Elecciones a jueces en la OEA: un breve análisis

El pasado 16 de junio se procedió a la votación para designar a cuatro jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunida en Washington esa semana. 

El mandato de un juez en la Corte Interamericana es de seis años, prorrogable una vez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica), cuenta con siete integrantes. Como bien se sabe, el Artículo 7 del  Estatuto de la Corte precisa que «Los jueces son elegidos por los Estados partes en la Convención, en la Asamblea General de la OEA, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados«.

Publicidad y discreción de respaldos a una candidatura

Medios de prensa anunciaron en días recientes que, según las autoridades de Costa Rica, la jurista Elizabeth Odio Benito (ver  hoja de vida  publicada por la OEA) sería electa, basándose en una gran cantidad de Estados que, por escrito, indicaron que sí votarían a su favor. Un medio de prensa indicó (ver  nota de CRHoy) que: «el canciller Manuel González dijo que a la exvicepresidenta le han dado su respaldo el gobierno nacional y nueve países más: Brasil, Uruguay, Chile, México, Panamá, Guatemala, Ecuador, Honduras y República Dominicana«. En otra nota de prensa se indicó que la candidatura contaba con el respaldo de 13 votos (ver  nota de ADN radio), un voto menos que el de la cifra «mágica» para este tipo de ejercicios, según el actual canciller de Costa Rica, de 14 votos (ver nota de La Nación).

Independientemente de lo que se considere mágico o no, sorprende el hecho que se haya hecho público por parte de las autoridades de Costa Rica la lista detallada de los Estados que mostraron su respaldo a su candidata, ya que esta información se maneja con cierta discreción en aras de evitar exponer a los Estados mencionados: en algunos casos, esta publicidad (a nuestro modesto juicio indebida) puede incluso ser contraproducente, tal y como ocurrió con el intento de postular al excanciller de Costa Rica Bernd Niehaus a la Secretaría General de la OEA en 1994 (ver nota de El Tiempo de enero de 1994 y nota de El Tiempo sobre resultado de la elección a favor de Cesar Gaviria, candidato de Cololmbia): tanto en el caso de la elección de jueces, comisionados o del Secretario General en el seno de la OEA, las reglas establecen que se trata de una votación secreta.

Esta discreción se relaciona directamente con el intercambio de apoyos a los que frecuentemente recurren los departamentos de candidaturas de las direcciones de asuntos multilaterales de cada uno de los ministerios de relaciones exteriores. Cabe precisar que a menudo este tipo de candidaturas son negociadas por los Estados a cambio de un apoyo por otra candidatura en una organización internacional. Estos intercambios de favores responden a criterios de oportunidad como parte de una negociación política y debieran únicamente limitarse a intercambios de candidaturas. En el 2004, Costa Rica decidió retirar la solicitud de apoyo hecha a Nicaragua a la candidatura de su Ex Presidente, Miguel Angel Rodríguez, al puesto de Secretario General de la OEA, al pedir Nicaragua a cambio una modificación a las reglas imperantes en Costa Rica en materia migratoria (ver  nota  de prensa de La Nación). En octubre del 2014, las máximas autoridades de Costa Rica debieron explicar las razones por las que Costa Rica votó a favor de Venezuela para una vacante en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ver  nota  de CRHoy). Los criterios de oportunidad política son los que explican que se retiren candidaturas: recientemente, Costa Rica anunció que retiraba la candidatura de su actual Ministra de Justicia para favorecer la candidatura de un nacional de Guatemala (ver  nota  de CRHOy). En el 2014, la candidatura de la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica debió ceder ante la ofensiva diplomática a favor del candidato propuesto por Brasil para el puesto de Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Derechos humanos e idoneidad de candidatos

Con relación a la idoneidad de los candidatos propuestos, cada Estado decide, con base en consideraciones propias, a cuál nacional postulará. Estas consideraciones se extienden también en materia de postulaciones a puestos en materia de derechos humanos, pese a reclamos de parte de organismos de la sociedad civil en algunos Estados. En el caso de la elección de jueces y comisionados a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, una ONG especializada en el litigio ante el sistema interamericano presentó en el 2005 un informe titulado «Aportes para el proceso de selección de miembros de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos» (ver informe de CEJIL, disponible  aquí ). Para estas elecciones del 2015, un panel internacional auspiciado por la Open Society entrevistó a cada uno de los candidatos propuestos, tanto para la Corte como para la Comisión, y analizó su trayectoria, experiencia y sus respuestas con base en los parámetros establecidos en la normativa interamericana aplicable. Este panel de expertos compuesto por Marion Bethel (Bahamas), Belisário dos Santos Jr. (Brasil), Cecilia Medina Quiroga (Chile), Juan Méndez (Argentina), y Naomi Roht-Arriaza (Estados Unidos) publicó su informe final el 2 de junio del 2015 (documento disponible  aquí en su versión integral).

La elección de jueces a la Corte Interamericana

En el caso particular de la elección de jueces del sistema interamericano de derechos humanos, es necesario precisar que bien la OEA cuenta con 34 Estados miembros, únicamente participan en la votación para escoger a jueces los 23 Estados que son Estados Partes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, más conocida como Pacto de San José): por ejemplo Canadá, Estados Unidos, y, desde el 2012, Venezuela, así como Trinidad y Tobago (desde 1998) no participan a esta elección (ver  nota sobre denuncia del Pacto de San José por parte de Venezuela). El estado actual de firmas y ratificaciones, reservas y denuncias a la CADH está disponible en este  enlace oficial  de la OEA. La última vez que Costa Rica postuló a un candidato como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue en el año 2003, con la elección en junio del 2003 de Manuel Ventura Robles, obteniendo en aquella ocasión 20 votos a favor (ver  nota  de La Nación): el juez Manuel Ventura fue reelecto en el 2009. Anterior a ello, fungió como jueza postulada por Costa Rica Sonia Picado Sotela (1991-1994) y anterior a ella, el primer costarricense en integrar este tribunal (y el primer Presidente del mismo), el jurista Rodolfo Piza Escalante (1979-1981). Notemos que el norteamericano Thomas Buergenthal fue propuesto por Costa Rica como candidato y electo en 1983 juez de la Corte Interamericana (ver artículo de Thomas Buergenthal al respecto, disponible aquí, en especial pág. 12).

La candidatura de Elizabeth Odio Benito

Durante la reunión de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC) celebrada en enero del 2015 en Costa Rica, se leyó que Costa Rica «cabildeó» cuatro votos más para garantizar la elección de su candidatura (ver  nota  de La Nación). Recordemos que el 13 de noviembre del 2014 fue cuando Costa Rica formalizó oficialmente la candidatura de Elizabeth Odio Benito, quién fungió como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) entre el 2003 y el 2012 (ver  nota  de La Nación): en aquella ocasión, fue propuesta para integrar la CPI por Panamá, al negarse el entonces Presidente de Costa Rica Abel Pacheco (2002-2006) el proponerla en nombre de Costa Rica. Sobre este inusual episodio leemos por parte del excanciller de Costa Rica Bruno Stagno (2006-2010) que la Misión de Costa Rica ante Naciones Unidas no fue del todo ajena a dicha elección: «El 3 de febrero 2003, Odio Benito fue electa por la AEP para integrar la primera bancada de jueces de la CPI. Por razones estrictamente personales, Odio Benito no había contado con el apoyo oficial de Costa Rica, aunque oficiosamente la Misión Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas tuvo un papel central en la promoción de una candidatura formalmente presentada por Panamá el 25 de octubre 2002. Dado que las intrigas internas que rodearon dicha candidatura no tuvieron relación alguna con la integridad del Estatuto de Roma, basta con resaltar que a partir de la juramentación de los jueces el 11 de marzo 2003, Costa Rica tendría presencia en uno de los tres órganos principales de la CPI. La confusa y esquizofrénica posición de la administración Pacheco de la Espriella en torno a dicha candidatura fue sin embargo premonitora de la actitud que asumiría frente al tema de la defensa del Estatuto de Roma» (ver artículo publicado en el 2012, titulado «Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008«, texto disponible  aquí): en aquella oportunidad, de 80 posibles votos, la candidatura de Elizabeth Odio reunió a 60 (ver nota  de La Nación del año 2003).

Los resultados obtenidos por la diplomacia costarricense

La candidatura propuesta por Costa Rica para llenar una vacante en el seno de la Corte Interamericana se midió a las candidaturas presentadas por parte de Argentina (Eugenio Raúl Zaffaroni), de Ecuador (Patricio Pazmiño Freire), de Chile (reelección solicitada del juez Eduardo Vio Grossi) y del Uruguay (reelección solicitada del juez Alberto Pérez Pérez). Como es costumbre en la OEA, el apoyo de los Estados del Caribe angloparlante es indispensable y se torna en algunas ocasiones decisivo para lograr ser electo a un puesto en el seno de esta organización internacional. Es de notar que, además de las otras candidaturas ante citadas, Costa Rica se presentó a esta Asamblea General con una situación un tanto incómoda: lleva ya dos años sin cumplir una sentencia firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada a la técnica de Fecundación in Vitro (FIV) (ver nota  sobre decisión de diciembre del 2012 de la CorteIDH).

Pese a estos escollos, en la tarde de este 16 de junio se dieron a conocer los resultados de la votación secreta realizada durante la Asamblea General de la OEA: el candidato de Ecuador logró 22 votos, la candidata de Costa Rica 20 votos, el candidato de Argentina 18 votos. Con 20 votos el actual juez chileno fue reelecto, quedando fuera de la contienda el candidato del Uruguay, con tan solo 9 votos.

En otra votación realizada el mismo 16 de junio, en la que participaron todos los Estados Miembros de la OEA, se escogieron a los nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el artículo 1 del Reglamento  de la Comisión, «La Comisión se compone de siete miembros, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización, quienes deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos«. Los candidatos propuestos por sus respectivos Estados que fueron electos son: Enrique Gil Botero (Colombia) con 26 votos, Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá) con 25 votos, Margarette May Macaulay (Jamaica) con 25 votos y Francisco Eguiguren Praeli (Perú) con 26 votos. Los candidatos Douglas Mendes (Trinidad y Tobago) y Sandra Soriano Bascopé (Bolivia) no lograron reunir los votos suficientes para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al reunir el primero 14 votos y la segunda 17 votos.

Conclusión

Con la elección de la jurista Elizabeth Odio Benito, con una vasta experiencia internacional, recientemente galardonada con el premio Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR) a sugerencia de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) de esta misma casa de estudios, Costa Rica revalida ante América Latina y ante el resto del mundo una sólida trayectoria iniciada con la designación de Rodolfo Piza Escalante en 1979 como juez costarricense en esta jurisdicción regional. Este apego y confianza en el derecho internacional y en la justicia internacional encuentran raíces más profundas, al haber sido Costa Rica el Estado que albergó el primer tribunal internacional permanente en la historia, la Corte de Justicia Centroamericana (1907-1917). No obstante, esta designación también implica para Costa Rica redoblar esfuerzos para cumplir con las obligaciones internacionales que derivan de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Un desafío impostergable ante el rezago acumulado desde muchos años y que evidencian las repetidas audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que Costa Rica compareció en los últimos años, o las recurrentes visitas in situ de expertos y relatores independientes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.