Al menos 27 periodistas y otros trabajadores de la prensa fueron asesinados en el continente americano por razones que podrían estar relacionadas con su trabajo durante 2015. Así lo documentó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 2015 dado a conocer el 23 de marzo, informa Silvia Higuera en su blog en Periodistas en las Américas.
Además de estos casos, la oficina registró los homicidios de otros 12 periodistas “en los que no es posible determinar sin una investigación exhaustiva el vínculo con la labor de informar”.
Precisamente es el aumento de la violencia contra los trabajadores de la prensa una de las mayores preocupaciones de la Relatoría Especial que aseguró este es el tercer año consecutivo en que esta cifra crece. Así por ejemplo, en 2014 documentó 25 asesinatos mientras que en 2013 registró 18.
De acuerdo con la Relatoría, el continente se ha convertido en una de las regiones más peligrosas en el mundo para ejercer el periodismo. En el hemisferio el asesinato y el secuestro se han convertido en una de las “peores formas de censura” teniendo en cuenta los efectos que tienen no solo para las víctimas sino para la sociedad en general.
Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Paraguay fueron los países en donde se registraron asesinatos de periodistas. La mayoría de estos reporteros cubrían temas relacionados con el crimen organizado, corrupción política o representaban a sus comunidades, señala el informe.
En Brasil se documentaron once asesinatos además del de Gerardo Servián, un periodista paraguayo asesinado en un pueblo brasileño fronterizo. La Relatoría le recomendó a Paraguay colaborar con las investigaciones del caso.
Los altos niveles de violencia que afectan a Honduras han encontrado en los periodistas un blanco. Para el primer semestre de 2015, la Relatoría Especial ya había registrado el asesinato de ocho comunicadores. De hecho, en un informe sobre Honduras publicado antes del informe anual, la CIDH además de establecer este incremento de violencia contra periodistas, aseguró que alrededor del 96 por ciento de los crímenes en su contra permanecen en la impunidad.
Por su parte México se ha convertido en la última década en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, según la Relatoría Especial que documentó el asesinato de seis periodistas por posibles motivos relacionados con su trabajo y de otros cuatro en cuyos casos no ha sido posible determinarlo.
En su registro se encuentran los crímenes de José Moisés Sánchez Cerezo y el del fotorreportero Rubén Espinosa. En un informe previo sobre México, la CIDH hizo énfasis en los altos índices de impunidad así como en las fallas del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
En Colombia se registraron cuatro homicidios: Luis Peralta Cuellar, Édgar Quintero, Flor Alba Núñez y Dorancé Herrera. Mientras que en Guatemala se presentaron tres asesinatos: Danilo López y Federico Salazar y Guido Villatoro. A este país, la Relatoría le recordó la necesidad de implementar un mecanismo de protección especial para periodistas que se viene planeando desde 2012.
En Estados Unidos se registraron dos asesinatos mientras que en República Dominicana uno.
En su informe, la Relatoría Especial le recomendó a los Estados adoptar medidas de prevención así como de protección para aquellos comunicadores que se encuentran en especial peligro. Asimismo, recordó la necesidad de realizar investigaciones “serias, imparciales y efectivas” sobre los crímenes contra periodistas, juzgar y condenar a los responsables, y reparar a las víctimas y sus familiares.
Este tipo de violencia, sin embargo, no es la única que afecta la libertad de expresión y el trabajo de los reporteros en el continente. Según la Relatoría Especial también se registró un aumento en el número de amenazas, intimidaciones y agresiones físicas.
El informe también aseguró que durante 2015 hubo un “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de las autoridades de algunos Estados al momento de responder al gran número de protestas y manifestaciones. Esta respuesta no solo afectó a manifestantes, sino a miembros de la prensa quienes resultaron agredidos, detenidos y/o con sus equipos de trabajo destrozados, robados y decomisados.
Según la Relatoría Especial estas situaciones se vivieron en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México y Venezuela. El informe dio cuenta de protestas reprimidas en Nicaragua y Paraguay.
Una de las restricciones a la libertad de expresión que ha señalado en los últimos años la Relatoría Especial es el uso del derecho penal. De acuerdo con el último informe, varias de las denuncias presentadas en su mayoría por funcionarios públicos o candidatos a serlo, terminaron en “condenas a penas de prisión a los comunicadores o activistas políticos o sociales involucrados en la aplicación de figuras penales que protegen el honor, tales como la difamación, injuria o calumnia”.
Así por ejemplo se mencionó la condena a dos directores del periódico El Ciudadano de Chile acusados de injurias a un exdiputado; la detención y condena a trabajo comunitario a un adolescente en Ecuador por haber hecho “varias veces un gesto obseno e insultante” al presidente del país Rafael Correa; así como la demanda por difamación del entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, contra los medios El Nacional, La Patilla y Tal Cual, y sus directivos.
Sobre este tema, el informe hizo un seguimiento de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador, aprobada en 2013, y señaló que durante 2015 bajo esta nueva ley “se impusieron numerosas sanciones de comunicación de forma incompatible con lo estándares internacionales en material de derecho a la libertad de expresión”.
Para la Relatoría Especial preocupa “las sanciones desproporcionadas” que aplica el organismo creado por la LOC – la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) – así como “el uso del derecho de rectificación y respuesta como mecanismo para limitar la emisión de contenidos considerados desfavorables al Gobierno, tutelar la imagen de funcionarios públicos afines a éste, e imponer una visión y discurso oficial a medios de comunicación, periodistas y caricaturistas en ese país”.
El pasado junio, cuando la Supercom cumplió dos años de actividades se estableció que la entidad había ejecutado más de 500 procesos en contra de medios de comunicación, había sancionado a 313 empresas mediáticas y había impuesto multas por casi US 274.000 dólares. Algunas de sus sanciones más polémicashan sido las impuestas al caricaturista del diario El Universo Xavier Bonilla ‘Bonil’ quien incluso fue obligado a rectificar uno de sus trabajos.
El informe también señala a Argentina, Ecuador y Venezuela como los principales países en donde altos funcionarios atacan a periodistas y medios de comunicación “que publican información que no es del agrado de la autoridades” a través de declaraciones estigmatizantes.
Sobre este tema la Relatoría Especial recordó el deber que tienen los funcionarios públicos de asegurarse que sus expresiones no son una “forma de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir con la deliberación pública”, según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe también establece avances en materia de libertad de expresión por cada país. Uno de ellos fue lacondena a 36 años de prisión del exdiputado colombiano Ferney Tapasco acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra ocurrido en 2002.
Asimismo, destaca la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica en México que según la Relatoría “aumento las garantías para el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la información pública”.
Además del análisis de cada país, el informe anual de la Relatoría Especial cuenta con dos informes temáticos: ‘Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas’ y ‘Discurso de odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuals, trans e intersex en América’.
El informe de la Relatoría hace parte del Informe Anual 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La modalidad de censura que está aplicando el gobierno argentino, presidido por Mauricio Macri es la despedir a reconocidos periodistas, levantar programas de TV y Radios que dependen del Estado y presionar con la pauta publicitaria a los medios privados que tienen una posición critica. Todo esto esto con la anuencia de los medios de comunicación más poderosos, que han efectuado un «blindaje mediático» de protección al mandatario y su gestión.