La última medición en materia de desempeño ambiental (indicador EPI, desarrollado por las Universidades de Yale y de Columbia) arroja un preocupante descenso en 2 años de Costa Rica del puesto 5 (2011) al lugar 54 (2013).
Una clara evidencia que demuestra que las advertencias de académicos, entidades de la sociedad civil y demás entes hechas hace ya varios años siguen siendo completamente desoídas; y una indiscutible señal del deterioro que vive el país en materia ambiental, ahora expuesta a nivel internacional.
Según el último informe elaborado por la Yale University sobre desempeño en materia ambiental (conocido como el indicador internacional ambiental EPI) Costa Rica se ubica en el puesto 54. La metodología usada para obtener el EPI recurre a diversas variables y ha demostrado desde sus inicios haber hecho sus pruebas a nivel mundial, con algunos ajustes y cambios en el 2008 por parte de sus promotores: hoy, por ejemplo, el EPI es usado por el Foro Económico Mundial como una referencia para evaluar a los Estados en materia ambiental, así como por parte de otras entidades internacionales y agencias de cooperación.
El caso de Costa Rica
De manera singular, la posición 54 de Costa Rica según la nueva tabla contrasta con la posición 5 de la que beneficiaba en el año 2011 (ver nota de prensa). Es aún más significativo que los países que acompañaban en el 2012 a Costa Rica entre los mejores lugares se mantienen en esta nueva evaluación como referentes mundiales (lo que podríamos denominar el “TOP 10”).
En particular Suiza, Noruega y Luxemburgo (que precedían a Costa Rica entre los 5 mejor evaluados en el 2012) son, respectivamente en el 2014, ubicados de la siguiente manera: 1º (Suiza), 2º (Luxemburgo) y 10º (Noruega).
Con esta nueva medición, Chile (ubicado en el puesto 29) pasa a encabezar a los Estados de América Latina, seguido mucho después por Ecuador (en el puesto 53), Costa Rica (54), Venezuela (57), Panamá (58), Cuba (64), México (65), Uruguay (70), República Dominicana (75), Brasil (77), Colombia (85), Bolivia (87), Nicaragua (90), Argentina (93), Honduras (97), Guatemala (98), Perú (110), El Salvador (115), Paraguay (133), y Haití en la ante penúltima posición (176). Notemos que Colombia pasó del 9o lugar (posición en el 2008 que ya dejaba a algunos autores escépticos) al lugar 85 con la medición hecha pública en este 2014, mientras que el Perú “progresó” (ver artículo) del rango 31 (2010), al 81 (2012) y ahora se ubica en el lugar 110 (2014).
Un privilegio atesorado
El privilegio de Costa Rica de ser parte del grupo de los «TOP 5» a nivel mundial en materia de desempeño ambiental ha sido usado en el pasado por representantes oficiales de Costa Rica en muy diversos foros y cumbres internacionales. Incluso encontramos referencias a él en los alegatos orales presentados por Costa Rica ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para convencerlos del compromiso inequívoco de sus autoridades con la protección del ambiente: ver por ejemplo, en marzo del 2009 los alegatos finales presentados por Costa Rica en la demanda contra Nicaragua (verbatim, p.14, nota 5) por los derechos de navegación en el río San Juan. En estos días la prensa de Costa Rica ha informado de este notorio descenso sufrido por Costa Rica (ver nota de El Financiero y Costa Rica hoy), calificándolo incluso de «estrepitoso» (Tribuglobal) sin que las autoridades expliquen su posición al respecto, salvo el «cuestionar» la metodología usada por la Universidad de Yale.
Un descenso entendible
Un descenso tan pronunciado evidencia, entre otros deterioros en materia ambiental (que por ejemplo el diagnóstico anual que hacen las universidades públicas costarricenses en el Estado de la Nación ha puesto de manifiesto en sus últimos informes) una consecuencia de lo que algunos observadores y ONG han denominado el “doble discurso ambiental” que prevalece en Costa Rica en los últimos años. Se trata de un discurso «verde» hacia el exterior defendido por Costa Rica para promover al país en foros internacionales que no guarda mayor relación con las políticas depredadoras del ambiente que se gestan desde algunas oficinas ministeriales. Una de las primeras denuncias públicas colectivas en relación a este doble discurso oficial se expresó el día siguiente al día del ambiente (5 de junio) en el 2008 (ver texto de «Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza«). Unos meses después, teniendo como trasfondo el proyecto minero Crucitas (declarado de “conveniencia nacional” por autoridades esquivas en octubre del 2008 y analizado como “el arte de engañar a la Patria” por periodistas valientes), un foro celebrado en la Universidad de Costa Rica en el 2009 se titulaba precisamente: «Técnicas para evadir la legislación ambiental: el caso del MINAET«. Vale la pena indicar que un artículo de finales de 2007 en El Financiero ya advertía de un probable bisturí para intervenir a una entidad técnica tan importante para el ambiente en Costa Rica como los es la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, SETENA, creada en 1995 en la Ley Orgánica del Ambiente.
Intuición femenina de la periodista de El Financiero, o simple coincidencia, lo cierto es que gran parte de los escándalos mayores en materia ambiental que agitaron a la opinión pública de Costa Rica se dieron meses después y ello sigue siendo la tónica desde entonces (en particular cuando se trata de proyectos ligados de una u otra forma a la inversión extranjera o a megaproyectos financiados con fondos provenientes del exterior).
Recientes producciones audiovisuales emanadas de la misma Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el proyecto minero Crucitas (“El Oro de los Tontos”, 2011, disponible aqui) o sobre la sorprendente idea de promover la extracción de gaz natural propiciada por la actual administración de la presidenta Laura Chinchilla (“Las trampas del gaz”, 2012, disponible en este sitio); o las ponencias presentadas por ONG y académicos durante la sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) en noviembre del 2013 sobre los efectos devastadores de la producción de la piña de exportación en Costa Rica – disponibles aquí – ; o bien las advertencias ya antiguas sobre usos de pesticidas altamente dañinos (incluso para la salud humana ver artículo de 1993) desoídas por las autoridades – y que explican que Costa Rica sea el primer consumidor de pesticidas por hectárea a nivel mundial); o, finalmente, la “desprotección de la biodiversidad” a la que refiere el Estado de la Nación en su última entrega (ver documento de Karina Rodríguez, p. 21) , entre muchos otros, ilustran cada uno a su manera la peligrosa deriva de Costa Rica de los últimos años que viene ahora a confirmar el desplome del indicador de Costa Rica en materia de desempeño ambiental. Este último plantea además la urgente necesidad de distinguir (al menos mientras Costa Rica recobra el pleno control de las entidades a cargo de fiscalizar la protección del ambiente) la inversión extranjera deseable de la no deseable: un tema recientemente mencionado en un artículo del ex Secretario General de la SETENA, el Dr. Allan Astorga, publicado unos días antes de las elecciones del pasado 2 de febrero.
Es altamente preocupante que las autoridades de Costa Rica cuestionen ahora la metodología usada por la Universidad de Yale para elaborar el EPI (la cual no parece afectar mayormente a los países que acompañaban a Costa Rica en el 2011 en las mejores posiciones 2 años después). Más preocupante aún, es que entidades universitarias e incluso algunas personas desde la misma sociedad civil intenten justificar este preocupante desplome (y no hayan nunca cuestionado la metodología usada mientras Costa Rica se mantenía entre los primeros Estados del planeta en materia de desempeño ambiental): ya es suficiente tener que asistir una y otra vez a operaciones de maquillaje discursivas del aparato estatal costarricense para intentar justificar los injustificable, sostener lo insostenible y ahora, obviar lo obvio.
