Con una mayoría de la población que desea el adelanto de elecciones generales y desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo, en un escenario de crisis política, económica y social, el país andino enfrenta un complejo escenario que desafía su democracia, informa Mariela Jara (IPS) desde Lima.
«Estamos frente a un grave retroceso de todo lo que se pudo avanzar después de la recuperación de la democracia cuando Alberto Fujimori huyó del país», declaró a IPS en una entrevista Ángel Páez, analista político y jefe de la unidad de investigación de La República, diario de centro izquierda fundado en 1981.
Castillo ganó unas polarizadas elecciones el 2021 venciendo por algo más de cuarenta mil votos a la derechista candidata Keiko Fujimori, hija y heredera política de Alberto Fujimori (1990-2000), quien desde el 2009 cumple condena de veinticinco años por delitos de corrupción y de lesa humanidad.
El apretado triunfo de Castillo en Perú, con más de 33 millones de habitantes, se dio gracias al voto de las regiones andinas y rurales que respaldaron sus promesas de gobernar en favor del pueblo, de los sectores más desatendidos por el Estado.
También apeló a su origen humilde, a su identidad campesina y su experiencia como maestro rural y sindicalista, con una orientación de izquierda en lo político, aunque conservadora en lo social, que fue percibido como un revulsivo de la desacreditada política tradicional, dominada por las elites de Lima.
Cuando acaba de cumplir su primer año de gobierno, el 28 de julio, Castillo no solo ha decepcionado a sus electores al no cumplir sus ofrecimientos, sino que enfrenta denuncias por corrupción y es el primer presidente del país que, en funciones, está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación.
El último sondeo, de este mismo mes, refleja que su índice de aprobación descendió hasta 24 por ciento desde el nivel de 53 por ciento con que inició su mandato, que en parte obedece a la impericia de su gestión, donde se han sucedido cuatro primeros ministros y habido numerosos cambios de gabinete.
En estos doce meses de gestión enfrenta cinco investigaciones en el Ministerio Público (fiscalía) y la oposición de sectores políticos del legislativo Congreso que busca destituirlo de sus funciones. Pero el Poder Legislativo afronta él mismo un rechazo profundo de la población, ya que cuenta con apenas diez por ciento de aprobación de la opinión pública.
La noche del martes 9, un tribunal ordenó la detención preliminar de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, hermana de su esposa Lilian Paredes, acusada de integrar una organización para lograr contratos con el Estado de manera irregular. Efectivos de la policía y de la Fiscalía allanaron Palacio de Gobierno en su búsqueda pero no la hallaron.
El presidente Castillo respondió con un breve mensaje a la nación en que esgrimió sus repetidos argumentos de que es víctima de un plan mediático para tomar el poder de manera ilegal e hizo un llamado a las fuerzas democráticas a unirse en defensa del Estado de derecho y el orden constitucional.
La corrupción mina la democracia
«El gran fracaso de nuestra democracia es haber permitido normalizar la corrupción. Lamentablemente la columna vertebral de este fracaso es que tenemos a los últimos expresidentes investigados por corrupción: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García quien se suicidó para evitar ir a la cárcel, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra», analizó Páez.
«Pero no son solo expresidentes, sino también los principales líderes de la oposición. Acá la corrupción no diferencia izquierda ni derecha». Páez se refirió así a que líderes de las organizaciones políticas que controlan el Congreso están siendo investigados.
«La Fiscalía ha pedido treinta años de prisión para Keiko Fujimori, José Luna, de Podemos Perú, es investigado por irregularidades en la inscripción de su partido, y Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, partido con el que ganó Pedro Castillo, tiene condena por corrupción e investigación por lavado de activos» reseñó el también docente universitario.
Páez llamó la atención sobre el hecho de que tras ser opositores políticos en las elecciones, el fujimorismo y la bancada de Cerrón se unan para aprobar leyes que marcan graves retrocesos en derechos alcanzados y lucha contra la corrupción.
Lamentó que en los últimos años los partidos políticos se hayan convertido en aparatos cuya finalidad es buscar representación en el Estado para defender sus propios intereses como por ejemplo llegar al Congreso para archivar denuncias contra sus líderes, o asociarse para llegar al Tribunal Constitucional.
«Recordemos que el fujimorismo de los años noventa, para imponerse y destruir la democracia, tomó el control del Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Y cuando creíamos que el fujimorismo terminó con la huida de Fujimori al Japón en el 2000 y su posterior condena, desgraciadamente vemos que se está repitiendo esa dinámica, aunque de distinta manera», alertó.
Salida a la crisis: más preguntas que certezas
A la par del derrumbe político, Perú está soportando una fuerte alza de precios que ha elevado el costo de vida, han subido los combustibles y los alimentos, situación que golpea a la población en pobreza que en promedio alcanza a 30 por ciento.
Además existe la amenaza de inseguridad alimentaria ante el retraso de la campaña agrícola del presente año por falta de fertilizantes. Denuncias de irregularidades en las licitaciones públicas han impedido hasta la fecha su adquisición.
Para Imy Ganoza, presidenta de la Asociación Nacional de Centros, institución con treinta años de existencia que agrupa a las organizaciones no gubernamentales del país, la crisis es muy compleja y las salidas que se presentan no parecen muy viables.
Dicha Asociación respaldó en la segunda vuelta electoral el voto responsable por Castillo frente a la alternativa de impunidad que representaba la opción de Keiko Fujimori.
«No se le dio un cheque en blanco, y teníamos serios cuestionamientos, sobre todo las feministas, frente al fundamentalismo del líder Vladimir Cerrón, opuesto a los derechos de las mujeres y por las denuncias de corrupción en su contra», precisó.
Feminista, psicóloga y fundadora del no gubernamental Centro Micaela Bastidas en la región norcostera La Libertad, Ganoza explicó que durante el primer año de gobierno se han venido pronunciando públicamente exigiendo al Ejecutivo que cumpla con su hoja de ruta de respeto a la institucionalidad democrática, lucha contra la corrupción y afirmación de derechos, así como al Congreso para cesar con la polarización.
Un ejemplo del incumplimiento de Castillo, remarcó Ganoza, fue que el presidente incumplió su compromiso de no promulgar la Ley 31498 que autoriza a los padres a revisar los contenidos de los textos escolares, con el fin de eliminar del currículo escolar el vigente enfoque de género y la educación sexual integral.
La iniciativa fue impulsada por sectores conservadores del Congreso, opuestos al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y Castillo se había comprometido a evitar que se convirtiera en ley, acogiendo la gran demanda ciudadana en ese sentido. Pero sus creencias conservadoras prevalecieron, aunque la norma hasta ahora no ha sido reglamentada.
En la actualidad, la Asociación es parte de la autodenominada Coalición Ciudadana, formada por 120 instituciones de sociedad civil autoconvocadas para acordar una agenda ciudadana de mediano y largo plazo, concertar reformas políticas y electorales y demandar el adelanto de elecciones generales.
«En términos globales estamos de acuerdo con la propuesta, pero no la vemos necesariamente viable. El contexto político se mueve muy rápido y no estoy segura de que el tiempo nos alcance, podría darse la vacancia presidencial por parte del Congreso», reflexionó en diálogo con IPS desde la ciudad de Trujillo, capital de La Libertad.
«Además, es urgente conectar con las demandas de la gente de a pie si se trata de hacer esa agenda ciudadana», subrayó.
Ganoza mencionó la angustia cotidiana de la población por asegurar su alimentación, salud, educación. «Cómo se movilizarían para defender una democracia que no les garantiza sus derechos», dijo.
Planteó que para contar con una agenda que tenga eco en la población es necesario hacerla con los gremios, sindicatos, organizaciones sociales de base.
«Pero ellos no están en la Coalición Ciudadana, y para mi es fundamental que juntos tengamos una propuesta que después nos permita ir a dialogar y consensuar las reformas con quienes representan posiciones liberales o de centro en ese espacio», detalló.
