La crisis climática es una de las mayores amenazas para la vida de los seres humanos.
La emergencia climática que se vive en la Tierra provoca masivos desplazamientos de personas afectadas por desastres naturales que, en pocos instantes, pierden todo aquello que les vincula a su entorno y quedan en una situación de dependencia en la que, si no se produce una rápida reacción de los poderes locales, conduce a situaciones aún más dramáticas, ya que a la pérdida de los hogares se pueden sumar hambrunas o epidemias.
Lo más probable es que la mayoría de las personas que lean estas líneas tengan en la retina imágenes de las cadenas de televisión sobre inundaciones provocadas por ciclones, terremotos, y otros fenómenos extremos, que tienen como consecuencia inmediata esos desplazamientos de las familias afectadas. Y no con esa misma inmediatez, pero no menos desoladoras son las imágenes de poblaciones desplazadas por las sequías prolongadas.
Y también se conoce que las respuestas a estas catástrofes derivadas de la emergencia climática no son las mismas si se producen en países desarrollados, donde los gobiernos pueden movilizar con rapidez recursos humanos con el suficiente apoyo material y económico; que si se trata de regiones donde los poderes públicos no tienen capacidad de reacción y la ayuda depende de la solidaridad de otros países o de organizaciones internacionales que actúan bajo el mandato de Naciones Unidas.
En las páginas de este periódico digital hemos publicado múltiples informaciones sobre ACNUR, en las que la Agencia de la ONU para los refugiados llamaba a los Estados a tomar medidas para proteger a millones de personas que se han visto desarraigadas y obligadas a buscar cobijo ante diversos tipos de conflictos y de adversidades climáticas y medioambientales. Pero si algo se sabe es que es más recomendable prevenir que curar, y de ahí que se inste de forma recurrente a los Estados a tomar medidas urgentes para combatir la emergencia climática y mitigar su impacto en las poblaciones, como única forma de evitar millones de desplazamientos que van a precisar de forma inmediata protección y asistencia.
Según datos de ACNUR, en 2022, el 84% de las personas refugiadas y solicitantes de asilo huyeron de países que son muy vulnerables al clima, y solo una mínima parte logró volver a su lugar de origen.
Se trata de un escenario que, de no cumplirse con los objetivos que van tomando en las Cumbres del Clima, es muy probable que se reproduzca con mayor frecuencia, debido a que el cambio climático deteriora las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo en muchos países de origen.
ACNUR cuenta con el Comité Español cuyo mandato es velar por el respeto y la protección internacional de las personas refugiadas, desplazadas y solicitantes de asilo. Por ello, para conseguirlo, ACNUR ha definido estos tres desafíos:
- El primero es reducir el impacto del cambio climático en el medio ambiente con políticas que promuevan la reforestación, el uso de energías renovables y combustibles ecológicos, y el reciclado y cuidado del entorno.
- El segundo es atender a las personas desplazadas climáticas.
- El tercero es socorrer a víctimas de desastres naturales cuando gobiernos conscientes de su precariedad de medios lo solicitan.
Si en una de las zonas más desarrolladas del planeta y con más recursos para reaccionar como es la Unión Europea se advierte con preocupación que a corto plazo los principales efectos de la emergencia climática son menor disponibilidad de agua y menor rendimiento de los cultivos, aumento del riesgo de sequías, pérdida de biodiversidad, incendios forestales y olas de calor, no es difícil concluir que en zonas menos desarrolladas, a esos riesgos, habrá que añadir los desplazamientos de sus poblaciones en busca de refugio.
