El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), lamenta la discriminación que sigue existiendo en España y los delitos de odio que sufren indefectiblemente las personas con discapacidad habiendo transcurrido ya, doce años desde que se adoptara la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad.
Así ha sido manifestado por Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de Discapacidad en el Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española.
«La mayor incidencia de los diferentes tipos de violencia, los abusos, que siguen siendo, según sus palabras, vestigios que perpetúan la creencia que una vez etiquetara a las personas con discapacidad como seres inferiores, prescindibles o que había que curar, supone que todavía, sigan existiendo barreras en materia de educación inclusiva y siga siendo una lacra que atenta contra los derechos de estas personas.
Jesús Martín ha recordado que el informe elaborado por la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), sobre delitos de odio en sus Estados miembro sitúa a España “en un terrible segundo puesto, solo por detrás de Reino Unido, en registrar delitos de odio contra las personas con discapacidad: 264 casos, cifra creciente con respecto a 2015 con 226 casos computados”.
A pesar que según la citada convención es de obligado cumplimiento por parte de los países que la han ratificado (España lo hizo hace doce años), siguen existiendo estos delitos de odio, discriminación y falta de inclusión.
«Es necesario, añadió, que se garantice el derecho a la justicia penal de las víctimas con discapacidad lo que exige por ello una reforma procesal e institucional profunda que debería poner el foco en el papel de los factores sociales y sobre todo del entorno así tener como objetivo proteger de potenciales perjuicios sino de hacerles partícipes de las diferentes fases del procedimiento».
Cuando fue firmada la convención, supuso importantes consecuencias para las personas con discapacidad, especialmente la “visibilidad” de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, así como la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, así como contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
Martín, de igual forma, instó a recalcar la importancia de apostar por la formación y capacitación de las personas con discapacidad y de sus familias, así como de los profesionales que trabajan con ellos.
«Si se refuerza la formación en la visión de derechos humanos sobre este colectivo, se garantizaría la accesibilidad de todos los recursos judiciales y se constataría el estigma que todavía pervive en la sociedad.»
La vulnerabilidad de las personas con discapacidad supone un terrible dolor y sufrimiento por la ineficacia de las políticas públicas que hacen cumplir los diferentes artículos de la mencionada convención. La discriminación estructural, el odio, la tortura, el trato, la violencia, la explotación, los abusos, etc, exige que hoy se considere más que nunca los derechos y sobre todo, la dignidad de las personas con discapacidad.
Fue el 13 de diciembre de 2006 cuando fue aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención fue el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, con relevante presencia española. El Reino de España firmó y ratificó esta Convención, más su protocolo facultativo, por lo que desde el 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español.
