El Ministerio de Igualdad de España ha desarrollado un Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante el estado de alarma, para prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas en las vidas de muchas víctimas de violencia de género a causa del confinamiento y especialmente de mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución.
Según explica el partido Unidas Podemos, promotor del Plan, debido a las medidas de restricción de la movilidad por la declaración del estado de alarma, las entidades y oenegés especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial a las víctimas de trata, explotación sexual y a las mujeres en contextos de prostitución han tenido que paralizar su actividad asistencial y ambulatoria, exponiendo a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos.
Esta falta de asistencia se suma a que, por lo general, estas mujeres presentan ya un cierto aislamiento social, debido a que no cuentan con redes de apoyo familiares o sociales, y no están familiarizadas con sus derechos, ni con los recursos y el idioma del entorno.
Entre las medidas se incluye el refuerzo de los sistemas de información, la alternativa habitacional segura en situaciones de emergencia, así como la posibilidad de acceder al Ingreso Mínimo Vital, incluso en el caso de las mujeres que se encuentran en una situación administrativa irregular.
Violencia de género
El Consejo de Naciones Unidas ha advertido a los países europeos que «los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcionada por la crisis de COVID-19».
Para las víctimas de violencia de género, su propio hogar no es un lugar seguro, incluso en medio de una pandemia mundial, si deben convivir con su agresor, lo que aumenta las probabilidades de sufrir una agresión con el agravante de encontrarse más aisladas.
Con este plan del Gobierno de España, han sido declarados esenciales los servicios de atención integral a las víctimas de violencia contra las mujeres.
Esto supone que se deben garantizar el normal funcionamiento de los dispositivos de información veinticuatro horas; la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación de riesgo, incluidas las mujeres que necesitan abandonar el domicilio para garantizar su protección; el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros para víctimas de explotación sexual y trata; y la asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas de manera no presencial.
