La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH[1]) ha hecho pública una «enérgica condena por el asesinato de George Floyd» y repudia el racismo estructural, la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, la impunidad y el uso desproporcionado de la fuerza policial, y demanda medidas urgentes para garantizar la igualdad y la no discriminación en Estados Unidos (EE. UU.).
La Comisión insta al Estado a combatir y erradicar la discriminación racial histórica y otras formas de discriminación a las que han sido sometidas las personas afroamericanas en los EE. UU., y adoptar medidas urgentes para garantizar la igualdad; así como a poner fin a la violencia y a la impunidad policial como elemento sintomático de la persistencia de esta discriminación basada en el origen étnico-racial.
La CIDH recuerda que estos patrones fueron expuestos oportunamente en su informe temático Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos (2018).
La CIDH reafirma que el asesinato de George Floyd (Minessota, 2020), así como los de Trayvon Martin (Sanford, 2012), Michael Brown (Missouri, 2014), Eric Garner (Nueva York, 2014), Tamir Rice (Ohio, 2014), Alton Sterling (Los Angeles, 2016), Philando Castile (Minesota, 2016), Terence Crutcher (Oklahoma, 2016), Breonna Taylor (Kentucky, 2020), así como todos los demás asesinatos de personas afrodescendientes a causa de violencia racial policial, no son hechos aislados de violencia, sino que hacen parte de un proceso histórico y estructural de discriminación basado en el origen étnico-racial en los Estados Unidos, que se manifiesta de manera sistemática.
La Comisión observa que estos graves delitos se enmarcan en un contexto de impunidad histórica y de insuficiente o nula rendición de cuentas por parte del sistema de justicia penal y de las instituciones policiales, respectivamente.
La CIDH entiende que la abolición de la esclavitud no acabó con la estigmatización y el tratamiento diferenciado y de exclusión hacia las personas afrodescendientes. En este sentido, el fin de esta práctica inaceptable no llevó la consecución plena de los derechos de los afroamericanos –sin distinción de raza, color u origen étnico–, a la igualdad y la no discriminación para estas personas; este proceso sólo puso fin al trabajo forzoso al que estaban sometidas, en tanto que las medidas positivas adoptadas en algunos períodos históricos no han sido suficientes para ayudar a superar las estructuras socioeconómicas y culturales, las cuales configuran la actual situación de discriminación estructural, así como todas y cada una de las doctrinas de superioridad basadas en diferencias raciales que son socialmente injustas, peligrosas y moralmente reprobables.
En distintas oportunidades, la Comisión ha advertido sobre el racismo que permea las instituciones del Estado y se manifiesta en el incremento de casos relacionados con abusos policiales y la práctica de perfiles raciales; la militarización de las fuerzas policiales; la impunidad en los casos de homicidios cometidos por agentes policiales; y el uso excesivo de la fuerza por órganos de seguridad frente a los ciclos de protesta que se ponen de manifiesto por esta razón.
Las consecuencias de la discriminación estructural promueven las disparidades raciales en la práctica de arrestos penales, juzgamiento y condenas a penas de prisión de manera desproporcionada; afectando de manera diferenciada derechos tales como la libertad personal, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y la igualdad ante la ley de las personas afroamericanas.
Movilizaciones legítimas
Dado el contexto de discriminación estructural que el asesinato de George Floyd evidencia, las protestas constituyen una movilización legítima, transformándose en la mayor expresión colectiva de reclamo por el derecho a la igualdad y en la lucha contra el racismo en los últimos años, a lo que se suman manifestaciones públicas de solidaridad desde distintas partes del mundo.
En ese sentido, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresan grave preocupación por la estigmatización, arrestos masivos y situaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en algunas de las protestas ocurridas en los últimos días en todos los cincuenta estados de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo es de aclarar, que el hecho de que algunas personas hayan incurrido en actos aislados de violencia, no vuelve una amenaza al orden público a todo el movimiento social que ha ejercido sus derechos a la libertad expresión, reunión y asociación.
La CIDH y su RELE expresan alarma por el hecho de que estas protestas, que muestra una sociedad civil vibrante y solidaria con la causa contra la discriminación racial en Estados Unidos, sea tildado de «terrorista o subversiva». En ese sentido, llaman a las autoridades a establecer un diálogo amplio con los manifestantes que reclaman medidas efectivas; así también a no criminalizar ni utilizar figuras vinculadas al terrorismo para guiar la respuesta a esta situación.
Del mismo modo, la Comisión y su Relatoría Especial reiteran su grave preocupación por la cantidad de reportes que muestran ataques y detenciones a periodistas que cubren las protestas. Es de destacar que las personas comunicadoras cumplen un rol esencial en el registro de las demandas de quienes se manifiestan, así como en el control de la actuación policial. El Estado debe proteger a los periodistas en el desarrollo de manifestaciones y protestas, en lugar de hacerlos blanco del uso de la fuerza y la confiscación o supresión de registros de sus equipos de trabajo.
La CIDH urge nuevamente a Estados Unidos a combatir la discriminación racial estructural y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas sobre la actividad policial mediante la revisión de la doctrina de la inmunidad calificada (qualified immunity), que obstaculiza la responsabilidad civil de agentes policiales.
Asimismo, la Comisión insta al Estado a que adopte medidas urgentes para investigar, juzgar y sancionar a los responsables por los asesinatos y hechos de violencia racial policial contra personas afrodescendientes, así como a otorgar reparación integral y satisfactoria de forma intercultural.
De igual forma, enfatiza la urgencia de adoptar políticas integrales de seguridad ciudadana que combatan el uso de criterios discriminatorios en acciones policiales, a fin de erradicar el perfilado racial y el uso excesivo de la fuerza en consonancia con los principios de igualdad y no discriminación; y que incluyan entrenamiento para los agentes del Estado en esas materias.
La Comisión reitera igualmente la necesidad de avanzar con la adopción de políticas públicas eficaces que promuevan el cambio cultural dirigidas a eliminar el racismo estructural y sistémico, así como a promover la igualdad y la diversidad étnica y racial.
Asimismo, recomienda revisar su sistema de justicia para acabar con el racismo estructural, de acuerdo a los estándares interamericanos de seguridad ciudadana. En ese sentido, la CIDH reitera su llamado a Estados Unidos a ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, subrayando que la ratificación universal de los instrumentos interamericanos es un paso indispensable para el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas en las Américas.
- La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
