El futuro de la Administración de Justicia vinculado a la Inteligencia Artificial

Séneca dijo: «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». Cuánta verdad.

La Justicia en España es lenta. No sabría decirles bien las razones de su lentitud, pero la excesiva litigiosidad y la escasez de recursos en algunas jurisdicciones parecen ser alguna de las principales causas.

Sobre la mesa está modificar el número de partidos judiciales para concentrar los recursos existentes. España se divide en 431 partidos judiciales, una cifra similar a la que teníamos en el año 1812, y que resulta desproporcionada, más aún con el sistema actual de gestión de notificaciones implantado con LexNET y la posibilidad de celebrar actuaciones de forma telemática.

Por intereses políticos, la solución no es pacífica, así que otra opción sería mantener los juzgados de partidos pequeños, pero con menos competencias y avanzar por el camino de la especialización. Hacen falta más jueces, no más juzgados, y mayor especialización, que esperemos llegue con los futuros Tribunales de Instancia.

Una solución que lleva años proponiéndose es potenciar los medios alternativos de resolución de conflictos –medición y arbitraje– si bien no terminan de despegar.

Otra asignatura pendiente es una reforma legislativa valiente, que permita establecer procedimientos más sencillos y racionales.

Quizá la solución definitiva venga de manos de la Inteligencia Artificial. Los algoritmos pueden ayudar a reducir la burocracia, realizando labores cotidianas y repetitivas. También pueden actuar como asistentes del Juzgador.

Varios países de América Latina llevan años avanzando en esta solución para agilizar la Administración de Justicia. Les pongo por caso Colombia que cuenta con PRETORIA, un sistema de Inteligencia Artificial que busca mejorar el proceso de selección de tutelas en la Corte Constitucional. Este sistema clasifica las sentencias de tutela de los jueces de instancia, busca información relevante en los expedientes para el proceso de selección, realiza resúmenes no narrativos sobre las categorías detectadas y genera información estadística sobre el uso de la tutela en el país. PRETORIA ha conseguido una reducción del tiempo destinado a la selección de casos urgentes de noventa y seis días a tan solo dos minutos. Siempre con supervisión humana, el sistema determina el rango de prioridad de cada expediente, generando hasta catorce de los documentos necesarios en dieciséis minutos, lo que llevaría una media de 2,40 horas a un funcionario experimentado.

Colombia también cuenta con SIARELIS (Sistema con bases de Inteligencia Artificial para la Resolución de Litigios Societarios) que se pone al servicio del Juzgador y de las partes para ayudarles a explorar soluciones en la resolución de conflictos en el ámbito societario.

Otro ejemplo de Inteligencia Artificial aplicada a la administración de Justicia es VICTOR. Este sistema, que se lanzó en el año 2018 para el Supremo Tribunal Federal de Brasil, permite analizar el texto de miles de recursos de apelación, señalando aquellos que cumplen el requisito de «repercusión general», clasificando los recursos por diferentes criterios: relevancia jurídica, política, social o económica. Este sistema también es capaz de ubicar documentos procesales en el acervo de la Corte.

Otro sistema es PROMETEA que nació en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de Buenos Aires (IALAB) con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema funciona mediante un chat conversacional que funciona como asistente virtual. Por el momento analiza infracciones menores, procedimientos de tráfico y políticas sociales como la gestión de subsidios. Con una tasa de acierto del 96%, predice la solución a un caso judicial en 20 segundos. En la dinámica de la Administración bonaerense, esto supone la elaboración de un millar de dictámenes jurídicos en el área de vivienda en 45 días, lo que por un procedimiento normal hubiera significado 174 días de trabajo.

El Gobierno de España ha mostrado interés en PROMETEA. En octubre de 2019, responsables de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia visitaron las oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de conocer el sistema. La valoración de las autoridades españolas fue positiva. La ventaja que ofrece el algoritmo de PROMETEA es que es abierto, auditable y trazable.

La Unión Europea dio los primeros pasos en la senda de la aplicación de la Inteligencia Artificial a la Administración de Justicia con la aprobación de la Carta ética europea sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los sistemas judiciales y su entorno, adoptada por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) en diciembre del año 2018. El texto está dirigido a empresas que operan prestando servicios legales en el mercado de nuevas tecnologías y a los actores públicos responsables de su diseño y despliegue.

El uso de la Inteligencia Artificial en nuestro país no es algo extraño; de hecho, la Agencia Tributaria viene usando algoritmos en la lucha contra el fraude fiscal y los servicios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social los emplean en labores de inspección. También se emplean los algoritmos en la lucha contra la violencia de género a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

En cuanto a la aplicación de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, España parece mirar los toros desde la barrera, observando lo que hacen otros países, a la espera de encontrar una solución para nuestro sistema judicial, cuando en España lo que sobra es talento y capacidad para abanderar el cambio. La primera iniciativa del Gobierno de España es el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades. Poco es el camino andado.

La contribución de la Inteligencia Artificial en el campo del Derecho tiene un enorme potencial, si bien no debemos perder de vista que el empleo de algoritmos debe requerir la presencia del ser humano, de su lógica, sentido común y sensibilidad.

La Inteligencia Artificial será un valioso soporte para la labor del Juzgador, en una relación de colaboración que recién empieza, y que requiere de estudio, análisis y debate por parte del legislador, así como una profunda reflexión en términos de ética y de gobernanza; para ello hay que tener claro que la aplicación de los algoritmos debe estar orientada a que la tecnología sea inclusiva, que el sistema sea diseñado pensando en el usuario, en formato intuitivo y amigable y con un lenguaje comprensible y al alcance de todos.

Únase a más de 1100 personas que apoyan nuestro periódico

Podrás comentar, enviar sugerencias y además podrás acceder de forma gratuita a eBooks, póster y contenidos exclusivos de nuestros colaboradores.

Abogado con veinte años de ejercicio profesional. Másteres por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en Asesoría Jurídica de Empresas y Asesoría Fiscal y Máster en Gestión y Dirección Laboral por la Universidad de Vigo. Responsable de la consultora PROTECCIÓN DATA, especializada en seguridad de la información y programas de cumplimiento normativo.

1 Comentario

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.