La condena a la trasnacional del banano Chiquita Brands, a pagar 38,3 millones de dólares a familiares de campesinos asesinados por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ya es percibida como un hito internacional en favor de los derechos humanos, informa la IPS desde West Palm Beach (EEUU).
El veredicto de un tribunal en esta ciudad del sudoriental estado de Florida «envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes», dijo Marco Simons, abogado de la organización ambientalista EarthRights International, que actuó en el caso.
Al cabo de un proceso que se extendió por diecisiete años, el jurado dictaminó que Chiquita Brands es responsable de ocho asesinatos llevados a cabo por las AUC, que la compañía financió con pagos regulares por al menos 1,7 millones de dólares, en la fértil región bananera del norte de Colombia, entre los años 1997 y 2004.
Agnieszka Fryszman, otra abogada que representó a demandantes, dijo que «el veredicto no devuelve a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por financiar el terrorismo donde corresponde: a las puertas de Chiquita».
Chiquita Brands es heredera de la United Fruit Company, que se asentó en Colombia y América Central tras su fundación en 1899. La corporación anunció que apelará el fallo que le ordena indemnizar a dieciséis familiares de agricultores y otros civiles asesinados en episodios separados por las AUC.
El fallo de Florida podría influir en cientos de demandas similares en tribunales estadounidenses presentadas por familiares de otras víctimas de la violencia de las AUC contra guerrillas izquierdistas, en el marco del conflicto armado interno que asoló a Colombia durante más de seis décadas.
«En un fallo histórico, un tribunal de Estados Unidos declara culpable a la empresa Chiquita de pagar a grupos paramilitares para proteger sus intereses económicos. Las AUC cometieron gravísimos abusos a los derechos humanos», dijo Erika Guevara Rosas, directora de investigación en la organización Amnistía Internacional.
Los crímenes de las AUC contra campesinos contribuyeron a fortalecer la presencia de Chiquita en las regiones de Urabá y Magdalena, en el norte de Colombia, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante el proceso judicial afirmó que la actuación de la compañía fue «moralmente repugnante».
Las víctimas recibieron la noticia como un reconocimiento de su sufrimiento y una oportunidad para ser reparadas.
Una de ellas fue citada por EarthRights International: «Estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas».
Por su parte, el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, criticó a la justicia de su país ante la evidencia de que fue un tribunal extranjero el que sentó en el banquillo de los acusados y condenó a la trasnacional que financió la violencia.
Aludió además a previsiones del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de su predecesor Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que fue la principal guerrilla del país y la mayoría de cuyos combatientes se desmovilizaron e integraron a la vida civil.
«Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de Estado que nos compromete ante el mundo, habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿por qué no lo tenemos?», volvió a interrogarse Petro.
En el caso de Chiquita, el tribunal de Estados Unidos aplicó el Código Civil colombiano, por tratarse de una empresa estadounidense cuyas decisiones fueron tomadas en ese país.
Concretamente, el artículo 2341, que establece que quien cause daño a otro, ya sea por un delito o culpa, debe indemnizar a la víctima, además de cualquier pena principal que la ley imponga, y el 2356, según el cual cualquier daño causado por actividades peligrosas debe ser reparado por quien lo causó.
De ese modo, por primera vez un jurado en Estados Unidos ha declarado responsable a una gran corporación estadounidense por su complicidad en abusos contra los derechos humanos en otro país, lo que puede considerarse un hito en la justicia.
La historia de Chiquita Brands está marcada por la de su predecesora United Fruit, corresponsable de la «Masacre de las bananeras», del 5 y 6 de diciembre de 1928, perpetrada por el ejército colombiano, atendiendo a llamados de la empresa, en la norteña población de Ciénaga.
El ejército disparó contra los trabajadores huelguistas, alcanzando también a mujeres y niños, y centenares de personas perecieron.
Incluso el Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez, recogió la masacre en su laureada novela »Cien Años de Soledad», con párrafos como: «Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio Segundo se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera al pasar por los pueblos dormidos veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo».
