Las míseras pensiones que reciben la mayoría de jubilados en Chile han motivado las mayores protestas de los últimos años en las que los ciudadanos exigen un nuevo sistema previsional que entierre el impulsado por la dictadura, informa Orlando Miles (IPS) desde Santiago.
«La crisis de las pensiones es el resultado de una grieta estructural. Después de casi 35 años el modelo impuesto en la dictadura muestra que no es de seguridad social sino que es un modelo de ahorro forzado que no está siendo capaz de entregar pensiones suficientes», explicó a IPS el economista Gonzalo Durán, de la Fundación Sol.
En el sistema chileno, introducido en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores. Son solo los empleados los que están obligados a destinar mensualmente 10 por ciento de sus ingresos a cuentas individuales gestionadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Estas empresas privadas administran actualmente un monto acumulado de 170.000 millones de dólares, invertidos principalmente en el exterior, que equivalen a 70,7 por ciento del producto interno bruto chileno.
Cada mes, las AFP recaudan 746 millones de dólares en cotizaciones de los trabajadores, que luego son invertidos en una operación que implica un costo adicional para cada trabajador.
Actualmente en Chile, un país con 17,8 millones de habitantes, poco más de un millón de personas reciben pensiones otorgadas por las AFP. Noventa por ciento de las pensiones son menores a 230 dólares mensuales, un monto muy inferior al salario mínimo local, de 384 dólares.
Nubia Zambrano, profesora jubilada, de 68 años, no alcanza a llegar a fin de mes con los 430 dólares que obtiene como pensión, la mitad de lo que era su salario, pero se considera una privilegiada porque se jubiló por el antiguo sistema y no el de las AFP: «Muchos de mis colegas no tienen hoy dónde vivir cuando están al final de sus vidas. Hay dramas terribles, arriendan piezas…Apenas tienen para comprar sus alimentos y medicinas y deben pagar arriendos», comentó a IPS.
En Chile la edad de jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 para los varones.
Los cuantiosos recursos ahorrados por los trabajadores para sus pensiones «son utilizados para financiar la economía y no para otorgar pensiones dignas», aseguró Durán.
«El modelo de AFP ha generado un tremendo negociado con las cotizaciones por pensión: hablamos de que 20 empresas en Chile reciben casi 40 000 millones de dólares provenientes de los ahorros de los trabajadores», sentenció.
Cuando se implementó el nuevo modelo, la dictadura dio la opción de permanecer en el antiguo sistema o cambiarse al nuevo, disfrazado como la mejor opción para alcanzar una vejez digna y feliz, lo que motivó a la mayoría. Un año después, ya no existía la opción de elegir.
El sistema se aplicó para casi todos: las fuerzas armadas y la policía fueron exentas del cambio y, por consiguiente, gozan ahora de pensiones muy superiores al promedio.
En las últimas semanas el tema se transformó en un problema político candente cuando se conoció que la exesposa del presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Osvaldo Andrade, recibía una pensión mensual de casi 7800 dólares después de jubilarse de Gendarmería (fuerza penitenciaria).
La presidenta, Michelle Bachelet, convocó el 9 de agosto a «un pacto nacional» para cambiar el sistema de pensiones y crear uno «más solidario, transparente, equitativo y eficiente» que incluirá un «nuevo pilar de ahorro colectivo solidario».
También propuso aumentar las cotizaciones en cinco por ciento gradualmente en un plazo máximo de 10 años, con aporte de los empleadores.
El anuncio de la mandataria fue la respuesta del gobierno a las masivas manifestaciones populares, el 24 de julio y 21 de agosto, que llegaron a convocar a más de un millón de personas en todo el país.
El portavoz de la organización No+AFP, Luis Mesina, afirmó a IPS que «estamos enfrentando en Chile un problema gravísimo con una autoridad que no escucha, una casta política que está cada vez más desprestigiada y ensimismada en seguir gobernando para los grandes grupos económicos».
Agregó que «todos los proyectos de ley son en contra de la ciudadanía» y aseguró que el Ejecutivo «gobierna definitivamente para mantener este modelo».
En busca del «pacto nacional», Bachelet dialogó en las últimas semanas con representantes de todos los sectores: desde quienes buscan maquillar el actual sistema de capitalización individual, pasando por quienes proponen un modelo mixto hasta aquellos que quieren el fin de las AFP para volver a un sistema de reparto.
Para Durán, la clave es «desconectar las pensiones de lo macro económico».
«En Chile el sistema de pensiones ha sido tremendamente exitoso para capitalizar a los grupos económicos, pero se ha desatendido de lo que es el objetivo principal que es pagar pensiones», dijo.
«En la forma cómo se capitalizan los grupos económicos hay un desafío porque habrá una resistencia empresarial fuerte por avanzar hacia un sistema de reparto que significa cerrar la llave de los recursos de las cotizaciones al dinero que le entra a estas empresas», explicó.
Cuatro de las seis AFP que operan en Chile son de capital extranjero, dos estadounidenses, una brasileño-suiza y una colombiana. En otra hay inversión de Estados Unidos y de Chile, y la sexta es la única plenamente chilena.
El economista Andras Uthoff, quien integró la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, que en 2015 entregó propuestas para solucionar la crisis previsional, afirmó a IPS que la mejor alternativa es impulsar un sistema mixto que supere el de capitalización individual y, simultáneamente, no tenga los riesgos del modelo de reparto.
Uthoff dijo que los primeros pasos para enfrentar la crisis son «dar señales concretas, identificar fuentes adicionales de financiamiento tripartito, diseñar fórmulas transparentes para mejorar las pensiones de los de ahora y futuros pensionados y legitimar un sistema que el 80 por ciento de la población rechaza».
Sin embargo, «nada de eso se vislumbra», lamentó.
El también economista Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados, que aconseja sobre la forma de invertir los ahorros previsionales para mejorar su rentabilidad, aseguró a IPS que una solución es generar «competencia fuerte, creando una AFP estatal, y que la gente que cotizó en el sistema antiguo pueda elegir libremente.
Mesina, en cambio, se inclinó por un sistema de reparto, debido a que el mercado laboral en Chile es «tan precario, tan inestable, con una densidad bajísima».
«No estamos cerrados a que se pueda incorporar un componente mixto, pero nos parece que los sistemas que mejor operan son los de reparto», enfatizó.
Agregó que apuestan «a que sea la gente movilizada la que logre finalmente recuperar para los chilenos el sistema de seguridad social que nos fue arrebatado en dictadura».
Con todo, No+AFP prepara una tercera movilización para el 16 de octubre, y una paralización nacional para el 4 de noviembre, que esperan «sea el golpe contundente para que las autoridades entiendan que debe haber cambios porque de lo contrario este país se va a desbocar por un sendero que nadie a priori puede imaginarse», concluyó Mesina.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
