La Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó la adopción de un código de conducta para las corporaciones transnacionales en los años 70 pero la idea nunca llegó a despegar debido a la oposición vigorosa del poderoso sector privado y los países industrializados. Ahora, la historia vuelve a repetirse, informa Thalif Deen (IPS).
La redacción de un tratado internacional que responsabilice a las compañías transnacionales por sus violaciones a los derechos humanos cobró impulso en el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas en Ginebra, que concluye este viernes 27.
Pero la propuesta generó la misma reacción política de los años 70, con una fuerte oposición de los intereses comerciales y los países industrializados, esta vez específicamente de los 28 estados miembros de la Unión Europea (UE).
Jens Martens, director de Global Policy Forum Europa, una organización independiente que monitorea la labor de la ONU, dijo a IPS que existe un acalorado debate en el Consejo de Derechos Humanos sobre la creación de un grupo de trabajo intergubernamental que negocie el instrumento jurídicamente vinculante propuesto en torno a las compañías transnacionales: «Por lo tanto, la discusión actual no se trata de la sustancia del código de conducta o tratado, sino del proceso», agregó.
La actual sesión del Consejo de Derechos Humanos presentó dos proyectos de resolución en Ginebra. Uno lo auspician Ecuador y Sudáfrica y pide al órgano que defina un grupo de trabajo intergubernamental. Este proyecto tiene el respaldo de Grupo de los 77 (G77) países en desarrollo y de una coalición de más de 500 organizaciones no gubernamentales (ONG).
Un segundo proyecto de resolución, patrocinado por Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, apoya al actual grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y pide la extensión de su mandato por tres años más. El mismo tiene el respaldo de Estados Unidos, la UE y otros.
Martens, coautor del reciente estudio «La influencia corporativa en la agenda empresarial y de derechos humanos de la ONU», dijo que «los actores empresariales tuvieron un éxito absoluto con la implementación de estrategias de relaciones públicas que contribuyeron a presentar a las empresas comerciales como buenas ciudadanas corporativas».
También dieron la impresión de «buscar el diálogo con los gobiernos, la ONU y las partes interesadas…, capaces de implementar normas ambientales, sociales y de derechos humanos a través de iniciativas voluntarias de responsabilidad social empresarial», añadió.
Martens expresó que el Pacto Global y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos son los principales ejemplos de un enfoque supuestamente pragmático basado en el consenso, el diálogo y la colaboración con el sector privado, en contraste con la estrategia regulatoria.
Alberto Villarreal, activista de la organización ecologista Amigos de la Tierra Uruguay, dijo a IPS que, al reconocer al activismo ambiental en todas sus expresiones como una legítima defensa de los derechos humanos «podemos contribuir con la lucha de los defensores de los derechos ambientales y mantenerlos a salvo»
Global Exchange, una ONG de derechos humanos con sede en Londres, sacó una lista de las «10 principales empresas criminales», acusándolas de complicidad con violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente.
La lista incluye a Shell/Royal Dutch Petroleum, Nike, Blackwater International, Syngenta, Barrick Gold y Nestlé, a quienes acusa de condiciones de trabajo inhabitables para los obreros de sus fábricas, ausencia de derechos sindicales, contaminación, trabajo infantil, vertidos tóxicos, prácticas laborales desleales, discriminación y destrucción de tierras indígenas para la exploración minera y petrolera.
Anne van Schaik, activista de Amigos de la Tierra Europa, dijo que muchos países apoyan la propuesta de un tratado vinculante, pero que la UE advirtió que se negará a analizarlo si llega a adoptarse: «Por lo tanto, la UE le hace un boicot al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y defiende los intereses de las empresas en lugar de los derechos humanos», afirmó.
«No estamos seguros si este problema se resolverá el viernes», respondió Schaik cuando IPS le preguntó si la sesión actual del Consejo de Derechos Humanos tomaría una decisión al respecto.
La «estrategia sumamente obstruccionista» de la UE significa que, si se adopta la resolución, no participará en el proceso intergubernamental de la creación del tratado y «socavará de manera efectiva el proceso democrático de toma de decisiones» en la ONU, agregó.
Schaik dijo que la resolución de Noruega señala que debería discutirse el tema del acceso a los recursos, judiciales y no judiciales, para las víctimas de abusos a los derechos humanos derivados de la actividad empresarial en la agenda del Foro de Empresas y Derechos Humanos.
En la práctica esto significa que en la sesión de esta semana habrá una discusión, pero no habrá consecuencias ni planes de seguimiento, añadió.
Ecuador propone «establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales… con respecto a los derechos humanos», explicó Schaik.
Esto significa que habrá un nuevo instrumento que indicará obligaciones para transnacionales, lo cual es mucho más trascendente que una discusión en un foro de la ONU, aseguró.
El estudio sobre el tratado de derechos humanos que escribió Martens se centra específicamente en las respuestas de las compañías transnacionales y de sus grupos de interés frente a las diversas iniciativas de la ONU, y especifica los actores clave y sus objetivos. También pone de relieve la interacción entre las demandas privadas y la evolución de los debates reglamentarios en el foro mundial.
El estudio brinda un indicio del grado de influencia que tienen las corporaciones y su capacidad, en colaboración con poderosos estados miembros de la ONU, para la adopción de normas internacionales vinculantes con respecto a las empresas transnacionales.
Mientras, Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede central en París, instó al Consejo de Derechos Humanos a que promueva la adopción de normas claras y vinculantes sobre la vigilancia y la censura en Internet.
«Las empresas venden tecnología a regímenes autoritarios que les permite llevar a cabo vigilancia a gran escala de su población en Internet», sostuvo la organización en un comunicado.
Esta tecnología es utilizada en Libia, Egipto, Marruecos y Etiopía para arrestar, encarcelar y torturar a los disidentes, y las compañías que proporcionan esta tecnología no pueden afirmar que ignoren la situación, agrega RSF.
