La ONG Human Rights Watch (HRW) ha solicitado retirar los cargos contra un bloguero marroquí que corre el riesgo de ser condenado a cuatro años de prisión por el cargo de faltarle el respeto al rey Mohamed VI.
Un tribunal de Alhucemas juzgó a Rabiaa El Ablak el pasado 11 de abril y se espera que emita su veredicto el próximo 25 de abril. El cargo se deriva de dos videos publicados en redes sociales en los que se dirige al monarca en un tono coloquial contrastando su riqueza personal con la pobreza generalizada de Marruecos.
«Criminalizar la crítica pacífica a quienes están en el poder es una flagrante violación de la libertad de expresión. No hay derecho más fundamental que el derecho a criticar a quienes detentan el poder, incluso si se trata de un monarca», declaró el subdirector para Medio Oriente y África del Norte de HRW, Eric Goldstein.
«En Marruecos, la vibrante prensa independiente de la década de 2000 no es más que un recuerdo lejano, Hoy en día, las autoridades parecen estar aplicando el dicho marroquí: ‘Hable y sangrará por la nariz’» (dwi, tarf, en árabe), sostuvo Goldstein.
El 21 de septiembre de 2021, El Ablak publicó un video en redes sociales haciendo comentarios políticos poco después de que la Agrupación Nacional de Independientes (RNI, siglas en francés), ganara las elecciones generales. Este partido tiene como líder, siendo el actual jefe de Gobierno, al empresario Aziz Ajanouch.
En los videos, El Ablak llama al rey «señor Mohammed Alauí, que ocupa el cargo de rey», lo que podría considerarse despectivo en un país donde la Constitución impone «respeto y reverencia» por el monarca. El Ablak también dijo que el rey y Ajanouch son «ambos multimillonarios» y cuestionó su riqueza, incluso preguntándose en voz alta si no era el resultado de «robar a la gente».
El pasado marzo, El Ablak fue citado repetidamente a una Comisaría de Alhucemas, donde los agentes de policía lo interrogaron sobre sus declaraciones. Más tarde, un fiscal lo acusó de «faltar públicamente al debido respeto y reverencia a la persona del rey» en virtud del artículo 179 del Código penal. Quedó en libertad provisional mientras esperaba el juicio.
La crítica pacífica de los funcionarios del Estado es un discurso protegido por el derecho internacional y, en particular, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Iccpr, siglas en inglés), que Marruecos ratificó en 1979.
El-Ablak, de 35 años, participó activamente en el movimiento rifeño del Hirak que exige la igualdad de derechos sociales, económicos y culturales para el Rif.
Las protestas callejeras masivas no violentas en 2017 terminaron en una dura represión policial. Numerosos activistas y manifestantes fueron condenados a penas de prisión. La mayoría ya han sido liberados desde entonces, pero varios de sus líderes, como Naser Zafzafi, siguen cumpliendo condenas de hasta veinte años.
El Ablak, quien colaboraba con la página web Badil, fue sentenciado a cinco años de prisión en junio de 2017 por «publicar noticias falsas» y «usurpar el título de periodista», en relación con los comentarios que publicó en apoyo de las protestas callejeras de Hirak.
Fue uno de los periodistas ciudadanos procesados siendo encarcelado durante tres años, en los que hizo varias huelgas de hambre. Obtuvo un indulto real y fue liberado en 2020.
El bloguero señaló que su condena de 2017 se basó en confesiones que la policía de Alhucemas le había extraído bajo tortura. Dijo que los agentes de policía lo golpearon en la cara mientras estaba esposado durante las sesiones de interrogatorio y trataron de asfixiarlo metiéndole un trapo sucio en la boca.
Después de que un médico forense designado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos lo visitara en prisión en 2017, se escribió un informe en el que se señalaba que sus denuncias de maltrato policial eran «generalmente creíbles por su coherencia y concordancia».
El caso de El Ablak es el último de una serie de procesamientos contra blogueros que en las redes sociales critican al rey.
Las autoridades marroquíes han intensificado su hostigamiento a activistas y críticos en los últimos dos meses, y al menos cuatro personas enfrentan procesos judiciales por publicaciones críticas en las redes sociales, denunció Amnistía Internacional (AI) el 7 de abril.
El pasado 23 de marzo, las autoridades arrestaron a otra comentarista de las redes sociales, Saida Alami, y la detuvieron y procesaron por «ofender a funcionarios del Estado», luego de que criticara en redes sociales a un jefe de policía y condenara la represión de periodistas y activistas. Su juicio está en curso.
