La renuncia de presidente Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú el miércoles 21, tras veinte meses de un gobierno zarandeado por el acoso del fujimorismo y denuncias de corrupción, coloca a este país sudamericano en el camino de la ingobernabilidad, informa Adam Green [1] (IPS) desde Lima.
El abandono del conservador Kuczynski, horas antes de una probable destitución por parte del unicameral Congreso legislativo, obligó al primer vicepresidente del país, Martín Vizcarra, a retornar con urgencia al país desde Canadá, donde ejercía como embajador, para asumir el cargo de jefe de Estado hasta 2021, como establece la Constitución.
Una vez que los legisladores acepten la carta del mandatario renunciante, es un trámite constitucional obligado que en el Congreso se ciña la banda presidencial a Vizcarra y se le invista como nuevo jefe del Estado, en un trámite previsto inicialmente para el viernes 23 de marzo de 2018.
Vizcarra, quien este jueves 22 cumplió 55 años, es ingeniero de profesión. Sin partido propio destaca su gobernación de la región sureña y costera de Moquegua (2011-2014) con un movimiento político independiente.
Electo en la fórmula presidencial de Kuczynski, fue su ministro de Transportes y Comunicaciones durante diez meses, cuando renunció ante cuestionamientos por el proceso de construcción de un aeropuerto en el sureño y andino departamento de Cusco.
La crisis sumió a la población entre la incertidumbre y la decepción, incrementadas ante sucesivas declaraciones de portavoces del fujimorismo presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción.
Alberto Fujimori, quien presidió el país entre 1990 y 2000, buena parte en forma autocrática, fue condenado a 25 años de cárcel por graves y sistemáticos hechos de corrupción y de violación de los derechos humanos.
«Todos son unos corruptos, nadie se salva acá. Los fujimoristas, los que están en el gobierno solo piensan en sus intereses y no se acuerdan de las necesidades de la gente», comentó a IPS la docente Tania Vidal, ya jubilada con una pensión mensual equivalente a 240 dólares, mientras repasaba los titulares de los diarios en un puesto de la calle.
Su postura, enmarcada en la consigna pública de «que se vayan todos», es parte del 49 por ciento de personas de zonas urbanas y rurales que según una encuesta de la empresa KFK, publicada este jueves 22 en el diario La República, demanda nuevas elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Para Ángel Paéz, analista político y jefe de la Unidad de Investigación de ese diario, el «que se vayan todos» es una posición fruto de la frustración y sin asidero en el sistema político peruano, y pronostica que Vizcarra continuará los tres años y cuatro meses que restan al periodo del actual gobierno.
«Los fujimoristas quieren que él asuma, lo necesitan porque temen las investigaciones fiscales y los procesos judiciales. Lo que ellos buscan es impunidad», declaró a IPS.
La alargada sombra de Odebrecht
El fujimorismo debe enfrentar las denuncias derivadas del megacaso de corrupción conocido como Lava Jato (lavado de autos), que desde Brasil extiende sus tentáculos por todo el continente, y que implica el financiamiento de la campaña electoral de 2011 de la entonces candidata presidencial Keiko Fuijimori.
Según Jorge Barata, exoperador del emporio brasileño de la construcción Odebrecht y que colabora con las investigaciones en Perú, la compañía le entregó un 1,2 millones de dólares a la candidata perdedora de las elecciones presidenciales en dos ocasiones consecutivas, la última frente a Kuczynski, quien asumió el mandato el 28 de julio de 2016.
El analista recordó que el punto de origen de la caída Kuczynski es haber pretendido ganarse al fujimorismo concediéndole ilegalmente el indulto humanitario a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, después que gracias al apoyo de legisladores fujimoristas evitó días antes un primer intento de destitución del Congreso.
Con ese indulto consolidó el apoyo de Kenyi, el menor de los Fujimori, enfrentado a su hermana Keiko, pero provocó que el bloque seguidor de Keiko, cuyo partido derechista Fuerza Popular domina el Congreso, ahondase las investigaciones sobre los nexos entre Odebrecht y Kuczynski.
«Ante la posibilidad de un segundo pedido de destitución, PPK (las siglas de Kuczynski por las que se le conoce en Perú) y los seguidores de Kenji Fujimori buscaron reclutar congresistas para oponerse», recordó Páez.
En ese proceso el congresista Moisés Mamani los grabó. «Se descubrió así la metodología corrupta del gobierno de PPK y de Kenji Fujimori para oponerse a la vacancia (destitución) y hemos terminado con la renuncia», dijo.
Kuczynski, una vez que su sucesor sea investido, perderá la inmunidad que le otorga la jefatura del Estado y deberá enfrentarse a varias investigaciones.
El Ministerio Público (fiscalía) requirió un día después de su renuncia que se ordene el impedimento de su salida del país, para ser tramitado por la justicia una vez que el Congreso oficialice la aceptación de su renuncia.
Kuczynski es investigado por los pagos que hizo Odebrecht a sus empresas Westfield y First Capital, ahora propiedad de un socio suyo, cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), quien se encuentra huido en Estados Unidos, tras ser acusado de recibir sobornos por 20 millones de dólares de la constructora.
Con el retorno a la democracia, tras la fuga y destitución de Fujimori y tras la exhibición de su corrupción y la de su socio en el poder, Vladimiro Montesinos, Perú ha pasado por cuatro procesos electorales.
Los gobernantes de todos esos periodos se encuentran investigados por delitos de corrupción, e inclusive uno de ellos, Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva junto a su esposa, Nadine Heredia.
Esta constatación ha movilizado a amplios sectores ciudadanos en torno al pedido de que la actual crisis sea una oportunidad para dar nuevo contenido a lo que se llama democracia.
Reacción de sociedad civil organizada
Una marcha pública con esa demanda se celebró la tarde de este jueves 22 por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
María Ysabel Cedano, directiva de esa plataforma de sociedad civil y directora de la oenegé por derechos humanos Demus, indicó a IPS que es crucial poner en evidencia que la corrupción afecta la independencia del Poder Judicial y el ejercicio de los derechos humanos por la fuga de recursos que dejan de destinarse para el bienestar de la población.
«Es momento de defender la independencia del Poder Judicial y exigir que el Ministerio Público continué con las investigaciones y sanciones siguiendo el debido proceso», expresó.
A su juicio, «tenemos casos claves como son los que involucran a Keiko Fujimori y al expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y estos no pueden verse debilitados durante el periodo que se avecina».
La también abogada explicó que desde la instauración del gabinete del indulto –tras el primer intento de vacancia presidencial- se han dado claros retrocesos en las políticas públicas sobre salud, educación, igualdad de género.
«Es resultado de las alianzas entre el poder económico, político y religioso sobre las que como sociedad civil nos mantenemos vigilantes en este contexto», dijo.
La marcha convocada por la CNDH, plataforma que integra a casi 80 organizaciones de sociedad civil peruana, fue para demandar una transición democrática sin corrupción.
«En estas horas difíciles para el país, demandamos del conjunto de fuerzas democráticas, políticas y sociales, un amplio compromiso que garantice una transición que produzca una profunda reforma y renovación de nuestro sistema político y nos permita enfrentar y sancionar ejemplarmente la corrupción», señala su pronunciamiento.
«Aspiramos a una renovación de la clase política, a romper con esta repetición de la historia de gobernantes que se olvidan de sus pueblos, mantienen la impunidad sobre graves violaciones a derechos humanos como fue el caso de las esterilizaciones forzadas, y buscan tomar el Estado para sus intereses particulares», criticó Cedano.
En esa perspectiva incluyó a personas de derechas y de izquierdas, a todas aquellas que están dispuestas a sostener desde una ciudadanía activa, la apuesta por una democracia que asegure derechos y uso honesto de los recursos públicos.
- Edición: Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
