Coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos (JJOO) de invierno en Sotchi, el 7 de febrero de 2014, Acción Cristiana contra la Tortura (ACAT-Francia), Amnistia Internacional (AI), la federación Internacional de Ligas de los Derechos Humanos (FIDH), Inter-LGBT y Rusia-Libertades se han movilizado para denunciar lo que los fastos de los JJOO no pueden ocultar: una alarmante situación en materia de derechos humanos en Rusia donde manifestarse, informar o militar se está demostrando cada vez más arriesgado, donde se estigmatiza a las minorías sexuales y donde el racismo y la xenofobia alimentan la violencia.
El pasado 30 de enero de 2014, una delegación de Amnistia Internacional acudió a Moscú para entregar a las autoridades rusas una petición, con más de 336.000 firmas recogidas en todo el mundo, pidiendo que cese el acoso a la sociedad civil.
Represión de las manifestaciones
En 2012, la modificación de la ley que regula las manifestaciones en la calle añadió más restricciones a las acontecimientos públicos, y nuevas sanciones para los organizadores. Ese año detuvieron a cerca de 4.000 personas en las 200 manifestaciones que tuvieron lugar en Moscú, y en la región de la capital.
En 2013, y pese a que el número de manifestaciones fue mucho menor, detuvieron a varios centenares de personas, y la tendencia ha continuado en 2014: el 6 de enero la policía dispersó una concentración pacífica en el centro de Moscú, organizada en solidaridad con los “presos de Bolotnaïa” (*), y detuvo al menos a 28 participantes. Esa misma policía ha dispersado casi a diario pequeñas concentraciones “no autorizadas”, con medios desproporcionados. Ninguna de las denuncias presentadas ha prosperado.
Restricción de la libertad de palabra e información
Una nueva ley, de finales de diciembre de 2013, establece el bloqueo inmediato de las páginas de Internet que incluyan informaciones que la fiscalía considere «extremistas». Al propietario de la página solo se le informará una vez bloqueada, conminándole a suprimir inmediatamente los contenidos censurados.
En noviembre de 2012 se aprobó una ley que obliga a las ONG que reciben subvenciones del extranjero, y se dedican a actividades consideradas «políticas», a registrarse como «agentes extranjeros». En 2013, las autoridades efectuaron más de mil inspecciones en distintas organizaciones humanitarias y más de medio centenar recibieron advertencias oficiales y algunas fueron formalmente denunciadas. Cinco de esas organizaciones fueron condenadas judicialmente al pago de una multa, y al menos tres han dejado de existir.
Discriminaciones en razón de la orientación sexual o la identidad de género
En junio de 2013 se promulgó una ley discriminatoria prohibiendo la “propaganda destinada a los menores en favor de las relaciones sexuales no tradicionales”, en aplicación de la cual han condenado al menos a tres personas a pagar sendas multas. Ese mismo año, un militante LGBT que se manifestó solo contra las discriminaciones en la ciudad de Kazan, fue acusado de «propaganda», diez manifestaciones pacíficas de militantes LGBT sufrieron agresiones violentas homófobas, en una de ellas, un activista perdió un ojo. Cada vez con más frecuencia, la iglesia ortodoxa rusa, muy cercana al poder de Vladimir Putin, hace gala de homofobia activa.
Estas leyes liberticidas –dice AI- ponen en peligro la lucha con las epidemias de VIH/SIDA y Hepatitis C en Rusia: en diez años, el número de seropositivos ha pasado de cien mil a más de 1 millón, de loa que solamente un 25% tiene acceso a tratamientos específicos.
Estigmatización y explotación de los migrantes
La xenofobia y el racismo, en constante aumento en Rusia en parte debido al discurso intolerante y discriminatorio de las autoridades, conducen a la puesta en práctica de auténticos pogroms en diversas regiones del país, y a una explotación, con total impunidad, de miles de migrantes. Anualmente varias decenas de personas mueren en las calles de Rusia, a consecuencia de agresiones racistas.
Torturas
La tortura y los malos tratos está presente en todos los niveles de la cadena penal rusa, desde la detención hasta el cumplimiento de la condena en alguna colonia penitenciaria. A pesar de las esperanzas generadas por las reformas de los últimos tiempos, el fenómeno perdura gracias a la impunidad y la falta de voluntad política para prevenir y reprimir la tortura.
Como resultado de la amnistía del 12 de diciembre de 2013, Día de la Constitución rusa, y de algunos indultos presidenciales, han salido en libertad algunos presos políticos. Esa amnistía ha tenido más efecto en la comunicación externa de un país que quiere a toda costa recuperar el papel preponderante que tuvo durante la guerra fría que en los necesarios cambios de un sistema judicial que no es ni eficaz ni independiente. Las emblemáticas puestas en libertad de las Pussy Riot y Mijail Khodorkovsky se han producido cuando faltaban pocos meses para el final de su condena, mientras que la mayoría de los presos del caso Bolotnaïa siguen entre rejas.
- El 6 de mayo de 2012, decenas de miles de moscovitas desfilaron por el centro de la ciudad con el objetivo de concentrarse en la plaza Bolotnaïa para protestar por la investidura del presidente Putin. La mayoría no consiguieron nunca llegar. Ignorando los acuerdos pactados con los organizadores de la manifestación, la policía bloqueó dos de los tres accesos a la plaza. Inevitablemente, el cordón policial se rompió finalmente, por la presión de la gente, y la policía procedió a dispersar a los manifestantes de manera brutal, lo que duró varias horas, Se produjeron cientos de detenciones, la mayoría quedaron después en libertad sin cargos: a 26 de los detenidos se les acusó de “amotinados”, aplicándoles el artículo 212 del Código penal ruso. Ningún policía fue inculpado de uso excesivo de la fuerza, a pesar de las numerosas denuncias que se presentaron. (Anatomía de una injusticia: el proceso del caso Bolotnaïa, Amnistía Internacional, declaración pública del 10 de diciembre de 2013).
