Una racha de golpes militares en África ha resucitado una cuestión largamente dormida, si debería prohibirse a los líderes que toman el poder mediante insurrecciones armadas dirigirse a las Naciones Unidas, una institución que jura y promueve la democracia multipartidista, informa Thalif Deen (IPS) desde Naciones Unidas.
La oleada más reciente, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) describe como «una epidemia de golpes de Estado», incluye la toma del poder por parte de los militares en Chad, Guinea, Malí, Sudán y Burkina Faso, este último el 23 de enero. Ello sin excluir a Birmania, que el 1 de febrero celebró el primer aniversario de un gobierno militar en el país del sudeste asiático.
Tras el fracasado golpe de Estado en Guinea-Bissau, el miércoles 2 de febrero 2022, el presidente Umaro Sissoco Embalo declaró a los periodistas que «fue un ataque fallido contra la democracia. No fue solo un golpe, sino un intento de matar al presidente, al primer ministro y a todo el gabinete».
En 2004, cuando la Organización para la Unidad Africana (OUA), predecesora de la actual Unión Africana (UA), prohibió a los golpistas participar en las cumbres del continente, el entonces secretario general de la ONU, el ghanés Kofi Annan, calificó esa decisión de histórica y un modelo futuro para castigar a los dictadores militares de todo el mundo.
Hablando bajo condición de anonimato, un diplomático de la ONU dijo a IPS: «Quizás haya llegado el momento de que los líderes africanos sigan una propuesta de este tipo para censurar a los líderes militares. Pero esa decisión debe ser tomada en última instancia por la Asamblea General, el máximo órgano político de la Organización».
El secretario general, António Guterres, dijo a los periodistas el 1 de febrero que «está claro que los golpes de Estado son totalmente inaceptables. Estamos asistiendo a una terrible multiplicación de golpes de Estado, y nuestro firme llamamiento es que los soldados vuelvan a los cuarteles y que el orden constitucional esté plenamente vigente en el contexto democrático de la actual Guinea-Bissau».
En una rueda de prensa anterior, el 25 de enero, Guterres había afirmado: «Estoy profundamente preocupado por el reciente golpe de Estado en Burkina Faso. El papel de los militares debe ser defender a sus países y a sus pueblos, no atacar a sus gobiernos y luchar por el poder».
«Desgraciadamente, en la región hay grupos terroristas y amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Mi llamamiento es que los ejércitos de estos países asuman su papel profesional de ejércitos, que protejan a sus países y restablezcan las instituciones democráticas», añadió.
Preguntado por las celebraciones en las calles tras un golpe militar, al menos en uno de los países donde se defenestró al gobierno electo, Guterres consideró que «siempre hay celebraciones para este tipo de situaciones. Es fácil orquestarlas, pero los valores de la democracia no dependen de la opinión pública en un momento u otro».
«Las sociedades democráticas son un valor que hay que preservar. Los golpes militares son inaceptables en el siglo veintiuno», sentenció.
The New York Times informó el 1 de febrero 2022 que la Unión Africana había suspendido a Malí, Guinea y Sudán, pero no a Chad, en lo que calificó como «un doble rasero que los analistas advirtieron que podría tener consecuencias nefastas para África».
Djibril Diallo, presidente y director ejecutivo de la Red del Renacimiento Africano y la Diáspora (ARDN, en inglés), dijo a IPS que hay razones para preocuparse por el resurgimiento de las tomas del poder por los militares en África.
Contrariamente a lo que se cree, argumentó, los golpes militares tienden a conducir a más represión estatal, no a menos, a más inestabilidad política y a detener o revertir las ganancias económicas.
«Las divisiones geopolíticas de la comunidad internacional no han contribuido a abordar los efectos de los golpes militares. Las organizaciones regionales y subregionales aún no han encontrado una forma eficaz de presionar a los golpistas para que entreguen el poder a un gobierno democrático en el momento oportuno», añadió.
A juicio de Diallo, «cualquier solución a los efectos de las tomas de posesión militares debería empezar por abordar las condiciones de pobreza crónica y el desempleo juvenil, así como la corrupción endémica».
De ahí la importancia de impulsar el despliegue de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, dijo el especialista, quien fue portavoz del presidente de la Asamblea General de la ONU en 2004-2005 y asesor especial del Director Ejecutivo y Director Adjunto de Asuntos Públicos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en 1986.
Daniel D. Bradlow, catedrático de Derecho Internacional del Desarrollo y Relaciones Económicas Africanas, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pretoria, dijo a IPS que estos golpes son «un acontecimiento preocupante».
«Sin embargo, son un síntoma de la ruptura de los acuerdos de seguridad y gobernanza en cada país y en la región, en muchos casos, causados por la presión de fuerzas externas y las difíciles situaciones económicas del país», aseguró el académico desde la capital sudafricana.
Para Bradlow, sancionar a los gobiernos militares sin abordar también los problemas de gobernanza subyacentes y sus causas es «poco probable» que genere mejoras sostenibles en los países afectados
Un libro sobre las Naciones Unidas, recientemente publicado, cuenta que Annan fue el único secretario general (1997-2006) que desafió a la Asamblea General, instando a los Estados miembros a negar el podio de la ONU a los líderes políticos que llegan al poder por medios no democráticos o a través de golpes militares.
Como dijo un alto funcionario de la ONU entonces: «¿Buscan los líderes militares legitimidad al dirigirse a la Asamblea General?»
Cuando la OUA, en 2004, prohibió a los líderes golpistas participar en las cumbres africanas, Annan dio un paso más y dijo que esperaba que algún día la Asamblea General de la ONU siguiera los pasos de la OUA y prohibiera a los líderes de los gobiernos militares o emanados de un golpe de Estado por otros fines el participar en la Asamblea General.
La propuesta de Annan fue una primicia histórica. Pero nunca llegó a concretarse en una institución en la que son los Estados miembros, y no el secretario general, quienes gobiernan la Organización. Se trata de un tipo de medida que podría volverse en contra de los Estados miembros si, un día, se encuentran representando a un país dirigido por un líder militar.
El ghanés Annan, conocido por la franqueza de su lenguaje en algunas ocasiones, dijo también que «algunos líderes africanos siguen escondiendo miles de millones de dólares de fondos públicos, mientras las carreteras se desmoronan, los sistemas sanitarios fallan, los niños en las escuelas no tienen ni libros ni pupitres ni profesores, y los teléfonos no funcionan».
Además, arremetió contra los líderes africanos que derrocan regímenes democráticos para hacerse con el poder por medios militares.
No hace falta decir que la ONU no distingue entre «dictadores benévolos» y «dictadores despiadados», pero como institución internacional que predica la democracia multipartidista y las elecciones libres, sigue aprobando a los líderes militares ofreciéndoles una plataforma para hablar, mientras los agasaja durante las sesiones anuales de la Asamblea General.
Aunque Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), se dirigió en una ocasión a la ONU, algunos de los líderes autoritarios más controvertidos del mundo, como el iraquí Saddam Hussein, el sirio Hafez al Assad y su hijo Bashar al Assad, y norcoreano Kim il Sung y su nieto Kim Jong-un, nunca han acudido a la ONU.
Cuando al expresidente sudanés Omar Hassan al Bashir, acusado de crímenes de guerra, se le denegó un visado estadounidense para asistir al segmento de alto nivel de las sesiones de la Asamblea General en septiembre de 2013, un delegado sudanés se quejó ante el Comité Jurídico de la ONU que «el presidente democráticamente elegido de Sudán se había visto privado de la oportunidad de participar en la Asamblea General porque el país anfitrión, Estados Unidos, le había denegado el visado, en violación del Acuerdo sobre la sede de la ONU y Estados Unidos».
Mientras tanto, algunos de los líderes militares que se dirigieron a la ONU en una época pasada fueron el libio Muamar Gadafi, el maliense Amadou Toure -quien llegó al poder tras un golpe en 1991, pero más tarde fue un presidente elegido democráticamente- y el ghanés Jerry Rawlings, quien tomó el poder en 1979, ejecutó a antiguos líderes políticos, pero más tarde fue un presidente civil votado en el poder en elecciones democráticas.
En octubre de 2020, el mismo The New York Times informó de que al menos diez líderes civiles africanos se negaron a abandonar el poder y, en su lugar, cambiaron sus constituciones para ejercer un tercer o cuarto mandato, o quedarse en el poder a perpetuidad.
Entre estos líderes se encontraban los presidentes de Guinea (que se presenta a un tercer mandato), Costa de Marfil, Uganda, Benín, Burkina Faso, República Centroafricana, Ghana y Seychelles, entre otros. El único país en el que el titular se retiró es Níger.
Condenando todos los golpes militares, el periódico neoyorquino citó a Umaro Sissoco Embalo, presidente de Guinea-Bissau, diciendo: «Los terceros mandatos también cuentan como golpes».
