería preferible que los cuatro países más importantes de la zona euro (que juntos representan más del 70 % del PNB y de la población de la zona) la adopten desde el principio, el proyecto en su totalidad se ha diseñado para ser adoptado legalmente y económicamente por cualquier subconjunto de países que así lo deseen. Este punto es importante porque permite a los países y movimientos políticos que así lo deseen demostrar su voluntad de hacer progresos muy específicos mediante la adopción de este proyecto, o una versión mejorada, ahora mismo.
Hacemos un llamamiento a todos los hombres y mujeres para que asuman sus responsabilidades y participen en un debate detallado y constructivo para el futuro de Europa.
