América Latina es especialmente susceptible de sufrir delitos contra la naturaleza debido a su rica biodiversidad y a la abundancia de recursos minerales, informa Lucía Cuberos (IPS) desde Montevideo.
La región está empezando a dar pasos importantes para desarticular las redes delictivas transnacionales asociadas, y gobiernos han comenzado a elaborar leyes que permiten aplicar sanciones económicas más duras, e incluso establecen responsabilidades penales para los infractores.
Los delitos ambientales son la cuarta actividad delictiva más lucrativa del mundo. La deforestación ilegal, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres entre sus formas más habituales, se han convertido en un enorme motor financiero, que en 2018 se estimaba que generaba más de doscientos mil millones de dólares en ingresos ilícitos anuales a nivel global, según datos de Interpol.
Países como Francia y Bélgica han dado grandes pasos en la creación de marcos jurídicos para frenar estos delitos contra el medioambiente de bajo riesgo y altas ganancias, mientras que el año pasado se puso en marcha la Alianza Mundial contra los Delitos contra la Naturaleza.
Progresos en justicia ambiental en América Latina
En los últimos años, varios países latinoamericanos han puesto en marcha una serie de leyes y políticas medioambientales sólidas.
Venezuela y Brasil, por ejemplo, tienen normativas específicas, mientras que Bolivia otorgó derechos legales a la naturaleza en 2010. Ecuador fue pionero en 2008 al reconocer los derechos constitucionales del medioambiente y luego agregar delitos ambientales específicos a su Código Penal en 2020.
Además, cerca de la mitad de los países de la región han creado unidades ambientales especializadas para mejorar la aplicación de las normativas en el sector.
A pesar de ello, la mayoría de los países latinoamericanos todavía enfrenta dificultades para hacer cumplir sus leyes y políticas ambientales, afectadas por los altos niveles de corrupción, señala un informe elaborado por el Michelsen Institute for Science and Intellectual Freedom (CMI).
Según explica el documento, en países como Bolivia, México y Honduras, por ejemplo, los sobornos a la policía por parte de traficantes ilegales de madera son frecuentes. Pero la corrupción, a su vez, también puede dar lugar a la aplicación «selectiva o sesgada» de las leyes ambientales -como centrarse en los pequeños infractores en lugar de los más poderosos-, o permitir la interferencia política o supresión del trabajo judicial o policial ante una investigación de este tipo.
Ante la ausencia de una aplicación efectiva de la ley, los países latinoamericanos están intentando cambiar y reforzar la protección del medioambiente y el marco jurídico que la acompaña.
Uruguay es un ejemplo en ese sentido. En el país no existe la figura del delito ambiental dentro del Código Penal, razón por la que las sanciones ante conductas ilícitas implican multas o mecanismos administrativos, como el cierre de empresas.
Por eso, tras años de discusión, en 2023 su Senado aprobó un proyecto de ley que incorpora los delitos contra el ambiente en el Código Penal.
El proyecto, cuya aprobación está pendiente en la Cámara de Diputados, penaliza la contaminación del aire, el agua y el suelo, la contaminación por residuos tóxicos y los delitos contra la biodiversidad y la gestión medioambiental con penas de entre tres meses y doce años de prisión.
Para el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, la ley será un antes y un después en la defensa del ambiente. «En los últimos tiempos la gente nos reclama la figura del delito ambiental, porque tiene que ser una medida disuasoria o incluso punitiva, en el caso de que las cuestiones sean muy graves como algunas que han pasado», dijo.
Chile es otro país que se ha propuesto actualizar su marco normativo de cara al aumento de los delitos ambientales y ha logrado importantes avances.
Es así que con el fin de brindar una respuesta suficiente a los reclamos sociales y políticos, el gobierno aprobó a mediados de 2023 una reforma de su Código Penal que contempla por primera vez el delito medioambiental.
También amplía el ámbito de la responsabilidad penal para incluir, por ejemplo, a las empresas estatales, y ha tipificado como delito penal a elementos del ecocidio, es decir, cualquier tipo de actividad que cause a sabiendas un daño medioambiental significativo.
Ezio Costa, director ejecutivo de Fima, una oenegé que trabaja para brindar acceso a la justicia ambiental en Chile, indicó que actualmente «existe una preocupación» por la nueva ley de parte de las empresas por las severas multas a las que podrían enfrentarse. Esto se debe a la necesidad de contar a partir de ahora con un sistema de cumplimiento ambiental «que sea más efectivo», añadió.
Y si bien celebró la reciente iniciativa, Costa reconoció que la posible persecución de un delito ambiental «sigue siendo algo difícil» por varias razones: requiere de la formación de los fiscales que estarán a cargo de estos delitos; la presentación de pruebas «es siempre muy compleja en materia ambiental».
Además, el nivel de exigencia probatoria en los juicios penales es mucho más exigente, ya que las multas del Código Penal chileno suelen ser más severas que las de las sanciones.
Colombia también ha buscado generar un cambio en su normativa ambiental, al aprobar una Ley de Delitos Ambientales en 2021. Además de tipificar la deforestación, crea otros cinco delitos ambientales -entre ellos el tráfico de fauna silvestre, la apropiación ilegal de baldíos y la financiación de estas actividades- y aplica sanciones penales más estrictas.
En 2008, Perú puso en marcha una ley que modifica su Código Penal y sanciona con penas de hasta diez años de prisión los delitos contra el ambiente y los recursos naturales.
Debates similares se están llevando a cabo también en México –que discute actualmente la elaboración del primer Protocolo sobre Justicia Ambiental– y Brasil, donde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende revertir la crítica situación de la Amazonía a través de nuevas políticas ambientales como el PPCDAm, un plan de acción para contrarrestar la deforestación con competencias que incluyen firmes medidas coercitivas.
A nivel regional, los gobiernos amazónicos -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela- han destacado en diferentes cumbres internacionales la necesidad de contar con una mayor regulación de los delitos ambientales.
La región amazónica se ve afectada por un sin fin de actividades ilícitas por parte de organizaciones delictivas transnacionales que destruyen la selva debido al narcotráfico, la tala ilegal, la minería y la ganadería ilegales.
Según un informe de 2023, los grupos delictivos actúan en el setenta por ciento de los municipios de las zonas fronterizas de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
¿La excepción?
Argentina es uno de los países de América Latina que se encuentra más rezagado en materia de normativa ambiental. No cuenta con legislación específica sobre los delitos ambientales en el ámbito penal ni tribunales que los juzguen.
Esto es especialmente relevante por los altos niveles de deforestación de Argentina. En 2023 se deforestaron 126.000 hectáreas de tierra (aproximadamente 176.470 campos de fútbol) en el norte del país, que es la zona más afectada a nivel nacional según un informe de Greenpeace.
El Código Penal argentino, sancionado en 1921, no hace referencia directa al medioambiente. El código sólo castiga la degradación de la naturaleza a través del derecho de propiedad. Por ejemplo, si una persona provoca un incendio forestal que daña la propiedad o causa muertes, puede recibir hasta diez años de prisión. No hay nada en la legislación argentina que aborde el daño a los ecosistemas.
Para Facundo Ríos, abogado y profesor de derecho de los recursos naturales y protección del medioambiente de la Universidad de Buenos Aires, tanto en su país como en el resto del mundo todavía no hay «una mirada holística» del tema ambiental.
«Argentina es un país con mucha retórica y con poca acción. Hay muy buenos proyectos de ley, varios en discusión en el Congreso, pero hay poco consenso político para que avancen», explicó.
Desafíos a futuro
Año tras año, los delitos medioambientales en América Latina -en particular la deforestación ilegal- representan un grave problema.
Como se cita en el estudio del CMI, en 2017 se estimó que entre el cincuenta y el noventa por ciento de la madera exportada desde América Latina era de origen ilegal. Además, un informe de 2020 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional estableció vínculos entre la deforestación ilegal en México y grupos internacionales de narcotraficantes.
Debido a la rica biodiversidad de la región, los delitos contra la fauna y la flora silvestres -captura, comercio, contrabando, caza furtiva o recolección ilegal de especies amenazadas- son otro problema importante. Costa Rica, por ejemplo, registró cerca de 354 animales confiscados en los primeros seis meses de 2019.
Ese mismo año, veinte países latinoamericanos adoptaron la Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre y se comprometieron a adoptar medidas destinadas a frenar los delitos contra la fauna y la flora.
El vertido y transporte ilegal de residuos peligrosos también afecta a esta parte del mundo: el informe del CMI describe a América Latina como destino de los residuos tóxicos de los países desarrollados. En cuanto a la minería ilegal, la Amazonía se considera un punto caliente: hasta 2020 se habían documentado más de dos mil yacimientos en seis países amazónicos.
El informe del CMI advierte un «fuerte vínculo» entre la minería ilegal y los grupos de delincuencia organizada en América Latina.
Aunque la nueva normativa medioambiental es una buena noticia, la magnitud de los problemas que debe abordar sugiere que la región se enfrentará a muchos retos a la hora de aplicar los nuevos marcos jurídicos.
La promulgación y aplicación de estas leyes exigirá, por ejemplo, garantizar una financiación adecuada y enfrentar la resistencia del mundo empresarial.
Al respecto, Costa afirmó que, frente al avance legislativo de Chile en la materia, ha existido «un cierto resquemor» por parte de algunas actividades económicas por lo que esto podría significar para sus actividades.
Lo mismo ocurrió en Uruguay, sostuvo el abogado Marcelo Cousillas, director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente uruguayo, quien sin embargo consideró que mejorar la normativa ambiental pone a un país en una situación privilegiada. «Las exportaciones y los inversores buscan lugares que también ofrezcan garantías ambientales», sostuvo.
