Grupos de derechos humanos han pedido a los gobiernos que hagan más para combatir la represión transnacional, ya que diversos informes muestran que regímenes autocráticos están atacando en los países donde se han exiliado a un número creciente de periodistas, disidentes políticos y defensores de los derechos, en en un intento de silenciarlos, informa Ed Holt (IPS) desde Bratislava.
Afirman que los gobiernos de acogida y otros deben hacer más para hacer frente a la represión, que adopta la forma de acoso en línea, vigilancia, desapariciones forzadas, agresiones físicas y a veces incluso homicidios, para proteger la seguridad de estas personas.
«Hemos asistido a un aumento de la represión transnacional, vinculado al auge del autoritarismo en todo el mundo. En general, los países de acogida son cada vez más conscientes de este complejo problema y están dispuestos a hacer algo al respecto», dijo a IPS Fiona O’Brien, directora de la oficina británica de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Pero, a su juicio, «hay que seguir trabajando en algunas áreas y los gobiernos tienen que apoyar a los periodistas exiliados y comprender la importancia vital del trabajo que hacen».
La magnitud del problema ha quedado al descubierto en varios informes en los últimos meses.
En febrero, el grupo de defensa de los derechos humanos Freedom House publicó un informe en el que documentaba decenas de ataques, incluidos asesinatos, secuestros y agresiones, perpetrados por gobiernos contra personas que se encontraban fuera de sus fronteras en 2023.
En el documento se nombra a Rusia, Camboya, Myanmar, Turkmenistán y China como los mayores agresores, y se informa también de los primeros casos conocidos de represión transitoria sancionada por varios gobiernos, entre ellos los regímenes de Cuba, la República Democrática del Congo, El Salvador, Myanmar, Sierra Leona y Yemen.
El grupo defensor afirmó que 44 países -más de una quinta parte de los gobiernos nacionales del mundo- han intentado silenciar a disidentes, activistas, opositores políticos y miembros de minorías étnicas o religiosas más allá de sus propias fronteras en los últimos diez años.
En total, son 1034 los incidentes directos y físicos de represión transnacional registrados.
Mientras tanto, a finales de junio, al presentar un informe sobre la represión transnacional, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, planteó su preocupación no solo por el aumento de los incidentes de represión transnacional, sino por las respuestas de los países de acogida ante ella.
«Con demasiada frecuencia, los Estados no están dispuestos, por razones políticas, o son incapaces, por falta de capacidad o de recursos, de proteger y apoyar a los periodistas en el exilio. Los periodistas no deben ser tratados como peones políticos, sino como seres humanos en apuros que, con gran coste para ellos mismos, contribuyen a la realización de nuestro derecho humano a la información», afirmó Khan.
Tras la publicación del informe, decenas de gobiernos emitieron una declaración conjunta en la que condenaban la represión y se comprometían a actuar de forma coordinada para ayudar a las personas objeto de los ataques y hacer rendir cuentas a quienes estuvieran detrás de ellos.
Sin embargo, en esa posición pública no se especificaba ninguna medida concreta que debiera aplicarse para enfrentar esos ataques.
Los grupos de derechos humanos afirman que los gobiernos anfitriones deben tomar medidas concretas para abordar el problema tanto en sus propios países como para enfrentarse a los regímenes que perpetran tales actos.
Phil Lynch, director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Servicio Internacional para los Derechos Humanos, afirmó a IPS que estas medidas deben implicar que los Estados de acogida no sólo proporcionen protección y apoyo integrales a quienes corren el riesgo de sufrir actos de represión transnacional.
Además, añadió, también deben adoptarse medidas para limitar la capacidad de los regímenes de atacar a personas en el extranjero.
Lynch consideró que los Estados de acogida deben garantizar que no apoyan ni consienten actos de represión transnacional, como la extradición o devolución a Estados que persiguen a defensores de los derechos humanos.
También deben garantizar que no proporcionan ni exportan a Estados represores herramientas o tecnologías de represión transnacional, como programas espía y armas. Además, deben crear conciencia y capacidad de aplicación de la ley para responder a actos de represión transnacional.
Al mismo tiempo, los Estados de acogida deben denunciar públicamente, investigar y exigir responsabilidades por actos de represión transnacional, incluso mediante sanciones y repercusiones diplomáticas.
«También deben dar prioridad a los derechos humanos en la política exterior y en las relaciones tanto bilaterales como multilaterales, adoptando un enfoque de principios y coherente con los derechos humanos en todas las situaciones, sin selectividad y sin discriminación», remarcó.
La falta de consecuencias graves para los regímenes que utilizan la represión transnacional está contribuyendo a perpetuar su uso generalizado, según los expertos.
«No parece que los gobiernos rehúyan el uso de la represión transnacional. Esto se debe probablemente a que ha habido muy poca rendición de cuentas, incluso en los casos más sonados, como el asesinato de Jamal Khashoggi», el periodista y opositor saudí, ocurrido en Turquía en 2018, dijo a IPS Yana Gorokhovskaia, directora de Investigación, Estrategia y Diseño, de Freedom House.
Para Gorokhovskaia, «dado que los gobiernos no están pagando un precio por atacar a los disidentes en el extranjero, hay pocas razones para que no lo intenten».
Pero no solo los gobiernos de los países de acogida podrían hacer más, según los expertos.
«La mayor parte del acoso y los ataques se producen en internet. Las grandes tecnológicas han estado totalmente ausentes (de los esfuerzos para combatir la represión transnacional). Los gobiernos tienen que pedir cuentas a las grandes tecnológicas», afirmó O’Brien.
Lynch acotó que «cada vez más, los actos de represión transnacional se producen en línea o son facilitados por la tecnología. Los proveedores de tecnología tienen el deber de actuar con la diligencia debida para garantizar que sus tecnologías y herramientas no se utilizan, directa o indirectamente, para restringir o violar los derechos humanos, incluso mediante actos de represión transnacional».
A su juicio, «los gobiernos también deberían legislar para obligar a las empresas a aplicar la diligencia debida en materia de derechos humanos».
Parece que algunos países son cada vez más conscientes del problema y están dispuestos a mejorar su forma de abordarlo.
O’Brien se expresó así a raíz de un informe de RSF sobre el acoso a periodistas iraníes en el Reino Unido publicado a principios de año. Las autoridades británicas »han mostrado mucho interés en cómo abordar mejor este problema», dijo.
Freedom House también ha destacado cómo la administración estadounidense del presidente Joe Biden ha hecho del tratamiento de este asunto una prioridad en todos los organismos responsables de la ley y la seguridad.
Adicionalmente, Gorokhovskaia destacó que en los últimos cuatro años varios países han adoptado políticas para mitigar la amenaza que supone la represión transnacional, entre las que se incluyen la mejora de la formación de la policía y los organismos de seguridad y un mayor acercamiento a las comunidades que pueden ser objeto de represión.
«Los países también se han vuelto más conscientes de cómo las organizaciones internacionales, como Interpol, pueden ser utilizadas indebidamente para la represión transnacional y han tomado medidas para hacer frente a esto (examinando las difusiones de Interpol de ciertos países agresores)», dijo.
Pero las investigaciones de otros grupos muestran un panorama mucho menos tranquilizador.
Según un informe de Human Rights Watch (HRW), algunos gobiernos de países de acogida no solo no garantizan medidas de protección adecuadas para las personas en situación de riesgo, sino que incluso facilitan activamente la represión transnacional.
Khan, la relatora especial de la ONU, también advirtió de que los Estados de acogida se convertían en facilitadores «de la represión transnacional, por ejemplo, mediante la connivencia en secuestros instigados por el Estado de origen».
Algunos casos de este tipo de facilitación implican a Estados occidentales ostensiblemente estables y democráticos.
Abdulrahman al Khalidi, activista político y conocido disidente saudí, llegó a Bulgaria en octubre de 2021.
Defensor de los derechos humanos y de las reformas democráticas, había huido de su país tras las detenciones masivas a raíz de la Primavera Árabe.
Pero desde que cruzó a Bulgaria y solicitó asilo, se ha enfrentado a una complicada y, dice, a veces incomprensible batalla legal por la continua negativa de las autoridades a concederle asilo y liberarlo de su detención en el centro de migración a pesar de las sentencias judiciales a su favor.
Todavía pende sobre él la amenaza de su deportación a Arabia Saudí, donde, según aseguró a IPS en una entrevista en el centro de detención, es casi seguro que lo maten.
Al Khalidi cree que el servicio secreto saudí está detrás del bloqueo de su asilo por parte de las autoridades búlgaras. Dice que durante el interrogatorio de los funcionarios de la agencia, le dijeron que estaban trabajando con las autoridades saudíes en su caso y que los funcionarios saudíes querían que lo devolvieran a Arabia Saudí.
La agencia de seguridad estatal búlgara ha afirmado en repetidas ocasiones que Al Khalidi es una amenaza para la seguridad nacional, por lo que ha bloqueado su asilo y su puesta en libertad.
En declaraciones a IPS a principios de julio, mientras iniciaba una huelga de hambre en un centro de detención de inmigrantes cercano a la capital búlgara, Sofía, donde lleva recluido tres años, Al Khalidi lanzó una advertencia a los gobiernos que acogen a disidentes y periodistas exiliados.
«Vivimos en una época llena de agitación internacional en la que las generaciones más jóvenes creen más en el anarquismo que en los principios democráticos. Esto es muy peligroso. La culpa de esto la tienen totalmente los políticos que se benefician de ello y cuyas acciones contradicen los principios del Estado, criando posteriormente generaciones que pierden su fe en ambos», afirmó.
