La esterilización forzada, de la que fueron víctimas más de 300 000 mujeres en Perú a finales del siglo pasado, sobre todo indígenas y campesinas, podría constituir un crimen de lesa humanidad, dictaminó este miércoles 30 un comité de expertos de las Naciones Unidas, informa la IPS desde Ginebra.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, integrado por veinticuatro personas expertas, asentó que «la esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma», en una declaración que divulgó en esta ciudad suiza.
Ese Estatuto, adoptado en la capital italiana el 17 de julio de 1998, permitió establecer la Corte Penal Internacional para juzgar cuatro delitos carentes de prescripción: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, cuando los Estados no puedan o no quieran hacerlo por sí mismos.
El Comité, que actúa por designación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó su preocupación por la ley promulgada en Perú en agosto, la cual impide la persecución de este tipo de crímenes graves si se cometieron antes de 2002.
Su decisión expresa que la política de esterilización forzosa «constituyó una forma de violencia y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas», aunque también fueron víctimas unos 25.000 hombres, desarrollada por el gobierno peruano.
El Comité revisó en particular una denuncia conjunta presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas forzosamente entre 1996 y 1997.
La abogada mexicana Leticia Bonifaz, miembro del Comité, dijo que «las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado».
«Los procedimientos se practicaron sin el consentimiento informado de esas víctimas; incluso algunas de ellas, especialmente las de áreas remotas, no sabían leer o hablar español o no eran capaces de comprender completamente la naturaleza del procedimiento», puntualizó Bonifaz.
Por ejemplo, una víctima de Pichgas, en el norteño departamento de Huánuco, fue detenida en la calle por practicantes médicos en octubre de 1996, quienes la llevaron junto con otras mujeres al centro médico de La Unión, a dos horas a pie de su pueblo.
Ella declaró que era analfabeta y no firmó nada. La sedaron y, cuando despertó, las enfermeras le dijeron: «Ya no tendrás hijos, te hemos curado».
Sentía fuertes dolores en el abdomen, pero fue dada de alta inmediatamente y tuvo que regresar andando a su casa sin ningún cuidado postoperatorio. Cuando su esposo descubrió que había sido esterilizada, la abandonó.
Las víctimas alegaron que las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas tuvieron consecuencias graves y permanentes en su salud física y mental.
Llevaron su caso ante el Comité en 2020, afirmando que Perú había violado sus derechos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (adoptado por la ONU en 1979), por la falta de investigación eficaz, de rendición de cuentas y de reparación adecuada.
El Estado argumentó que se trató de una política llevada a hombres y mujeres, pero el Comité destacó que se trató de una forma de violencia contra las mujeres, dado que las esterilizaciones masculinas y femeninas difieren sustancialmente en la naturaleza de la intervención y los riesgos quirúrgicos asociados.
Señaló, en particular, que las víctimas fueron esterilizadas por personal médico no especializado y en condiciones sanitarias inadecuadas.
Las víctimas informaron al Comité que fueron interceptadas y subidas a la fuerza en camiones, como ganado, a centros de salud temporales donde «los practicantes médicos estaban afilando cuchillos y nos cortaban como animales».
«Las esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo como parte de un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales de origen campesino o indígena, y la política resultó en la anulación y sustitución de su autonomía reproductiva», dijo Bonifaz.
El Comité también concluyó que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
E instó al Estado parte para que acelere y amplíe sus investigaciones, proporcione compensación financiera y apoyo psicológico, y ponga en marcha un programa integral de reparaciones para las víctimas.
