El sector de la televisión, el medio de comunicación de masas por excelencia, el más significativo en la oferta de entretenimiento e información y un componente esencial en la conformación de la opinión pública, vive pendiente de una serie de acontecimientos que pueden acabar dando un vuelco en los equilibrios de poder de los grandes grupos mediáticos, señala el colectivo crítico Mediápolis*.
El contexto económico es conocido: una caída sin precedentes de la facturación publicitaria (en torno al 50% entre el periodo 1997 y 2012) y nuevos descensos significativos previstos en 2013, que ha encendido todas las luces de alarma en el sector. No tanto la sucesión de importantes colisiones con la Administración que contribuyen a enmarañar la situación del sector cada vez más.
La negociación del llamado Dividendo Digital
En primer lugar, el denominado Dividendo Digital, es decir, la obligación de las televisiones de cambiar sus actuales frecuencias de emisión, un traslado que libera espacio radioeléctrico y da cabida al desarrollo de la telefonía de nueva generación, ya provocó el año pasado serias dificultades y enfrentamientos entre el sector y el Gobierno. Ese traslado obliga a adecuar las antenas colectivas de los edificios para seguir viendo la misma oferta televisiva, una operación cuyo valor final, estimado en 400 millones de euros, debía correr a cargo del presupuesto, pero que el gobierno se ha negado a financiar.
Como alternativa, el gobierno del PP propuso disminuir el número de canales en emisión concedidos a los operadores a fin de facilitar y abaratar el coste de esta transición. Tras largas negociaciones, el acuerdo final ofrece una viabilidad muy discutida al hacer recaer en los ciudadanos el coste de la necesaria adecuación sin que esté justificada por ningún servicio adicional y, además, no quedar resuelta cómo se financiaría el despliegue de los nuevos canales.
Pero antes de que este plan se pusiese en marcha, a primeros de diciembre, surgió un nuevo problema: una Sentencia del Tribunal Supremo, sin vía de recurso, declaró la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros que había adjudicado a cada Operador los cuatro canales que actualmente emiten, al considerar que, con la nueva Ley Audiovisual (LGCA), era obligatorio que dicha adjudicación se hubiese efectuado a través de un concurso público.
La consecuencia de esta sentencia es que el grupo Mediaset-Telecinco (despues de anexionarse la Cuatro y el resto de canales de PRISA) pasaría de 8 a 2 y el grupo Antena3 (después de absorber La Sexta y el resto de canales de Mediapro) pasaría de 8 a 3. Ese efecto desigual se agrava, al reducir de 4 a 1 los canales concedidos tanto a Net (Vocento) como a Veo (El Mundo), dos de los grupos más cercanos al gobierno del PP, que, además, tienen todos sus canales cedidos en arrendamiento, circunstancia que les enfrentaría a conflictos con los arrendatarios que se quedasen sin frecuencia.
Las Televisiones confiaban que se iba a subsanar el problema legal, permitiendo regularizar la situación prexistente, pero, por el contrario, en el último Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo el Gobierno acordó ejecutar esta sentencia del TS, confirmando la nulidad de las concesiones.
¿Qué significa eso? Convocar un concurso público para adjudicar los canales que finalmente se liciten, una operación que podría abrir la puerta a nuevos operadores globales con capacidad económica para generar ofertas generalistas competitivas, rompiendo el “statu quo” del sector, fraccionando los ingresos de la ya muy reducida tarta publicitaria y alterando significativamente los planes de negocio de operadores que, hasta hoy, han sido altamente rentables. A no ser, claro, que “se pacten” condiciones para los concursos que “faciliten” de nuevo la adjudicación a los actuales licenciatarios
La decisión tomada por la Administración, le otorga una notable palanca de presión sobre el sector, especialmente reseñable en un momento muy delicado para el Gobierno, acosado por una acción política impopular y por los casos de corrupción que involucran al PP e incluso a sus principales dirigentes. Adicionalmente, le permite liberarse del compromiso del Dividendo Digital de forma rápida y casi sin coste, al permitirle disminuir el numero de canales a licitar.
En disposición para acentuar el actual (des)equilibrio televisivo
No es este el único elemento del que dispone el Gobierno para desarrollar una negociación con “contrapartidas”. La posibilidad de la vuelta de la publicidad a TVE, al parecer firmemente defendida por una parte del Gobierno, puede ser, sin duda, un componente adicional a utilizar en este escenario.
Añada algunos datos relevantes más al cocktail mediático. Por ejemplo, las noticias sobre el delicado estado de salud de José Manuel Lara, patrono de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y La Razón. Incorpore también la delicadísima salud financiera de los grupos Unedisa/El Mundo y Prisa, y el concurso de acreedores en el que está Intereconomía o la voluntad de la Conferencia Episcopal de fortalecer su posición mediática alrededor de COPE y 13TV, siempre, claro está, que el nuevo Papa Francisco no altere sus planes.
¿Cómo procederá el gobierno? ¿Negociará la “neutralización” ideológica de los programas críticos de La Sexta (Wyoming y Jordi Evole entre ellos) y Telecinco/Cuatro (El Gran Debate) a cambio de mantener el duopolio dominante? ¿Sacrificará las cuentas de RTVE y forzará un ajuste duro previo a su privatización parcial? ¿Aprovechará para facilitar la entrada a nuevos grupos, quizás la Fox News de Murdock de la mano de su consejero Aznar? ¿Dará un lugar privilegiado a la Conferencia Episcopal? ¿Qué digna salida (¿algo más?) se le preparará a Pedro Jota en el supuesto que…?
De la forma que se resuelvan estos puntos se decantarán las bases de poder mediático de los próximos años y, por supuesto, el futuro de las debilitadas posiciones críticas respecto a los conflictos sociales derivados de la crisis y de los casos de corrupción.
Y los ciudadanos, como en tantas otras cosas, “sin vela en este entierro”.
*Publicado inicialmente en http://poli-tic.net/
Enlaces:
La Asociación de la Prensa de Madrid contabiliza 5.000 afectados por la crisis
