Más de setecientas parejas del mismo género contrajeron matrimonio en Cuba al amparo del nuevo Código de las Familias, que junto con normas jurídicas aprobadas o en preparación refrendan derechos sexuales y reproductivos y buscan prevenir o enfrentar diferentes expresiones de violencia, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
No obstante, persisten reclamos para acelerar leyes complementarias de la Constitución, vigente desde 2019, e impulsar políticas públicas que brinden mayores protecciones a las personas lesbianas, gais, bi, trans e intersexuales, queer y otros (Lgbtiq+).
«Aunque se ha avanzado en la protección legal de los derechos de la comunidad Lgbtiq+ en Cuba, estos avances siguen siendo insuficientes», opinó para IPS el historiador Raúl Pérez Monzón.
A su juicio es necesario conectar las distintas políticas públicas «con un enfoque de sistema que incluya temas como la educación, salud pública, trabajo y otros ámbitos que afectan la vida de las personas Lgbtiq+».
El profesor auxiliar en la Universidad de La Habana consideró un obstáculo «la falta de protección legal efectiva, debido a la persistencia de una mentalidad patriarcal y heteronormativa que se traduce en estigmatización y rechazo hacia la diversidad sexual y de género».
Al respecto precisó que la protección legal «no solo se refiere a la aprobación de leyes y políticas, sino también a su implementación y cumplimiento efectivo».
En muchos casos, puntualizó, «las leyes y políticas aprobadas no se aplican adecuadamente, hay vacíos legislativos, y falta conocimiento por parte de las personas que no saben o no tienen todos los recursos disponibles para defenderse».
«Esto deja a integrantes de la comunidad Lgbtiq+ en una situación vulnerable y expuestos a la discriminación y la violencia», añadió.
Pérez Monzón integra el equipo coordinador en Cuba del Mes de la Historia Lgbtiq+, una celebración mundial a la cual la isla se sumó en 2022, y cuya segunda edición transcurre durante mayo.
La iniciativa propone rescatar la memoria histórica de esta comunidad y educar y concienciar sobre los desafíos y discriminaciones que aún enfrenta en diferentes ámbitos. Igualmente se enfoca en crear espacios y recursos para el estudio de la historia Lgbtiq+ cubana, incluida la historia del activismo en este tema.
Para el activista Yoelkis Torres, resulta necesaria «una ley de identidad de género para personas transgénero, las más discriminadas, estigmatizadas y que siguen sufriendo este tipo de vulneración de derechos».
En entrevista con IPS, el coordinador del proyecto de integración, intervención y transformación sociocultural AfroAtenas, mostró preocupación por los derechos de las personas presas con orientación sexual e identidad de género no heteronormativas «y las inequidades sociales que afectan a las personas Lgbtiq+».
Con sede en la ciudad de Matanzas, 89 kilómetros al este de La Habana, AfroAtenas enfoca su trabajo en la formación de capacidades, promoción de campañas por los derechos, así como la articulación con otros activistas, grupos e instituciones.
Avances sociales
Este país caribeño de 11,1 millones de habitantes, con un sistema político socialista, fue el número 34 en admitir los matrimonios y uniones legales de parejas homoafectivas.
Ocurrió tras el referendo del 25 de septiembre de 2022, cuando 67 por ciento de los votantes avaló el Código de las Familias que sustituyó a otro para el mismo tema de 1975, lo que le hizo entrar automáticamente en vigor.
Al concluir marzo se habían casado 745 parejas del mismo género, 462 de hombres y 283 de mujeres, además de 35 uniones de hecho formalizadas ante notario, muestran datos oficiales.
Se considera un hito en un país con enraizada cultura machista, la oposición de algunas iglesias, así como de personas con posiciones antiderechos y fundamentalistas, más visibles en el espacio público y virtual en años recientes.
El Código incorporó importantes e históricas demandas de la comunidad Lgbtiq+, además de responder a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
Entre múltiples derechos reconoció la adopción para parejas del mismo género y la gestación solidaria, como se denomina aquí la subrogada por ser altruista y estar prohibida la compensación económica.
También sintoniza con convenciones internacionales suscritas por el estado cubano sobre la prevención de la violencia y discriminación por motivos de género, así como las de protección de niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
En octubre de 2022, el Ministerio de Salud Pública publicó el Reglamento de la reproducción asistida en seres humanos, que extiende los beneficios de la gestación solidaria a mujeres a quienes una causa médica les impida la gestación, así como a integrantes de parejas homoafectivas masculinas y hombres solos.
El 9 de mayo el Tribunal Supremo Popular ratificó las sanciones de privación perpetua de libertad contra dos ciudadanos, declarados culpables del delito de asesinato de dos mujeres, como consecuencia de la violencia de género.
Se trata de la primera ocasión, al menos de conocimiento público, en que se aplica tal sanción, prevista en el Código Penal. Esta ley, en vigor desde diciembre, también reforzó la protección ante conductas lesivas a la identidad de género, orientación sexual y violencia familiar, entre otras.
Próximas medidas
Se prevé que el cronograma legislativo 2023-2028 incluya las propuestas de leyes de salud y del registro del estado civil, trascendió en la conferencia inaugural de la edición dieciséis de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia que desde 2008 organiza el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y sus redes de activismo en el país.
Con actividades del 4 al 21 de mayo en La Habana y la central provincia de Sancti Spíritus, habrá paneles científicos y charlas en centros educativos y otros espacios para socializar conocimientos y sensibilizar sobre género, derechos e identidades de personas y familias.
Trascendió que la futura ley de salud debe contener elementos que beneficien a personas transgénero, en asuntos como los cuidados y la atención integral.
La ley registral establecería el derecho de estas personas a cambiar su identidad legal, sin procesos burocráticos ante tribunales ni transformación corporal.
Otras como el reglamento de la ley de ejecución penal, esta última en vigor desde 2022, deberá pronunciarse, asimismo, sobre la forma en la cual personas con identidades trans cumplirán sanciones en penitenciarías.
Se espera asimismo la instalación de un anunciado Observatorio de Género, que debe aportar estadísticas oficiales sobre violencia de género.
En febrero, el Ministerio de Justicia anunció que prepara a los especialistas que integrarán la Defensoría y sus dependencias territoriales. Sin fecha probable de constitución, el nuevo ente se encargará, entre otros asuntos, de coordinar la gestión y la solución armónica de conflictos familiares.
«Vendrá a proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, aquellas con alguna discapacidad, en situación de violencia de género u otra situación de vulnerabilidad», destacó a IPS la jurista Sonia Zaldivar, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
La Defensoría atenderá casos donde existan intereses contrapuestos sobre derechos sexuales y reproductivos, «o desacuerdos de madres, padres o tutores con respecto a la orientación sexual o identidad de género de algún menor de edad bajo su guarda y cuidado», ejemplificó la asesora jurídica del Cenesex.
Educar en la inclusión
La abogada Zulendrys Kindelán resaltó que reconocer los diversos tipos de familias, ponderar las relaciones de afecto, así como valorizar los cuidados y responsabilidad individual y compartida «impacta en el sistema de salud, así como en las acciones de respuesta y prevención al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida».
La especialista de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), adscrita al Ministerio de Salud Pública, recordó al dialogar con IPS que «en el espacio familiar es donde se ventilan cuestiones relativas a la salud, pero también, en ocasiones, son los primeros espacios de exclusión».
En Cuba, 80 por ciento de las personas diagnosticadas con VIH/sida son del sexo masculino y entre ellos predominan los hombres que tienen sexo con otros hombres (86,2 por ciento). Junto con las personas transgénero y trabajadores del sexo son consideradas poblaciones clave para el trabajo de prevención.
Estas personas pueden sufrir discriminaciones en el hogar o instituciones, ser expulsados de sus viviendas, y practicar relaciones sexuales en condiciones que dificultan la negociación de protección.
La violencia, que se expresa desde el no reconocimiento de la identidad de género, «es una barrera estructural que limita el acceso a los servicios de salud diferenciados. Identificarla contribuye a su eliminación. Las familias son muy importantes en el cuidado de las personas con VIH/Sida y el apoyo para la adherencia a los tratamientos», explicó Kindelán.
De acuerdo con Torres una contribución esencial es «educar en la inclusión, porque solo desde la conciencia, la formación y el conocimiento, con un activismo pleno y activo, estaremos en condiciones de alcanzar todos los derechos para todas las personas».
