En Myanmar la situación de la minoría rohinyá se ha deteriorado gravemente desde agosto de 2017, cuando el ejército emprendió una campaña de violencia contra la población de las zonas del norte del estado de Rajine, donde en tiempos normales vive la mayoría de los rohinyás.
Se trata de una campaña ilegal y totalmente desproporcionada puesta en marcha como reacción a algunos ataques contra puestos de seguridad llevados a cabo por el grupo Ejército de Salvación de los Rohinyás de Arakan (ARSA).
En un informe publicado por Amnistía Internacional (AI) el 21 de noviembre de 2017, se afirma que a día de hoy más de 600 000 hombres, mujeres y niños han huido hacia el vecino Bangladesh, desde donde han explicado los homicidios, torturas, violaciones e incendios de pueblos enteros llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de Myanmar, con frecuencia reforzadas con milicias privadas. Naciones Unidas ha calificado la situación de «clásico ejemplo de limpieza étnica» y AI ha definido las actuaciones del ejército como “crímenes contra la humanidad”.
El informe denuncia la crisis de los derechos humanos que ha sido, y siegue siendo, el telón de fondo de la situación. Detalla las violaciones, en particular la discriminación y las restricciones basadas en el origen étnico, la política y las prácticas a que, desde hace décadas, se vienen enfrentando los rohinyás en el estado de Rajine. Explica también como esas violaciones se han intensificado desde 2012, después de un serie de oleadas de violencia entre musulmanes y budistas, atizadas con frecuencia por las fuerzas de seguridad.
Como reacción, las autoridades han separado a las diferentes comunidades, aislando a los musulmanes del resto de la sociedad de Rajine. Desde entonces padecen restricciones que afectan a todos los aspectos de sus vidas, y desde hace cinco años se pisotean sus derechos fundamentales, en particular el derecho a circular libremente, a tener una nacionalidad, a tratamientos médicos, al trabajo y a la alimentción.
“El pueblo rohinyá de Myanmar está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye apartheid”, han declarado este 21 de noviembre los representantes de Amnistía al presentar la publicación de un importante análisis sobre las causas fundamentales de la actual crisis.
El informe, titulado Caged without a roof, contextualiza la reciente oleada de violencia en Myanmar. Esta investigación de dos años revela que las autoridades limitan rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de las personas rohinyás confinándolas a una existencia similar a la que se vive en un gueto, con dificultades para acceder a la atención médica y la educación y, en algunas zonas, incluso para salir de su pueblo. La situación actual cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa humanidad de apartheid.
“Las autoridades de Myanmar mantienen a las mujeres, hombres y niños y niñas rohinyás segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid. Se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en los últimos años”, ha asegurado Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional, quien agrega:
“Este sistema parece concebido para hacer que la vida de las personas rohinyás sea lo más desesperada y humillante posible. La brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de los últimos tres meses no es más que otra manifestación extrema de esta actitud atroz. Aunque puede que estas violaciones de derechos no sean tan visibles como las que han ocupado los titulares en los últimos meses, son igual de terribles. Hay que abordar las causas fundamentales de la crisis actual para acabar con el ciclo de abusos y permitir que las personas rohinyás refugiadas vuelvan a una situación en la que se respeten sus derechos y su dignidad”.
Amnistía ha lanzado campaña para que esta situación cambie, recogiendo firmas a través de su centro de activismo on line.
Rajine: una prisión al aire libre
La comunidad rohinyá del estado de Rajine está básicamente aislada del mundo exterior y sometida a severas restricciones a su libertad de circulación que la confinan en sus pueblos y municipios. Estas restricciones se imponen a través de una intrincada red de leyes nacionales, “órdenes locales” y políticas que implementan las autoridades del estado exhibiendo un comportamiento abiertamente racista.
Una norma en vigor en todo el estado de Rajine establece claramente que las “personas extranjeras” y las “razas bengalíes [término peyorativo para los rohinyás]” necesitan permisos especiales para viajar entre municipios. En el norte del estado de Rajine, donde vivía la mayoría de la población rohinyá hasta el reciente éxodo, incluso los desplazamientos entre pueblos están severamente restringidos por un sistema de permisos. En los últimos cinco años, se imponen cruel y continuamente toques de queda arbitrarios en las zonas predominantemente rohinyás.
En el centro del estado, la población rohinyá está rigurosamente encerrada en sus pueblos y en campos para personas desplazadas. En algunas zonas no se la permite usar las carreteras y sólo puede desplazarse por vías fluviales y únicamente a otros pueblos musulmanes.
Para las personas rohinyás que logran un permiso para viajar al norte del estado, los frecuentes controles, atendidos en su mayoría por la Policía de Fronteras, son un peligro constante donde es habitual que sufran acoso, agresiones físicas y detención, y se las obligue a pagar sobornos. Mientras investigaban para el informe, el equipo de Amnistía Internacional vio en un control a un policía de fronteras dando puntapiés a un rohinyá y documentó al menos un caso de ejecución extrajudicial en el que agentes de la Policía de Fronteras mataron a tiros a un joven de 23 años que viajaba durante el toque de queda.
Durante la oleada de violencia de 2012, decenas de miles de personas rohinyás fueron expulsadas de las zonas urbanas del estado, especialmente de Sittwe, la capital, donde quedan en la actualidad alrededor de 4000 que viven en una zona similar a un gueto, cerrada con barreras de alambre de espinos y controles policiales. Si tratan de salir, corren el riesgo de ser detenidas o de sufrir violencia a manos de la comunidad circundante.
Una vida al límite de la supervivencia
Las restricciones a la circulación están teniendo un impacto demoledor en la vida cotidiana de cientos de miles de personas rohinyás a las que se ha empujado al límite de la supervivencia.
Mientras que la calidad de los hospitales y clínicas del estado es en general precaria para todas las comunidades, el acceso de la población rohinyá a la atención médica se encuentra con graves obstáculos, a menudo mortales. La población rohinyá tiene prohibido el acceso al hospital de Sittwe, el centro médico de mayor calidad del estado, salvo para casos de extrema gravedad. Incluso entonces necesitan un permiso de las autoridades y viajar escoltados por la policía. En el norte del estado muchas personas no tienen más opción que ir a Bangladesh para acceder a la atención médica que necesitan, pero este viaje es muchas veces prohibitivo para todas las familias, salvo para las más acomodadas.
Fuera del estado, la población rohinyá sólo tiene acceso a algunos centros médicos, donde ha de estar en “salas para musulmanes” custodiadas por la policía. Un trabajador de ayuda humanitaria comparó una de estas salas con un “hospital penitenciario”.
Varias personas rohinyás contaron que habían tenido que pagar sobornos al personal del hospital y a los policías para llamar a sus familiares o comprar comida del exterior. Otras evitaban totalmente los hospitales por miedo a sufrir abusos a manos del personal médico y de enfermería, o porque pensaban que no las atenderían. “Negar a la población rohinyá el acceso a la atención médica es aberrante; hablamos con mujeres que dijeron que preferían dar a luz en casa, en condiciones insalubres, que correr el riesgo de sufrir abusos y extorsión en los hospitales”, dijo Anna Neistat.
En muchos lugares del estado, los niños y niñas rohinyás ya no pueden asistir a las escuelas estatales antes mixtas, al tiempo que el personal docente del gobierno suele negarse a viajar a las zonas musulmanas. La educación superior está en gran medida fuera del alcance de los rohinyás.
Las rigurosas restricciones a los viajes también han afectado a las posibilidades de gran parte de la población rohinyá de ganarse la vida. Quienes venden productos no pueden acceder a las rutas comerciales y a los mercados, y a menudo se impide a los agricultores que trabajen en sus campos. La malnutrición y la pobreza se han convertido en norma entre la población rohinyá en las zonas afectadas, situación que las autoridades han agravado al limitar severamente el acceso de la ayuda humanitaria.
“La prohibición de reuniones de más de cuatro personas, que se aplica específicamente en las zonas de mayoría musulmana, también supone que la población rohinyá —en su inmensa mayoría musulmana— no puede practicar de hecho su religión en grupo. Las autoridades de Myanmar también han cerrado mezquitas, dejando que se deterioren los lugares de culto musulmanes.
Negación de la ciudadanía
La población rohinyá carece de derechos legales en Myanmar y se articula alrededor de una serie de leyes y prácticas discriminatorias —especialmente la Ley de Nacionalidad de 1982— que le niegan de hecho la nacionalidad a causa de su etnia.
La investigación de AI revela también que las autoridades de Myanmar han lanzado una campaña deliberada para despojar a la población rohinyá incluso de las limitadas formas de identificación con las que cuentan. Desde 2016, el gobierno dificulta enormemente que las personas rohinyás inscriban a los recién nacidos en las “listas de hogares”, que a menudo son la única forma que tienen las familias rohinyás de probar que residen en Myanmar. Mientras tanto, en el norte del estado, quienes no se encuentran en su domicilio durante las “comprobaciones de población” anuales corren el riesgo de ser borrados totalmente de los registros oficiales.
Una consecuencia de esta campaña es que va a ser casi imposible que las personas rohinyás que han huido del país regresen a su casa; lo que resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que son casi 700.000 las personas que han huido a Bangladesh, donde viven en campos para refugiados en condiciones desesperadas.
“Hay que devolver urgentemente los derechos y la condición jurídica a las personas rohinyás, y reformar cuanto antes las discriminatorias leyes de nacionalidad, tanto para quienes permanecen en el país como para quienes deseen regresar. No se puede pedir a los hombres y mujeres rohinyás que han huido de la persecución en Myanmar que regresen a un sistema de apartheid”, ha dicho Anna Neistat.
Desmantelar el sistema de apartheid
Tras un exhaustivo análisis jurídico de este amplio conjunto de pruebas, AI concluye que el trato que dispensan las autoridades de Myanmar a la población rohinyá constituye apartheid, definido como crimen de lesa humanidad en la Convención contra el Apartheid y el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional.
Myanmar tiene la obligación legal de desmantelar el sistema de apartheid en el estado de Rajine y debe garantizar asimismo la rendición de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
“El estado de Rajine es la escena de un crimen. Y ya lo era mucho antes de la cruel campaña de violencia militar de los últimos tres meses. Este aberrante sistema de discriminación y segregación impregna todos los aspectos de la vida de la población rohinyá y salvo que se tomen medidas inmediatas para desmantelarlo, seguirá vigente mucho tiempo después de que termine la campaña militar”, declaró Anna Neistat.
“Las autoridades no pueden alegar argumentos huecos sobre la necesidad de ‘seguridad’ o de combatir el ‘terrorismo’ para imponer más restricciones a la población rohinyá. La represión es ilegítima y totalmente desproporcionada. Los crímenes de lesa humanidad no pueden justificarse nunca, ni como ‘medidas de seguridad’ ni por ningún otro motivo”.
