Tratado sobre comercio de armas de Naciones Unidas

Una iniciativa promovida en Iberoamérica por Costa Rica y Argentina

Comercio de armas contra los derechos humanos. Somalia 2009. Foto: Esglobal.org
Comercio de armas contra los derechos humanos. Somalia 2009. Foto: Esglobal.org

El pasado 2 de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un tratado sobre comercio de armas por 154 votos a favor, 3 en contra (Corea del Norte, Iran y Siria, 21 abstenciones (Angola, Arabia Saudí, Bahrein, Bielorrusia, Bolivia, China, Cuba, Ecuador, Egipto, Fidji, India, Indonesia, Koweit, Laos, Myanmar, Nicaragua, Omán, Qatar, Rusia, Sri Lanka, Sudan, Swazilandia y Yemen). Adicionalmente, numerosos Estados optaron por ausentarse en el momento de voto, a saber: Armenia, Cabo Verde, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Kiribati, Sao Tome y Principe, Sierra Leone, Tajikistán, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam y Zimbabwe. Se trata del primer Tratado sobre Comercio de Armas (más conocido por sus siglas en ingles ATT /Arms Trade Treaty) incluido en la Resolución A/67/L.58), una iniciativa impulsada desde varios años por un grupo de Estados, entre ellos Argentina y Costa Rica.

Una iniciativa colectiva

Además de estos dos Estados de América Latina, los demás Estados coautores de dicha iniciativa son: Australia, Finlandia, Japón, Kenia y el Reino Unido. En diciembre del 2006, en un artículo de opinión, el director ejecutivo de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, organización costarricense que contribuyó a los primeros esbozos de esta iniciativa, indicaba del primer logro alcanzado en octubre del 2006 en las Naciones Unidas al precisar que: “El 26 de octubre, por abrumadora mayoría, la Primera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución número A/C.1/61/L.55, “Hacia un tratado sobre el comercio de armas: Establecimiento de normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales”, propuesta por Costa Rica, Argentina, Australia, Finlandia, Japón, Kenia y Reino Unido”. Posterior a ello, la iniciativa conocería un largo proceso que culminaría con la aprobación del tratado, el cual quedará abierto a la firma (y posterior ratificación) a partir del mes de junio del 2013 por parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Los discursos posteriores al voto permiten dar una idea de algunas posiciones críticas en relación al contenido del texto final que se votó: al ser bloqueada la iniciativa hace unos días, el 29 de marzo del 2013, por Irán, Corea del Norte y Siria, los promotores del texto optaron por someterlo tal cual a la votación en la Asamblea General, para no exponer más su contenido a cambios sustanciales en busca de un consenso. El texto, en efecto, ha ido sufriendo cambios en todos estos años y se consideró que podría pasar en su última redacción por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El pasado 29 de marzo del 2013, ante el bloqueo a la iniciativa por parte de tres Estados, la prensa costarricense refiere que fue la representante del Reino Unido quién anunció que: “Vamos a enviar este texto a la Asamblea General desde el momento en que sea posible, esto no es un fracaso, sino un éxito retrasado”.

Un objetivo difícil de alcanzar

Basta con revisar el detalle de la lista de las cien empresas de armamento mas importantes en el mundo y en particular su nacionalidad (ver listado del SIPRI (Stockholm Institute Peace Research Institute) para 2011) para entender los desafíos que significa una propuesta de regular, ordenar y hacer más transparente el comercio de armas en el mundo. Estados Unidos sigue siendo el primer exportador de armas, seguido por Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, y China, y recientemente España que logró el 7º lugar. En una nota del mes del marzo del 2013, el SIPRI anunció que China desplazó a Reino Unido al entrar entre los cinco mayores exportadores de armas. “El desplazamiento del Reino Unido por parte de China es el primer cambio en 20 años en la composición de los cinco principales exportadores” precisa el comunicado de marzo pasado del SIPRI. Los cinco primeros Estados de esta lista controlan alrededor del 75 por ciento de las ventas mundiales. En América Latina, los datos SIPRI arrojaban que Chile era el primer comprador de armas en el 2011 (nota del 2011), ratificando la posición de este Estado entre el 2006 y el 2010 (ver nota del SIPRI sobre Chile). Para el año 2012, indica este mismo organismo que: “Chile y Ecuador sobresalen como países con tasas más altas de gasto militar sobre gasto social que el promedio regional” (ver resumen de informe SIPRI 2012). Una consulta a la base de datos del SIPRI sobre gasto militar para México indica un aumento en el gasto militar de 3.887 millones de US$ (2001) a 5.723 millones de US$ para el 2011. Este último monto es menor al gasto militar de Colombia del 2001 (6,291 millones de US$) el cual ha aumentado a 10.290 millones de US$ para el 2011 según las cifras SIPRI.

En relación al contenido del acuerdo alcanzado, Costa Rica posiblemente no haya siempre podido imponer sus puntos de vistas en el mismo seno de Estados proponentes del proyecto, al tener que negociar los términos de esta iniciativa multilateral con un Estado como Reino Unido, co-autor del texto aprobado. Este tratado sobre el comercio de armas entrará en vigor tres meses después de obtener la ratificación número 50.

El texto del tratado (versión provisional con corchetes en español con fecha del 22 de marzo del 2013) está disponible aquí y debe ser comparado con el primer borrador de mayo del 2012 presentado en las Naciones Unidas, el documento A/Conf.217/CRP.1 (ver texto). En su momento, los directores del SIPRI habían advertido que: “The ATT initiative was born of a desire to protect millions of innocent people from the devastating effects of weapons smuggled, traded and misused in violent conflicts around the world by regulating the arms trade. The current talks are an important opportunity to establish an international instrument that can do just that. However, to respond to the realities of the international arms trade—both today and tomorrow—greater clarity on an obligation to prevent diversion, an anti-circumvention clause, and a mandatory review mechanism must be incorporated into the final text” (ver texto en inglés sobre la iniciativa de un tratado sobre comercio de armas en discusión). Por su parte Amnistia Internacional en varios informes había reafirmado la necesidad de incorporar un mecanismo estricto de supervisión en relación al cumplimiento de los objetivos del tratado, que fuera más allá de la presentación de informes regulares de los Estados (ver informes de Amnistía Internacional). El delegado de Argentina a las negociaciones de julio del 2012 (en las cuales, el embajador Roberto García Moritán fue elegido Presidente de la Conferencia de julio del 2012) había igualmente indicado que “Argentina aspira a alcanzar un instrumento jurídicamente vinculante que incluya estándares de control exigentes al evaluar transferencias de armas convencionales y que sea abierto, transparente e inclusivo” (alocución del Ministro Mateo Estrémé del 9 de julio del 2012). Por su parte en la reunión del mes de marzo del 2013 (en la que el Embajador Meter Woolcott de Australia fue elegido Presidente de la Conferencia de marzo del 2013), Costa Rica había señalado que “debemos incluir las municiones, partes y componentes en el alcance del Tratado y desarrollar fuertes mecanismos para su regulación” (alocución de Ministro de Relaciones Exteriores Enrique Castillo del 18 de marzo del 2013). Por su parte, el embajador de España Carlos Sánchez de Boao en la última intervención de España indicaba que: “Por otro lado los países productores de armamento deben hacerse la pregunta de si son conscientes de las trágicas consecuencias que acarrean todo lo que se produce. Han de ser conscientes de que una política endeble en el control de las exportaciones puede ser la causa de ese sufrimiento al que nos referimos” (ver texto de su alocución del 26 de marzo del 2013).

No obstante, superada la situación de bloqueo que se vivió el 29 de marzo en Naciones Unidas, y pese al regocijo de unos y otros en la tarde del 2 de abril del 2013, el hecho que el texto adoptado únicamente encontrara la oposición frontal de Corea del Norte, Irán y Siria es una llamativa señal en relación al tipo de obligaciones internacionales que establece para los demás Estados, y más particularmente para los mayores productores de armas en el mundo, encabezados por precisamente por los Estados Unidos. Estos últimos en julio del 2012 habían inclusive “hundido las negociaciones” aduciendo necesitar más tiempo y además las traducciones en los demás idiomas oficiales de las Naciones Unidas: estas inauditas exigencias (posiblemente motivadas por cálculos políticos del presidente Obama en plena campaña electoral), provocaron la ira de varias delegaciones así como la decepción de muchas ONG.

La tradición pacifista de Costa Rica y el comercio de armas bélicas

La participación de Costa Rica en esta iniciativa internacional refuerza sin dudas su reconocida vocación pacifista asentada desde varias décadas ante la comunidad internacional desde la abolición del ejército en 1948. No obstante, esta tradición ha sufrido serios deslices con algunas decisiones políticas recientes, como por ejemplo la decisión de participar a la Coalición contra Iraq en el año 2003 y varios decretos ejecutivos aprobados en los últimos años por el Poder Ejecutivo. Estas y otras acciones han encontrado no obstante una contundente respuesta por parte del juez constitucional de Costa Rica:

2003: La decisión de participar a la Coalición liderada por Estados Unidos contra Iraq fue impugnada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, logrando un histórico voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (véase voto 2004-09992) al consagrar esta la paz como valor constitucional en Costa Rica y al expresar que “bajo este claro marco normativo, no existe pues disenso alguno ni entre las partes ni con este órgano contralor de constitucionalidad, respecto a la existencia y capacidad del concepto de la paz para erigirse como parámetro constitucional vigente y válido para confrontar y juzgar lo actuado por las autoridades públicas y, en concreto en este caso, por el Poder Ejecutivo”.

2006: Ese año, ante una invitación a participar a un acto oficial en España objeto de un recurso, la Sala Constitucional “ordena al Presidente de la República y al Ministro de Seguridad Pública abstenerse de enviar delegaciones a actividades militares que den a entender, en contra del Derecho de la Constitución, que Costa Rica posee un ejercito. Se le ordena al Gobierno de la República efectuar las gestiones diplomáticas necesarias para modificar la página oficial de la Casa Real Española, en lo que respecta a la información atinente a Costa Rica” (ver texto del voto 2006-15245). En dicha sentencia se lee que “Aprecia este Tribunal Constitucional, por las razones apuntadas que la participación de nuestro país en la actividad referida, colisiona frontal y evidentemente con la tradición civilista del pueblo costarricense, por su vocación y carácter pacifistas y, desde luego, con el valor constitucional “paz””.

2008: De la misma manera, el Decreto Ejecutivo N° 33240-S del 2008, incluía un Anexo 1° relativo a “1200 Extracción de Minerales de Uranio y Torio”,“2330 Elaboración de combustible nuclear”, “2813 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua para calefacción central”: este Decreto fue objeto de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional resuelto en el año 2008 (ver texto del voto 2008-14193), la cual fue enfática al indicar que: “La Sala no puede menos que estimar que la inclusión en un catálogo de actividades permitidas -y sobre las que, al fin y al cabo, se confiere competencia al Ministerio de Salud para autorizar a particulares a desarrollarlas- de la combinación de temas que se expone en la presente acción de inconstitucionalidad (extracción de uranio y torio; elaboración de combustible nuclear y fabricación de reactores nucleares) resulta contraria al valor de la paz por sus posibles vínculos con la actividad bélica, así como al derecho al medio ambiente sano, en la medida en que sus consecuencias perjudiciales en el campo ecológico y de la salud humana y, por ende, es inconstitucional su previsión en un catálogo de posibles actividades a autorizar por una instancia pública” (ibidem).

2012: En agosto del 2012, la Sala Primera ratificó de forma unánime una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo anulando un “Decreto de Armas” aprobado por el Poder Ejecutivo en el 2008 que pretendía autorizar el uso de armas de grueso calibre y armas bélicas para funciones regulares policiales. Un recurso en septiembre del 2012 contra el envío de policías de Costa Rica a la Escuela de las Américas fue acogido para estudio por la Sala IV.

Conclusión

No cabe duda que desde el punto de vista internacional, el texto logrado en Nueva York conforta la imagen pacifista de Costa Rica (celebrada por sus autoridades apenas conocido el resultado de la votación). No obstante, en el plano nacional, son muchos los cuestionamientos ante los intentos de alterarla (y que se han ido acrecentado con las últimas administraciones): recordemos que a finales del año 2011, activistas de derechos humanos y pacifistas solicitaron a la Presidenta de Costa Rica reflexionar sobre la posibilidad de que los Carabineros de Chile asesoren a policías de Costa Rica en temas de inteligencia. De igual manera, podemos referir a una información hecha pública en enero del 2011 ante medios internacionales en La Haya durante las audiencias orales públicas celebradas (en relación a la ocupación ilegal del territorio de Costa Rica por parte de Nicaragua) indicando que el entonces canciller de Costa Rica René Castro afirmó en La Haya la necesidad de revisar la tradición pacifista de Costa Rica. Esta semana en la que las autoridades de Costa Rica celebran el logro alcanzado por su aparato diplomático en Naciones Unidas coincide, por lo demás con una edición de Semanario Universidad que incluye una nota sobre la visita de pacifistas norteamericanos exigiendo a las autoridades de Costa Rica suspender el envío de policías a la Escuela de las Américas, de manera a ser consistente con la tradición pacifista y el discurso de país desmilitarizado de Costa Rica en el plano internacional.

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