La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha hecho público que, con miles de refugiados huyendo de Sudán del Sur, los países vecinos están sufriendo la presión derivada del elevado número de personas desplazadas y de la grave falta de financiación necesaria para atenderlas.
La región acoge ya a 930 000 refugiados y su número aumenta cada día, y Acnur señala este mes de agosto de 2016 que los fondos para cubrir sus necesidades básicas se están agotando.
El estallido de la violencia en Yuba en julio parece haber inclinado la balanza contra una inminente solución política del conflicto en Sudán del Sur. Hay numerosos informes de enfrentamientos armados esporádicos, violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia sexual y de género por parte de grupos armados, y sobre el empeoramiento de la inseguridad alimentaria, lo que inflige un inmenso sufrimiento. Las condiciones de seguridad son impredecibles, debido a los informes de la reanudación de los combates en los estados de Ecuatoria Central y Occidental, Bahr el Ghazal Occidental, Alto Nilo y partes de Unity.
Lo que agrava aún más la situación es el deterioro de la economía, que ha sufrido un aumento de la inflación sin precedentes, del 600 por ciento en el último año. Esta es la situación cuando se cu ole el aniversario del acuerdo de paz, firmado en agosto de 2015. En áreas consideradas previamente estables, como Gran Ecuatoria y Gran Bahr-el-Ghazal, unas 200 000 personas se han visto obligadas a huir de la violencia.
Uganda y Sudán han recibido 110 000 y 100 000 recién llegados respectivamente en 2016, sumando conjuntamente más del 90 por ciento de las llegadas contabilizadas en la región durante este año. La mayoría de los que huyeron a Sudán llegaron en los primeros seis meses del año debido a los combates en áreas previamente estables en el estado de Bahr el Ghazal Occidental, así como al deterioro de la seguridad alimentaria. Además de los números de refugiados, hay 1,61 millones de personas desplazadas dentro de Sudán del Sur.
En el caso de Uganda, tres cuartas partes de los refugiados llegaron tras el estallido del conflicto en julio, alcanzando picos de más de 8000 personas en un día. Los testimonios de los recién llegados, de los cuales el 90 por ciento corresponden a mujeres y niños sobre todo de Yuba y otras partes de Ecuatoria Central, señalan un colapso del orden público en las zonas de las que son originarios. Los refugiados describen una violencia incontrolada, que incluye asesinatos, enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados, robos y extorsiones por parte de estos últimos, que además impiden la salida de quienes no pueden pagar, así como agresiones sexuales a las mujeres. Los refugiados también cuentan que estos grupos armados están secuestrando niños mayores de 12 años en los colegios y amenazando a la población. También se apunta a un alza de las desapariciones de personas.
El Gobierno de Uganda ha abierto un nuevo asentamiento en el noroeste del país, en Yumbe, con capacidad para más de 100 000 personas. Se necesitan fondos de manera urgente para acelerar la reubicación de más de 45 000 refugiados que están en centros de recepción y de tránsito sobrecargados y severamente congestionados.
Con tanta gente viviendo en un espacio tan limitado, la posibilidad de que se produzcan brotes de enfermedades es alta. Los equipos de Acnur están supervisando de cerca la situación, pero se necesitan más recursos para responder eficazmente. Con algunos centros de recepción a más de cinco veces su capacidad, resultan críticas las intervenciones en materia de protección, particularmente las centradas en la prevención y la respuesta a la violencia sexual y de género, incluyendo servicios psicosociales. El elevado número de refugiados está sobrecargando los servicios locales de salud y educación.
El desarrollo del asentamiento Maaji III, que se abrió a principios de año, se ha visto paralizado, dejando a las instalaciones sin infraestructuras ni servicios básicos clave: por ejemplo la atención médica se está proporcionando en tiendas de campaña. En Adjumani, a unos 20 km de la frontera con Sudán del Sur, el abastecimiento de agua potable se hace a través de camiones cisterna -lo que ya de por sí resulta caro- hasta que se disponga de los recursos necesarios para perforar más pozos y ampliar los sistemas hídricos para que lleguen a las nuevas áreas de asentamiento. Adicionalmente, se precisará una inversión adicional importante para abrir nuevos asentamientos en los distritos de Adjumani y Yumbe.
Las lluvias torrenciales obstaculizan los esfuerzos de ayuda, retrasando las labores de reubicación y provocando daños en las carreteras. Se teme que, en caso de que se produzcan brotes de enfermedades, las capacidades y recursos existentes resulten insuficientes para responder de manera eficaz.
Ante la desesperada necesidad de la población de refugiados sursudaneses, cuyo número asciende ya a 930 000, Acnur se enfrenta a una crítica escasez de fondos. Con un 20 % de los fondos necesarios recibidos -122 millones de dólares sobre 608,8 millones- que Acnur necesita para proporcionar asistencia a los refugiados en Sudán del Sur y en los seis países de asilo, muchas actividades se han visto suspendidas para poder proporcionar apoyo esencial a los recién llegados. Las regiones remotas de Uganda, Sudán, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana son las más afectadas por esta escasez, ya que Acnur no contaba previamente allí con personal. Etiopía y Sudán, que han experimentado una afluencia masiva de llegadas, se han visto asimismo fuertemente afectados.
Acnur elogia la generosidad de los países que mantienen sus fronteras abiertas a los refugiados sursudaneses y les proporcionan terrenos para establecerse. En particular, la Agencia aplaude la generosa legislación y el régimen normativo ugandés sobre refugiados, que entre otros beneficios permite a los refugiados tener libertad de circulación, derecho a buscar empleo y pone a su disposición parcelas de tierra en los que construir sus hogares y poder cultivar.
Acnur apela a la comunidad internacional a que apoye a los países de asilo para proteger y asistir a los refugiados sursudaneses. La continuada escasez de fondos supondrá mayores desventajas para mujeres, niños y hombres que necesitan urgentemente de ayuda para superar el trauma del desplazamiento forzado y emprender la senda de la recuperación, la dignidad y la autosuficiencia. La incapacidad para proporcionar alimentos, cobijo, servicios básicos, asistencia psicosocial, educación y medios de subsistencia aumenta y prolonga la vulnerabilidad de la población refugiada.
