«Esto es una crisis humanitaria», sintetiza Bertha Zúñiga Cáceres, en referencia a la situación de violencia en Honduras, México y otros países de América Central, con cientos de miles de víctimas, en cuyo origen está el delito transnacional y que resulta invisible para la comunidad internacional, informa Daniela Pastrana (IPS) desde México.
La hija de la activista ambiental indígena Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo, pasa por México después de recorrer varias ciudades europeas para pedir ayuda en el esclarecimiento de la muerte de su madre y la cancelación del financiamiento al proyecto hidroeléctrico en Agua Zarca, al que se opone el pueblo lenca.
En entrevista con IPS, admite que, a pesar de las amenazas y del asesinato de otros activistas, no creyó que se atrevieran a dar muerte a una lideresa con un perfil internacional tan alto.
Ella misma y sus hermanos habían huido a México por las amenazas contra integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que creó Cáceres hace 23 años. Llevaba un mes estudiando en México cuando asesinaron a su madre.
Ahora, cuenta de comunidades que son desplazadas y obligadas a dejar sus tierras, como consecuencia de un sistema «neoliberal, racista y patriarcal».
Las víctimas no son solo del pueblo mesoamericano de los lencas, asegura, también afecta, por ejemplo, a los garífunas, el grupo étnico que es un mestizaje de esclavos africanos e indígenas caribes, desplazados para la construcción de grandes centros hoteleros en sus tierras costeras.
A ello se suma una violencia institucional, surgida a partir del golpe de Estado de 2009, mezclada con la violencia criminal que ha expulsado a miles de personas a buscar refugio fuera de Honduras.
Rubén Figueroa, coordinador del Movimiento Migrante Mesoamericano, que ha organizado 11 caravanas de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en territorio mexicano, coincide con el diagnóstico de Zúñiga Cáceres: «La situación en toda la región del Triángulo Norte de Centroamérica es una tragedia humanitaria», dijo a IPS el activista por los derechos de los migrantes.
«Aquí no se escuchan bombas (como en Medio Oriente, por ejemplo), pero sí se derrama sangre, sí hay muertos, muchos muertos. Es una situación que debe ser atendida de forma urgente por las agencias de las Naciones Unidas, especialmente por Acnur (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados)», insistió.
Cifras de una crisis invisible
Según el Informe Global 2016 sobre Desplazamientos Internos, publicado este mes de mayo de 2016 por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, en inglés), 40,8 millones de personas en el planeta habían sido desplazadas por conflictos y violencia al cierre de 2015.
De ese total, al menos 7,3 millones de los desplazamientos forzados ocurrieron en América Latina, la mayoría de ellos en Colombia, como consecuencia de su largo conflicto armado.
Pero el informe dedica un análisis especial a la rápida consolidación de un nuevo fenómeno de víctimas de desplazamiento: el de la violencia criminal, protagonizado por México, junto con El Salvador, Guatemala y Honduras, el llamado Triángulo Norte de América Central.
En esos cuatro países se sumaron en conjunto un millón de desplazados internos, casi el doble de los que registró el mismo informe de 2014, víctimas mayoritariamente de la violencia criminal, relacionada fundamentalmente con el tráfico de drogas y las pandillas gansteriles.
El reporte de IDMC subraya que se trata de cifras parciales de desplazados, a las que hay que sumar los emigrantes forzados por la violencia delictiva, en un fenómeno que califica como «invisible» y que en buena parte «en el limbo».
Los activistas por los derechos humanos en México ubican, como responsables de esta violencia, a la guerra entre las mafias criminales, pero también a una violencia institucional de los estados contra opositores a proyectos extractivistas y energéticos.
«Lo que estamos viviendo no es una guerra contra el narco, sino una guerra del Estado contra la población», aseguró a IPS la activista María Herrera, del grupo de familiares que buscan personas desaparecidas forzadas en México, que suman miles.
Las víctimas civiles de la creciente la militarización en países de América Central y México, se suman también a este nuevo tipo de emergencia humanitaria, originado por el delito transnacional, que los entrevistados por IPS se conduelen que no asome en la agenda de la Cumbre Humanitaria Mundial, que se realizará en Estambul los días 23 y 24.
Figueroa ubica el inicio de esta crisis en una serie de políticas regionales, como la aplicación del Plan Frontera Sur Segura en México y la Alianza para el Progreso en América Central.
«Hace aproximadamente cinco años empezamos a notar que el desplazamiento es por una violencia más directa. Nos ha tocado ver a jóvenes que llegan a los albergues con balas en el cuerpo. Personas que han regresado a sus países y las han asesinado», narro el dirigente humanitario.
«Siempre ha habido migración, pero ahora hay desplazamientos por narcotráfico, por una disputa entre pandillas, también está el tema de la persecución y acoso hacia activistas y defensores en Honduras. Es ya una violencia estructural», puntualizó.
México, un emparedado
La diáspora centroamericana, originada por la violencia, junto con la deportación de miles de personas migrantes por Estados Unidos ha convertido a México en una especie de emparedado, y está provocando un fenómeno creciente, también desatendido, el de los centroamericanos que optan por quedarse en el país y no seguir hacia el norte.
Tan solo durante el primer periodo del presidente estadounidense Barack Obama (2009-2012) se superaron los dos millones de deportaciones.
La gubernamental Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indica que las solicitudes de refugio de centroamericanos en México alcanzaron las 2.000 en 2014, de los que solo se acogió a una quinta parte.
México, en tanto, tiene su propia emergencia humanitaria. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) documentó 281.400 casos de desplazamiento forzado por violencia entre 2011 y febrero de 2015.
Un tercio de estas personas desplazadas huyó de sus comunidades en 141 desplazamientos masivos ocurridos en 14 estados del país.
El desplazamiento masivo se define como la movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares por una misma causa. Solo en enero de 2014 y febrero de 2015, la CMDPDH registró 23 de esos desplazamientos.
La quinta parte de ellos ocurrió en Guerrero, un estado que en el último año duplicó su récord y se convirtió en el líder del desplazamiento forzado por la violencia en México.
«Las personas que han sido forzadas a desplazarse internamente no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia», dice el informe Desplazamiento Forzado en México, que presentó la organización en 2015.
Pero hay otros casos, como el de Myrna Lazcano, una mexicana que después de casarse y tener a sus dos hijas en Estados Unidos, decidió regresar a México en 2008.
Sin embargo, la violencia de corte feminicida que impera en los estados de Puebla, de donde es originaria, y Veracruz, a donde fue a trabajar, la forzó a enviar a sus hijas de retorno, primero, y regresar después a Estados Unidos, donde ahora es solicitante de asilo.
Como ella, otros 9200 mexicanos solicitaron asilo político en Estados Unidos en 2012, una cifra que triplicó las solicitudes registradas en ese país en 2008.
«Esto es una emergencia que nadie quiere atender», insiste Figueroa. «Está de por medio la posición, sobre todo de Estados Unidos, sobre la situación en Centroamérica, porque se verían obligados a dar refugio por esta situación», analizó.
Pero, a su juicio, «también está de por medio la posición de México y de los países de origen, que se verían obligados a aceptar que están fallando, al igual que la comunidad internacional».
Editado por Estrella Gutiérrez
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