Damián Caballero¹
En el año 2014 una enfermedad apenas conocida en España por el gran público, la Hepatitis C, empezó a aparecer poco a poco en los medios de comunicación. Se trataba de una enfermedad de origen vírico, silenciosa, que no manifestaba síntomas en las primeras etapas de la enfermedad, que duraban años, e incluso décadas, pero que finalmente ocasionaba daños graves al hígado, como fibrosis o incluso cáncer, terminando en el fallecimiento del paciente si antes no se sometía a un trasplante, no siempre posible, y que además no acaba con la enfermedad.
Las demandas de los enfermos ante las autoridades sanitarias no lograban acelerar la puesta a disposición de los médicos del nuevo medicamento que estaba revolucionando el tratamiento de esta enfermedad, el Sovaldi, con el principio activo sofosbuvir, un producto casi milagroso comercializado desde diciembre de 2013 por un laboratorio de Estados Unidos.
En Julio de 2014, en Madrid, un grupo de unos veinte afectados por la enfermedad deciden empezar a organizarse. Convocan a afectados de otros territorios y se reúnen con el entonces Presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de Diputados, Mario Mingo Zapatero, y le plantean la necesidad de acceder a un medicamento que se comercializaba en Estados Unidos, que según todos los indicios tenía una tasa de curación de hasta el 95 por ciento, y que a esa fecha el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con Ana Mato al frente no tenía aprobado su uso en España. El Presidente de la Comisión de Sanidad, se compromete a reunir a la Comisión de Sanidad en septiembre, en la que comparecieron cuatro miembros de afectados por Hepatitis C.
La reunión, en la que los afectados plantean la necesidad de que el Congreso de Diputados inste al Gobierno, y en concreto a la ministra Ana Mato, a autorizar en España el uso del fármaco Sovaldi en España, termina con la presentación por parte de los grupos parlamentarios socialista y de izquierda unida de una PNL que el Gobierno ignora.
En esa fecha de 2014 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sólo autorizaba el nuevo tratamiento de la Hepatitis C bajo el programa de acceso mediante uso compasivo. En una situación en la que morían en España diariamente doce pacientes por Hepatitis C, los afectados por la enfermedad no esperan más y el 18 de diciembre de ese año, comienzan un encierro en el Hospital 12 de octubre con el lema «TRATAMIENTO PARA TOD@S».
Encierro en el Hospital 12 de Octubre
El encierro del Hospital 12 de Octubre actúa como llamada y en el resto de territorios se empiezan a movilizar afectados con encierros en varios hospitales públicos. Sin embargo, son los noventa y cuatro días de encierro en el Hospital 12 de Octubre, la movilización que marca el máximo apoyo y que pone la problemática en las primeras páginas de medios de comunicación (prensa, radios y televisiones) y que mueve a grandes sectores de la sociedad, colectivos de la sanidad, partidos políticos, organizaciones sindicales y ciudadanía.
Las manifestaciones, concentraciones y actos de solidaridad y apoyo movilizaron a centenares de miles de ciudadanos. El lema inicial de «TRATAMENTO PARA TOD@S» se convierte en la punta de lanza que obliga al Ministerio a constituir un Comité de Expertos que elabora el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC).
El 21 de marzo de 2015 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SISNS) da el visto bueno al Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC), entrando en vigor el 1 de abril de 2015. Un plan del que quedan fuera los enfermos en fases FO y F1.
La PLAFHC continúa con movilizaciones de perfil bajo (recogida de firmas, acampada en las Puerta del Sol) exigiendo la revisión del PLAN. El 24 de enero, la PLAFHC comparece en la Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados, junto al secretario general de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza Sanz y el doctor Agustín Albillos Martínez, miembro del Comité Científico asesor del Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C. La PLAFHC presenta su plan «Revisión del Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C» y el planteamiento de las líneas preferentes de acción que se consideran prioritarias, entre las que se encuentran que reciban tratamiento con antivirales de acción directa los enfermos de Hepatitis C en fases F0 y F1. El 21 de junio de ese mismo año la ministra de Sanidad Dolors Montserrat decreta los tratamientos para enfermos en fases F0 y F1.
Es a partir de esta fecha que el Plan Estratégico marca un antes y después, no sólo en la esperanza de todos los pacientes de VHC, sino también en la forma en que los facultativos afrontaron el problema. A día de hoy más de 150.000 pacientes en nuestro país se ven libres del VHC.
Si bien el PEAHC es el resultado de una batalla ganada en lo que se refiere a pacientes y profesionales, todavía queda una asignatura pendiente que no es otra que los precios abusivos que las farmacéuticas imponen a los Gobiernos en los fármacos de la Hepatitis C y otras enfermedades crónicas.
La ILP «Medicamentos a un precio justo», una batalla por dar
La PLAFHC conjuntamente con otras seis organizaciones Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), el Consejo de Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Medicusmundi, la Fundación Civio y Salud por Derecho, presenta en junio de 2019 a la Mesa del Congreso la Iniciativa Legislativa Popular «Medicamentos a un precio justo» que perseguía cambiar el sistema actual de fijación de precios, impulsar la transparencia en sanidad y fomentar una investigación y formación independientes, presentada por siete organizaciones, a la que se adhirieron catorce organizaciones más y en la que la PLAFHC actuaba como portavoz. La Mesa del Congreso dio luz verde a su trámite el 21 de septiembre de 2019. La pandemia nos obliga a retirar la ILP en noviembre de 2020 cuando llevábamos recogidas más de 200.000 firmas.
Según datos del Ministerio de Hacienda y del INE, a fecha de abril de 2018 las farmacéuticas habían recibido 1942 millones de euros por los cerca de cien mil pacientes tratados, un precio a todas luces abusivo, sobre todo si comparamos que el coste de los cien mil tratamientos a precio de genérico hubiese sido de treinta millones de euros.
En la actualidad, con la información disponible, y especulando con la posibilidad de que se aplicase el «descuento medio negociado» entre el 22 y el 46 por ciento, el coste para el contribuyente de un tratamiento de hepatitis C con AAD es de unos 15.000,00 euros. Comparando los precios de los medicamentos genéricos (que incluyen el coste de fabricación y un beneficio industrial), vemos que los precios actuales son excesivos. Los costes de la I+D solamente suponen un 16 por ciento del total del precio de venta. Más del 50 por ciento del precio de venta son beneficios. Nos preguntamos ¿por qué hemos de pagar 15.000,00 euros por un medicamento que cuesta 300,00 euros?
Una pregunta que no tiene respuesta por la falta de transparencia toda vez que no se hacen públicos los costes de fabricación y los costes de Investigación y Desarrollo (I+D). Por este motivo no se puede justificar si los precios están proporcionados a los costes, y se ocultan los abusos.
La industria defiende que tratamientos no son caros porque salvan vidas y ahorran costes.
Es lo que llaman «pago por valor». ¿Cuánto vale una vida? Todo lo que tengo. Este argumento en sanidad no vale, como no vale en muchos otros campos.
Según ese argumento ¿cuánto vale una botella de agua, ya que sin agua no podemos vivir? ¿diez mil euros? ¿cuánto vale la intervención de un bombero que salva a un niño de morir? ¿un millón? ¿cuánto vale la intervención quirúrgica por una apendicitis, que si no se opera puede llevar a la muerte? ¿Cuánto vale un antibiótico que cuesta cinco euros y salva a un joven de morir por neumonía? ¿cuánto vale la cura por una enfermera de una herida abierta que se hubiera infectado causando la muerte? Etc., etc. En sanidad se debe pagar por costes. El coste de la atención sanitaria, y no lo máximo que pueda pagar el paciente o el sistema de salud. No se debe especular con la vida. La vida no tiene precio.
Esta situación está provocando un riesgo de sostenibilidad. Lo que se paga de más por un precio abusivo no se puede destinar a otras finalidades igual de necesarias, como la prevención, la promoción de la salud, la atención primaria, los diagnósticos, los tratamientos de cirugía, muchos programas sociales, etc., etc. En España nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) se está viendo afectado por recortes en prestaciones, mientras se pagan precios abusivos por los nuevos medicamentos. Si sigue la escalada de precios puede quebrar el Sistema.
Las causas de los precios abusivos radican en el sistema de patentes utilizado para financiar la investigación
Los Estados conceden un monopolio de comercialización a las empresas de veinte años para que puedan poner un sobreprecio. Con ese sobreprecio deberían tener suficiente para pagar la investigación. El problema es que cobran muchísimo más. Hay un abuso de posición dominante.
Con los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se generalizó el sistema de patentes de medicamentos en todo el mundo. Fue a partir de 1995. Desde entonces los precios de los medicamentos no han dejado de subir de forma injustificada, por la posición dominante que tienen en el mercado. Lo mismo que las ganancias de estas empresas han aumentado mucho más que el promedio del sector industrial (25 por ciento sobre ventas, frente a 5 por ciento sobre ventas).
Los acuerdos ADPIC incluyen una serie de cláusulas de excepción, las llamadas «flexibilidades» para que los países puedan no aprobar o suspender el uso de una patente cuando los precios sean abusivos, o cuando exista un grave problema de salud pública. En estas ocasiones los países pueden aprobar una Licencia Obligatoria, por la que se autoriza a otras empresas a fabricar genéricos, o se autoriza la importación de genéricos.
Estamos ante una situación en la que los precios abusivos que impone la industria farmacéutica están produciendo una desigualdad en el acceso para diferentes medicamentos contra el cáncer u otras enfermedades, con retrasos en su financiación pública, debido a los altos precios exigidos por las empresas farmacéuticas. Desigualdades de acceso por los copagos: 2 millones de personas en España no pueden comprar los medicamentos que les han recetado en la sanidad pública. Desigualdades de acceso entre Comunidades Autónomas y entre distintos países de la Unión Europea. Falta de acceso para millones de personas en el mundo.
En el caso de la Hepatitis C, según la OMS se han tratado solamente tres millones de personas de 71 millones de personas que viven con Hepatitis C.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, dice que «los pacientes deben estar siempre por delante de las patentes».
En este sentido Germán Velásquez – doctor Honoris Causa por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid- señala que «el problema no es si hay dinero para pagar los medicamentos; el problema es que los precios son abusivos y por eso los países no los pueden pagar. El problema es que se están cobrando diez mil euros por algo que cuesta cien euros. Si los medicamentos para la Hepatitis C, que cuestan trescientos, doscientos o menos de cien euros se cobran a cuatro mil, cinco mil o quince mil euros, no se podrán pagar, o supondrán una sangría para el sistema de salud, que necesita esos recursos para atender otros muchos problemas».
El medicamento es un derecho humano, no un negocio
No se debe tolerar el uso del medicamento como un producto financiero, para especular. Los gobiernos están siendo muy poco operativos para solucionar este problema. Es hora de poner cota a esta situación.
Se han dado pasos gigantescos en apenas tres años, fruto del nivel de movilización de los afectados por la Hepatitis C para conseguir los tratamientos, que ha permitido situar cuestiones relacionadas con el acceso al medicamento en un plano del debate político y social como nunca se había dado en Europa, que está permitiendo poner sobre la mesa el acceso a los nuevos medicamentos, costes, precios, financiación y las alternativas que hagan posible un Cambio de Acceso al medicamento
Es un problema de poder. De relaciones de fuerza. Las empresas farmacéuticas tienen mucho poder. Con el dinero que les pagamos a través de los elevados precios de los medicamentos, muy por encima del coste de producción, obtienen enormes beneficios. En la Unión Europea, con un volumen de ventas de 165.000 millones de euros, destinan a fabricación unos 30.000 millones; destinan a investigación unos 25.000 millones. Y el resto son beneficios. Con esos beneficios, de más de cien mil millones pueden destinar a propaganda y lobby más de treinta mil millones de euros anuales.
Hemos ganado la batalla de recibir los tratamientos. Ahora queda ganar la de la transparencia y la de los precios abusivos que imponen la industria farmacéutica a los Estados.
- Damián Caballero es presidente de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC)
- Fuentes: Revista Acceso Justo al Medicamento – Blog de Fernando Lamata – Revista Civio
