Con el argumento de cumplir con las recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otros organismos nacionales e internacionales, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México enviaron a finales de abril de 2020 a sus países a 3653 personas migrantes y refugiados, entre ellas niñas, niños y adolescentes, todos originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Aunque el INM alegó que la medida trataba de evitar la propagación del coronavirus, Save the Children indica que las acciones para reducir el riesgo de contagio no justifican bajo ningún concepto que se atente contra los derechos humanos de los menores, quienes fueron retornados a sus países de origen, poniendo nuevamente en riesgo sus vidas.
En su opinión, la medida de liberación de estas personas, retenidas en estaciones migratorias, debía de estar acompañada de alternativas de alojamiento en México para garantizar la protección de los derechos de los pequeños y de los adolescentes y sus familias, por lo que la repatriación representa una violación de derechos, dado que la medida no ha tenido en cuenta que huyeron de un contexto de pobreza y violencia, que no solo continúa en sus países de origen, sino que tiende a exacerbarse.
Lo que está fuera de toda duda es que los efectos socioeconómicos de la pandemia profundizan las desigualdades. Por ejemplo, las personas tendrán mayores dificultades económicas debido a la crisis, con lo que las actividades delictivas, como las extorsiones y los secuestros, irán en aumento y pondrán en riesgo a más personas, quienes contarán con menos recursos, debido a que muchos de sus familiares en Estados Unidos no podrán enviarles sus remesas por la pérdida de empleos.
Situación crítica
«La situación para niñas y niños migrantes ya era crítica antes de la pandemia. Ahora, las personas migrantes tienen mayores dificultades para acceder a fuentes de empleo, contar con apoyos gubernamentales por la falta de documentos, o acudir a redes de apoyo formales e informales. Esta precariedad ha aumentado la ansiedad, frustración y vulnerabilidad de la población migrante, afectando a niñas, niños y adolescentes», ha señalado María Josefina Menéndez, CEO de Save the Children en México.
Además, la organización asegura que no tiene certeza de cuántas de las 17 202 personas solicitantes de refugio, entre ellas, niñas, niños, adolescentes, se encontraban detenidas en las estaciones migratorias y fueron devueltas sin haber concluido sus procedimientos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Esto significaría que el Estado mexicano no garantizó su protección cuando llegaron al país, obligándolos a regresar a los lugares en los que se encontraban en peligro.
Por todo ello, dicen sentirse alarmados, porque estas decisiones y acciones, argumentadas como medidas de prevención del contagio de COVID-19, pueden sentar un precedente mediante el cual, el Estado, especialmente el INM, «crea que está exonerado de cumplir con los tratados internacionales de protección de la niñez y la legislación mexicana en la materia».
En ese sentido, exhorta al Instituto Nacional de Migración mexicano a:
- No rechazar en la frontera o devolver a las niñas, niños, adolescentes y sus familias sin brindarles la oportunidad de iniciar el procedimiento de protección y restitución integral de derechos ante la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), el procedimiento administrativo migratorio para regularizar su estancia en el país, o el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
- Suspender la detención de familias integradas por niñas y niños que tengan una situación migratoria irregular o sean solicitantes de refugio, proporcionándoles alojamientos adecuados y dignos en donde puedan guardar la cuarentena en caso de presentar los síntomas de la COVID-19.
- Suspender los retornos y las deportaciones de estos grupos, a menos que exista un plan de restitución de derechos que incluya la evaluación y determinación del interés superior de la niñez por parte de la PFPNNA, y se establezcan los canales de comunicación respectivos con las autoridades del país de origen, para dar seguimiento a las recomendaciones y medidas de protección identificadas.
- Otorgar a las niñas, niños y adolescentes no acompañados y acompañados por sus familias, así como a los solicitantes de la condición de refugio, las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, para brindarles una estancia temporal en el país que les permita acceder a los derechos de educación, salud, protección y alimentación.
Hay que recordar que miles de menores huyen cada año de sus países de origen por temor a ser reclutados por organizaciones criminales, por sufrir situaciones de violencia tales como violencia de género, feminicidios y abuso sexual, así como explotación laboral, sexual y mendicidad.
