Rosa Mª Cuadrado Abad[1]
La privatización encubierta de la Sanidad Pública empezó a gestarse hace más de treinta años en España, cuando gran parte de las comunidades autónomas eran gobernadas por el Partido Popular con aplastantes mayorías absolutas.
El poder de los populares en el Gobierno central, antes y después de la crisis, empezó a ser tierra abonada para la corrupción y para los ‘comisionistas’, a los que se les adjudicaban obras y gestión de infraestructuras con la intención de premiar los servicios prestados con réditos procedentes de los fondos públicos.
Se empezaba a liberalizar la gestión de lo público, se dejaban los servicios públicos en manos privadas. Con el aval y el dinero de todos los ciudadanos, los amigos de los electos se hacían con las ‘joyas de la corona’, con aquellas áreas de gran potencial y rentabilidad de mercado: la sanidad, la educación y las empresas públicas saneadas.
Con la sanidad podían hacer negocio. Con la educación, desviando gran parte de los fondos públicos a la privada concertada, podían adoctrinar y garantizar la formación a bajo precio de sus nuevos viveros ideológicos.
En el ámbito de la sanidad, el conocido como ‘modelo Alzira’, promovido por Ribera Salud en la Comunidad Valenciana, fue el libro de estilo para el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Tras el «Tamayazo» en 2003, cuando Aguirre arrebató el Gobierno de Madrid a la mayoría de izquierdas que estaba ya en capilla para sentarse en la Puerta del Sol, la expresidenta encargó a sus sucesivos consejeros de Sanidad encaminar la gestión hacia la privatización de la sanidad madrileña.
Para ello pidió a los municipios que cedieran terrenos en todos los puntos cardinales de la región, ordenando la construcción de seis hospitales, adjudicando las obras, entregando su gestión, así como la contratación del personal no sanitario a empresas sanitarias privadas, que contarían con el trasvase durante treinta años de fondos públicos de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, en detrimento del resto de los hospitales públicos, a los que se suponía que esta nueva política aliviaría de presión asistencial.
Paradójicamente, la construcción de estos hospitales fue uno de los planes estrella de Aguirre y uno de los que más votos le reportaron cuando se terminó su construcción y se abrieron al público. Los ciudadanos demandaban más servicios sanitarios públicos, más camas para evitar la masificación en los grandes centros asistenciales, más atención especializada y menos listas de espera quirúrgica y clínica, por lo que creyeron que las nuevas infraestructuras eran la panacea. Esto era solo un paso más para “vender nuestra salud”.
Nadie parecía percibir la senda de deterioro por la que discurría la sanidad madrileña. Los colectivos de trabajadores sanitarios y no sanitarios se movían en la vorágine de las vacas gordas y aún no vislumbraban la entrada en el «lado oscuro». Los recortes sociales estaban a punto de llegar para llevarse por delante derechos sociales y económicos de los ciudadanos demandantes y de los trabajadores prestantes. Ya estaba en marcha la ola privatizadora del PP, pero nadie le prestaba atención.
Aguirre abandonó, pero su consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, ya tenía la hoja de ruta confeccionada y muy avanzada. El sucesor en la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció el Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, con el que definitivamente privatizaría los seis hospitales, que se habían construido con ese fin. Promovía la privatización de veintisiete centros de salud y declaraba a extinguir veintisiete categorías profesionales de personal no sanitario, dejando así el camino libre a la privatización de las cocinas, limpieza, mantenimiento… de los centros sanitarios. Los tentáculos de la privatización se posaron así sobre los grandes hospitales públicos, sobre los laboratorios centrales y los de urgencias de otros tantos centros hospitalarios.
Ya estamos en plena crisis y los ánimos de los madrileños y también de los profesionales de la Sanidad Pública están muy alterados por los recortes sociales y económicos sufridos desde los Gobiernos del PP, tanto Central como de la Comunidad de Madrid. El movimiento 15-M en todo el Estado español, surgido dos años antes, había supuesto un antes y un después en la respuesta social que hasta entonces estaba dormida. La movilización civil y pacífica en las calles sí que propiciaba algunos cambios. La Marea Blanca copió el ímpetu de la indignación ciudadana y la necesidad de alzar la voz y luchar por uno de los tesoros de la sociedad española: la Sanidad Pública y Universal.
La Marea Blanca empezó en Madrid, las calles se llenaron de batas blancas y hordas de ciudadanos, trabajadores y usuarios, empezaron a «abrazar» los hospitales, centros de salud y centros de especialidades públicos. Era el gesto simbólico con el que le decían al gobierno de Ignacio González que iban a proteger su Sanidad Pública y que «arrancársela» iba a ser un desgarro que no les iba a salir gratis. Pero este movimiento imparable en el centro del país se extendió rápidamente al resto de las ciudades españolas. Las administraciones autonómicas, muchas en manos del PP, copiaron los planes que habían comenzado en Valencia y Madrid, y luego llegó el copago de la ministra de Sanidad, Ana Mato. La reacción por contagio de la ciudadanía fue inmediato y empezaron a sonar tambores de guerra en toda España. La Marea Blanca se instaló en todo el país.
El movimiento surgió de la unión de todos los profesionales del sistema sanitario público y de la mayor parte de los ciudadanos que utilizan la Sanidad Pública, aunque dispongan de seguros privados, porque el sistema sanitario público español tiene un gran prestigio. Fueron los trabajadores de la sanidad, por una vez, los que juntos tiraron del carro, los que juntos abrieron los ojos a los ciudadanos de la importancia de evitar la privatización y, con ella, un deterioro de un servicio que había sido un gran logro social en nuestro país.
La Marea Blanca en su efervescencia ayudó a contener la consecución de la privatización de la sanidad pública, casi total en Madrid. Los tribunales, con una sentencia judicial ganada por CCOO, asestaron el golpe casi definitivo a la maniobra privatizadora de González y Lasquetty, quienes comunicaron el abandono temporal a dicho plan, pero continúa latente. A día de hoy ni el Gobierno regional ni la Asamblea de Madrid han procedido a derogarlo definitivamente.
En Valencia el proceso de devolución al sistema público se empieza a producir ahora, de la mano del gobierno progresista que en esta última legislatura ha guiado los destinos de la Comunidad Valenciana. Pero aún no está cerrado este capítulo. Madrid sigue teniendo la espada de Damocles sobre su sanidad pública. Todo depende del equilibrio de fuerzas en el gobierno que salga de los próximos comicios en mayo de 2019.
En la Comunidad de Madrid siguen sin solventarse algunos flecos y reminiscencias del pasado. Los servicios no sanitarios, el laboratorio central y los laboratorios de urgencias de los nuevos hospitales, la lavandería central hospitalaria y la limpieza de numerosos centros sanitarios continúan en manos privadas.
Por ello, nuestro sindicato CCOO, que forma parte de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, entiende que no podemos dejar de recordar que la sanidad hay que defenderla y gestionarla adecuadamente, que hay que revertir las privatizaciones, que sus profesionales tienen que estar a salvo de los vaivenes políticos y que los que nos gobiernan no pueden hacer negocio con la vida de las personas, ni vender su salud al mejor postor.
La sanidad y la investigación sanitaria pública es invertir en el futuro y debería estar sujeta a un pacto de estado que blinde el carácter público del Sistema Nacional de Salud, que garantice un sistema de protección real para el ciudadano, sin recortes que deterioren la atención, pase lo que pase y venga quién venga.
- Rosa Mª Cuadrado Abad es la Secretaria General de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Madrid.
