Reporteros Sin Fronteras ha elaborado un informe sobre las circunstancias en que los periodistas españoles Beatriz Yubero, Natalia Sancha y Lluís Miquel Hurtado han sido intimidados, agredidos, hasta llegar a la deportación de Turquía, sin que la diplomacia española les haya prestado el amparo necesario.
Según informa la Sección Española de RSF, la periodista Beatriz Yubero sufre actualmente importantes secuelas psicológicas como consecuencia de las vejatorias y traumáticas condiciones en las que se desarrolló su detención y deportación de Turquía, en agosto de 2016.
Beatriz Yubero, quien residía en Turquía, fue obligada a abandonar el país abruptamente, dejar en Ankara todas sus pertenencias, trabajo y estudios, tras un proceso durante el que padeció toda clase de atentados contra su integridad física y psicológica, y que se saldó con su deportación a España.
“Llegué a Turquía en 2014, con una beca dependiente del Ministerio para la Diáspora Turca (YTB), que a su vez depende de la Oficina del Primer Ministro. Tras superar los exámenes pertinentes de lengua turca, comencé mis estudios de doctorado en la Universidad de Ankara, superando todos los cursos con éxito. En estos dos años, me he ganado la vida como profesora de español y he colaborado en medios con distintos artículos académicos y periodísticos, en los que jamás he manifestado ninguna opinión de carácter político”, explica.
Todo comenzó el 20 de julio de 2016, tras la intentona de golpe de Estado, cuando Yubero recibió una notificación del YTB comunicándole la suspensión inmediata de su beca de estudios. Alarmada, al tiempo que comenzó a recibir correos electrónicos desde el propio Ministerio, con loas al régimen “democrático” de Erdogan y amenazas contra todos aquellos alumnos sospechosos de estar vinculados a grupos “gülenistas”.
“No soy musulmana. Me declaro cristiana. Jamás he tenido contacto con el “gülenismo”, ni conozco a nadie de su entorno”, explica Beatriz Yubero. La periodista se personó en la sede del Ministerio de la Diáspora, donde uno de los responsables del programa le confirmó que su beca estaba cancelada.
Yubero acudió a la Embajada española en Ankara, que le aconsejó contactar por vía telefónica con el YTB para tratar de aclarar la situación. Fue entonces cuando el Ministerio le comunicó que en 15 días tendría que abandonar Turquía y que su seguro médico había sido cancelado.
El 5 de agosto, dos policías se presentaron en el domicilio de Yubero, mientras ella estaba fuera. Lo registraron sin orden judicial e interrogaron a sus compañeros de piso, quienes la pusieron sobre aviso. La periodista se dirigió a la Embajada española en Ankara. El ministro consejero, Pablo Barbará, la atendió e hizo los trámites pertinentes para saber qué estaba ocurriendo, sin obtener respuesta alguna por parte de las autoridades turcas. A primera hora del día siguiente, dos agentes volvieron a personarse en casa de Yubero con una presunta orden de arresto y deportación, que no le mostraron. No le permitieron coger ni una sola pertenencia, tan solo su bolso y su teléfono móvil, que usó para alertar a su pareja, en el vehículo en el que la forzaron a entrar. Le fue inmediatamente requisado.
Fue trasladada al pabellón deportivo de la Universidad de Gazi, donde se encuentra supuestamente la unidad antiterrorista. Rellenó un informe señalando que padece asma y que necesita puntualmente su medicación. Sufrió un primer interrogatorio de dos horas en un sótano, en el que la policía le preguntó por sus actividades, incidiendo en la posibilidad de algún vínculo con el entorno de Fetullah Gülen. La periodista colaboró en todo momento, aportando datos sobre su vida y trabajo. Le obligaron a quitarse en dos ocasiones una cruz egipcia similar a la cristiana, que llevaba colgada en el cuello. Quien peor trato le infligió fue una agente de policía, que la obligó a desnudarse completamente en las letrinas, ante un espejo cuyo reflejo era visible por todos los presentes.
A la mañana del día siguiente, Beatriz Yubero fue custodiada por tres agentes en un viaje de Ankara a Estambul, donde fue conducida directamente al área de deportaciones del aeropuerto.
“El caso de Beatriz es intolerable. Es inconcebible que un país que se autodefine como democrático trate a las personas violando todos y cada uno de los derechos humanos más fundamentales. No solo denunciamos la suspensión de su beca y deportación de forma totalmente injustificada, sino los malos tratos físicos y psicológicos que ha recibido durante todo el proceso. Es una muestra evidente de la indefensión en la que se encuentran los informadores en la Turquía de Erdogan, que se ha transformado en una enorme cárcel para los periodistas y en un agujero negro para la información. Estamos indignados y pedimos la urgente solución de este caso. Reporteros Sin Fronteras no dejará de denunciar esta situación mientras se mantenga”, afirma Malén Aznárez, presidenta de RSF España.
Beatriz Yubero no ha protagonizado, lamentablemente, el único caso de deportación, tras una detención ilegal con intimidación y malos tratos en Turquía. El pasado mes de marzo, la periodista Natalia Sancha, colaboradora habitual de El País en Oriente Medio, alertaba a Reporteros Sin Fronteras de su expulsión del aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul, tras cerca 17 horas retenida en contra de su voluntad.
Natalia Sancha: un año de indefensión
Natalia SanchaLos hechos ocurrieron en octubre de 2015, si bien Natalia Sancha no se decidió a compartirlo hasta tener, meses después, la confirmación por parte de la Embajada de España en Ankara de que su deportación era efectiva y de que la prohibición de entrada en Turquía se extiende por un período de cinco años. “El 31 de octubre de 2015, aterricé en Estambul, tras pasar dos semanas de vacaciones en Tailandia. Me dirigía a Diyarbakir (región kurda de Turquía) y, al desembarcar, fui interceptada por un grupo de hombres, que yo identifiqué como personal del aeropuerto, por las acreditaciones que llevaban. Me preguntaron por mi destino y el motivo de mi viaje. Ese día, se celebraban elecciones en Diyarbakir y la población tenía vacaciones. Iba a visitar a unos amigos como turista, no como reportera, y así se lo hice saber”, explica la periodista.
Uno de ellos le pidió que le acompañase, asegurando que era miembro de la seguridad del aeropuerto. Le siguió hasta una habitación en la que un grupo de hombres interrogaba a ciudadanos sirios. “Me registraron el equipaje de mano, el ordenador, la cámara, las libretas… Se dirigían a mí en turco, con un tono agresivo”, detalla Natalia Sancha. De inmediato, fue trasladada a otra sala, ante quien se presentó como jefe de Seguridad del aeropuerto. “Me pidió de muy malos modos mi móvil y le pregunté por qué. Me dijo que quería ver mi correo, mis contactos y mis fotos, con un tono extremadamente hostil. Le dije que quería hablar con la Embajada española”, prosigue la periodista. La respuesta del agente fue tajante y brutal: “No creas que por tener un pasaporte europeo tienes algún derecho. Aquí yo soy la autoridad y hago lo que quiero, porque tengo autorización de la Presidencia. No tienes derecho a hablar con la Embajada y, si no me das el móvil, llamo a dos policías, te reduzco, te esposo y te tiro en una celda”.
La periodista se cerró en banda ante la agresividad de todos los agentes e insistió repetidamente en contactar con la diplomacia española en Turquía. Nadie atendió sus peticiones. Finalmente, le fueron confiscados el móvil, el dinero, la cámara, el ordenador, las libretas y la medicación. Triste coincidencia: como Beatriz Yubero, Natalia Sancha también es asmática. Fue trasladada a una nueva “sala de espera” para ser repatriada a Líbano, donde reside habitualmente y cubre Oriente Medio.
La “sala de espera” era, en realidad, una celda sin ventanas, sin agua potable, ni alimentos. “Me encerraron con llave contra mi voluntad. En esa celda había cuatro mujeres también detenidas y cuatro menores, de 2 a 11 años, todos hijos de una de ellas, de nacionalidad afgana. La madre y los hijos llevaban recluidos allí 22 días. Las otras eran turistas de Italia, Austria y Georgia. Por lo visto, todas éramos culpables de atentar contra la seguridad pública”, ironiza la periodista.
Tras insistir en que necesitaba su tratamiento para el asma y la bronquitis, le devolvieron su mochila, pero sin sus dispositivos electrónicos y tan solo con el inhalador, no con el resto de la medicación. “Pasé 16 horas en aquella habitación, sin poder hacer una sola llamada a la Embajada, ni a mis amigos y familiares, que obviamente desesperaban por no tener noticias mías”, afirma Natalia Sancha. “Había una cámara y para pedir agua potable debíamos llamar a la puerta y esperar a la guarda. Nos proporcionaron a todas un menú de MacDonalds. Este detalle no pasaría de anécdota, si no fuera porque la bebé afgana de dos años llevaba 22 días con este menú y un refresco, como único alimento”, añade.
Hacia las 22.30 de la noche, la guarda abrió la puerta y comunicó a la reportera que volaría deportada en un avión a Beirut. Natalia Sancha solicitó un documento que probase las acusaciones vertidas contra ella y justificase su deportación. No le dieron ninguno. Tan solo le fue devuelto su dinero, su móvil y demás equipaje de mano antes de subir al avión. El pasaporte quedó en manos de los agentes que la escoltaron y fue entregado a la tripulación sin sellar. No quedó constancia de su entrada, ni de su salida de Turquía.
Al llegar a Beirut, un agente libanés la acompañó a las oficinas de seguridad del aeropuerto, donde fue interrogada sobre el incidente y recibió en todo momento un trato amable.
Lluís Miquel Hurtado: intimidaciones y “pinchazos” telefónicos
Colaborador habitual de El Mundo en Turquía y también de medios como Ara o RAC1, el periodista Lluís Miquel Hurtado va más allá en sus críticas a la capacidad de actuación de la Diplomacia española. “España, desde hace mucho tiempo, tiene poder comercial, pero no diplomático, y las embajadas se han transformado en delegaciones comerciales. El caso turco es un ejemplo claro: se lavan las manos y escurren el bulto”, afirma con contundencia.
El periodista se basa en las experiencias de sus compañeros, pero también en las propias. Como Natalia Sancha, aterrizó a finales del pasado mes de abril en el aeropuerto de Sabiha Gökçen de Estambul y fue interceptado por tres agentes, antes de pasar el control de pasaportes. “Tenían un papel en la mano con documentación sobre mí, luego me estaban esperando y entraron directamente a preguntarme en turco. Les presenté todas mis credenciales, incluida la acreditación de la Embajada española, porque sabía que ayuda a que se piensen mejor una deportación”, señala.
Como a Natalia Sancha, a Hurtado le aislaron en una sala del aeropuerto y le arrebataron el móvil, que estaba usando para alertar a sus compañeros. “Siguió un interrogatorio bastante ridículo, en el que intentaban buscar mis filias con el partido kurdo HDP, a cuyos líderes he entrevistado dentro y fuera del país. Les di sus nombres. Me registraron toda la maleta y, al cabo de veinte minutos, me dejaron marchar. Yo lo interpreto como un toque de atención, como un aviso de que me vigilan y de que tenga cuidado con el tema kurdo. Si hubiesen encontrado cualquier irregularidad administrativa, me habrían deportado”, asegura. El periodista también contó su detención en El Mundo, como vía para llamar la atención sobre la paupérrima libertad de información en Turquía.
Turquía, la mayor cárcel de periodistas del mundo
“La pasividad de la Diplomacia española parece ser una constante en las quejas de los periodistas que cubren un país tan peligroso para la libertad de información, como es en estos momentos Turquía. La mayoría de los periodistas españoles que cubren la actualidad turca, como sus compañeros que se juegan la vida en zonas en conflicto, son colaboradores, freelance a los que se impone un doble abandono y desamparo: el de las autoridades españolas y el de unos medios que solo están obligados por el compromiso ético que decidan adquirir con cada caso; unos medios que no siempre están a la altura de la protección y defensa que merecen sus colaboradores. Es urgente que el Ministerio de Asuntos Exteriores se implique de forma activa en la defensa y protección de todos ellos”, afirma Malén Aznárez.
“La seguridad de los periodistas es uno de las grandes objetivos que persigue Reporteros Sin Fronteras. En los últimos años venimos reclamando la creación de un representante especial de la ONU, que vele por su protección y luche contra la impunidad de la que suelen ser víctimas. Esperamos lograrlo. Curiosamente el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha firmado una petición a Ban Ki-moon en este sentido”, añade.
Según constata Reporteros Sin Fronteras en su reciente informe sobre Turquía, la ya dramática situación de la libertad de prensa en el país se ha agravado, tras el fallido golpe de Estado y la imposición del estado de emergencia. Los decretos que sucedieron a la asonada golpista han supuesto, desde el 15 de julio, que 200 periodistas hayan sido detenidos, de los cuales 101 permanecen en prisión. Además, han desaparecido 102 medios de comunicación – por cierre o expropiación-, entre los que figuran 45 diarios, 16 cadenas de televisión, 16 cadenas de radio, 23 emisoras, 15 revistas, 29 editoriales y tres agencias de prensa.
Los periodistas españoles que cubren el país coinciden en que la represión del régimen de Erdogan ya era brutal antes del golpe -el propio delegado de RSF en Turquía, Erol Önderoglu, fue encarcelado el 20 de junio y liberado 10 días después por la presión internacional-, pero sí reconocen que el estado de emergencia y los decretos aprobados por Erdogan posteriores a la intentona golpista han deteriorado aún más la situación.
“Ha empeorado a todos los niveles: social, político, económico y en todo lo relativo a los Derechos Humanos. La represión y el miedo han colapsado a la sociedad turca”, explica Beatriz Yubero. “La presión ya ha llegado a la calle. Las cárceles están saturadas de familias, muchas de ellas inocentes y los islamistas radicales se han crecido, hasta el punto de increparte por tu vestimenta occidental, como me ha sucedido”, añade.
Más miedo y represión tras el golpe de Estado
“El estado de emergencia ha hecho, por ejemplo, casi imposible ir a las zonas kurdas, porque cualquier periodista será bloqueado en un control de carretera. Entre la propaganda ingente de los kurdos y que es imposible verificar si es cierta sobre el terreno, cubrir el conflicto es prácticamente imposible, de tal forma que la región está quedando fuera del foco y transformándose en un agujero informativo, como Siria”, se lamenta Lluís Miquel Hurtado.
El periodista considera, sin embargo, que el golpe de Estado no ha supuesto un cambio sustancial en la deriva represiva de Erdogan contra los medios, cuyo punto de inflexión sitúa en las protestas de Gezi, en 2013. “Desde hace años, el Gobierno ha alimentado con éxito una supuesta conspiración extranjera de los periodistas para destruir el régimen desde fuera. Se ha creado una paranoia colectiva en Turquía de miedo a la prensa. El periodista es el enemigo”, afirma.
Miedo es la palabra que comparten todos los periodistas españoles. No ya el miedo propio, sino el de los ciudadanos turcos a expresarse. Encontrar fuentes que se expresen libremente es tremendamente complicado y granjearse su confianza, “un ejercicio constante de diplomacia e inteligencia”, según Hurtado, que exige grandes esfuerzos al informador. “Yo trabajo con una cámara y la gente tiene auténtico pánico a ser grabada. Y no es para menos, porque la policía utiliza a agentes de paisano que se hacen pasar por periodistas. A mí me han apedreado y cacheado manifestantes, porque creían que era un policía infiltrado”, asegura el reportero.
Presión creciente a la prensa extranjera
El periodista detalla cuáles son las herramientas de las que se vale el régimen de Erdogan para presionar a los periodistas españoles: “Las informaciones que cubrimos son traducidas todos los días por la Embajada turca en España. Cuando lo ven necesario, se quejan ante los medios para los que trabajamos. Esas traducciones también llegan al Gobierno de Ankara que, cuando lo ve oportuno, te envía mensajes matizando el contenido. Yo lo interpreto como una forma de decirte que te tienen controlado. Por otra parte, la policía turca recurre a pinchazos telefónicos y, si estás grabando algún tipo de protesta, te graba descaradamente a ti. Quieren que lo sepas y seas consciente. No te pegan, no te agreden, pero te intimidan para generarte nervios y ansiedad. Yo reconozco haber sufrido la carga de esa tensión”, explica Lluís Miquel Hurtado.
La mayoría de reporteros contactados por RSF reconoce abiertamente que esta presión no puede mantenerse mucho tiempo. Hay miedo y deseos de abandonar el país en muchos casos, por la certeza de que la situación seguirá empeorando. “Ahora ya hay periódicos islamistas que publican fotos de periodistas extranjeros, señalándoles con nombres y apellidos. Claro que la situación va a ir a peor, un día puede haber una desgracia y que alguno de nosotros pueda ser atacado. Aquí solemos decir que la vida del periodista extranjero en Turquía dura entre cuatro y cinco años. Yo mismo claro que me planteo irme, como algunos compañeros. La presión de la policía, la tristeza que noto en las calles… Todo esto sumado a trabajar todo el día bajo la sospecha de que seas un espía o un agente extranjero con intereses espurios acaba agotando”, reconoce Hurtado.
Beatriz Yubero no es más optimista: “La situación de la prensa extranjera se complica cada vez más: desde la denegación de visados, hasta el miedo a que no se respeten los Derechos Humanos más fundamentales, pasando por el amedrentamiento. Los periodistas somos considerados terroristas en Turquía, somos los ojos y la voz de lo que pasa en la calle y el Gobierno quiere silenciarnos. Ya no existe libertad de expresión en Turquía. Ya no existen voces que se opongan a Erdogan. Es tiempo de darnos cuenta que cualquier resquicio democrático en Turquía ha sido aplastado”, sentencia con tristeza.
Según la Clasificación Mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, Turquía ocupa, en 2016, el puesto 151 de los 180 países analizados por la organización.
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