WWF investigada por la OCDE por sus actividades en Camerún

Survival Internacional informa de que Suiza, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha aceptado investigar una queja acerca de la financiación por parte del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de violaciones de derechos humanos en Camerún, iniciando un proceso que hasta ahora solo se había utilizado para empresas multinacionales.

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Tribus ‘pigmeas’ como la de los bakas han vivido en las selvas de la cuenca del Congo durante milenios. Están siendo expulsados ilegalmente en nombre de la conservación, pero la actividad maderera, la caza furtiva y otras amenazas para especies en peligro de extinción, como el gorila, el elefante de selva africano o los pangolines, continúan. © Selcen Kucukustel/Atlas

Survival International interpuso la queja en febrero de 2016, aportando numerosos ejemplos de abusos violentos y vejaciones contra los “pigmeos” bakas en Camerún por parte de patrullas antifurtivos financiadas por WWF. Survival también alega que WWF no obtuvo el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades para proyectos de conservación en su tierra ancestral.

Se trata de la primera vez que una organización sin ánimo de lucro seráexaminada de esta manera. La admisión de la queja indica que la OCDE mantendrá con WWF los mismos estándares en materia de derechos humanos que aplica a corporaciones con fines lucrativos.

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En 2016 esta niña baka fue torturada en Camerún por una patrulla antifurtivos financiada por WWF cuando tenía 10 años. © Survival International

WWF financia patrullas antifurtivos en Camerún y en otras zonas de la cuenca del Congo. Los bakas y otros pueblos indígenas vecinos de la selva han descrito abusos sistemáticos a manos de estas patrullas, incluidos arrestos y palizas, tortura e incluso muerte, desde hace más de 20 años.

Survival instó por primera vez a WWF a que cambiara su enfoque en la región en 1991, pero desde entonces la situación ha empeorado.

Indígenas bakas han testificado repetidamente ante Survival sobre las actividades de estas patrullas antifurtivos en la región. En 2016 un hombre baka dijo a Survival: “[La patrulla antifurtivos] golpeó a los niños y también a una mujer mayor con machetes. Mi hija todavía no está bien. La hicieron agacharse y la golpearon por todas partes: en la espalda, por toda la zona inferior de su cuerpo, con un machete.”

En dos cartas abiertas, los bakas suplicaban a los conservacionistas para que les dejaran quedarse en su tierra: “Los proyectos de conservación de la naturaleza necesitan ser indulgentes sobre cómo podemos utilizar el bosque (…) porque nuestras vidas dependen de ello.”

WWF ha rechazado las acusaciones de Survival. Reconoce que se han producido abusos pero, en una declaración de 2015, un portavoz declaró que este tipo de incidentes “parecen haber disminuido”, pese a los repetidos testimonios de los propios bakas. En su respuesta a la OCDE la organización citó la inestabilidad política de la región y dificultades en el proceso de creación de “áreas protegidas” para la conservación de la vida salvaje como las principales razones por las que las violaciones de derechos humanos habían tenido lugar. No negaron su implicación en la financiación, entrenamiento y equipamiento de los guardas.

Según el director de Survival, Stephen Corry: “que la OCDE haya aceptado nuestra queja supone un salto de gigante para pueblos indígenas vulnerables. Ellos ya pueden aprovechar las directrices de la OCDE para tratar de evitar que las corporaciones les hagan caso omiso, pero esta es la primera vez que se establece que las reglas también se aplican a ONG de escala industrial como WWF. El trabajo de WWF ha provocado décadas de sufrimiento para pueblos tribales en la cuenca del Congo. No ha hecho nada eficaz para abordar las preocupaciones de miles de indígenas desposeídos y maltratados a través de sus proyectos. Esto tiene que cambiar. Si WWF no puede asegurar que dichos proyectos se ajustan a los estándares de la ONU y la OCDE, sencillamente no debería financiarlos. Independientemente de la buena labor que pueda estar haciendo en otros lugares, nada justifica su financiación de violaciones de derechos humanos. Las grandes organizaciones conservacionistas deben dejar de participar en el robo de tierras indígenas. Los pueblos indígenas son los mejores conservacionistas y guardianes del mundo natural. Deberían estar al frente del movimiento medioambiental.”

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