Las nuevas normas con las cuales Cuba aspira a diversificar y potenciar sus actores económicos abren oportunidades para negocios relacionados con el desarrollo sostenible, las soluciones tecnológicas e innovación y con positivo impacto ambiental, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
Dentro del paquete normativo anunciado el 19 de agosto sobresale el decreto ley que finalmente dará luz verde a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en vigor a partir del 18 de septiembre 2021.
Las disposiciones proyectan asimismo el aumento de la gestión de cooperativas no agropecuarias y del trabajo autónomo, muy deprimido por los efectos del coronavirus y que llegó a emplear a más de 600.000 personas, equivalente a 13 por ciento de la fuerza laboral de este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes.
«Cuando un emprendimiento adquiere mayores dimensiones tanto en niveles de facturación como en su patrimonio, y además logra expandir sus mercados hasta el exterior, su migración hacia una forma de organización empresarial es natural», opinó el ingeniero Pavel Sánchez, coordinador del proyecto Ecomadera Cubana.
Surgido como una pequeña industria en el municipio de Cabaiguán, a unos 330 kilómetros al este de La Habana, este negocio autónomo sobresale desde 2014 por la producción de madera plástica, o ecomadera, resultado del procesamiento de distintos tipos de polímeros.
En diálogo con IPS desde su ciudad, Sánchez ponderó que las normas dotarán a emprendimientos como el suyo de «una personalidad jurídica que le dé credibilidad ante las nuevas negociaciones y posicionamiento en mercados más exigentes».
Con la ecomadera se elaboran tablas, columnas, vigas y viguetas cuya liviandad y resistencia a variables climáticas y microorganismos la hacen idónea para construir pérgolas, enchapes de paredes, pasarelas y puentes en las dunas, entre otras producciones muy demandadas en el turismo, por ejemplo.
Dicho emprendimiento que comenzó procesando catorce toneladas anuales de desechos plásticos, en la actualidad gestiona unas quinientas y para 2022 proyecta duplicar esa cantidad.
Además de estar presente en varias de las quince provincias cubanas, en diciembre de 2020 Ecomadera comenzó la inserción en el mercado internacional mediante su primera exportación de veinticuatro toneladas de madera plástica hacia República Dominicana.
«El paquete normativo es muy positivo y permite solucionar unas de las deficiencias del modelo (de desarrollo socialista) que era estigmatizar el papel de la empresa privada… y las mipymes podrían ser grandes productoras de bienes y servicios», indica el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.
El 16 de agosto 2021, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó en La Habana el proyecto de ciclomovilidad VéloCuba, enfocado en la restauración, mantenimiento y reparación de bicicletas, escuela de mecánica y renta de ciclos, así como el emprendimiento Abdimensional, especializado en la fabricación digital, a partir de impresiones en tres dimensiones (3D).
En ambos negocios, liderados por jóvenes, el mandatario evaluó el aporte a proyectos de desarrollo local y a encadenamientos productivos entre el sector privado y empresas estatales, mientras se refirió a la posibilidad de que transiten en lo inmediato hacia una mipyme, señaló un comunicado oficial.
Por fin las mipymes en Cuba
La legalización de las mipymes es un viejo reclamo de economistas, entre otras propuestas para dinamizar la centralizada economía cubana, urgida de ritmos de crecimiento de al menos seis por ciento anual del producto interno bruto.
Expertos han insistido, además, en la importancia de desatar plenamente las fuerzas productivas en un país con una base productiva e infraestructura descapitalizada, baja productividad y una profundización de la crisis debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19, la pérdida de las principales fuentes de ingresos y el reforzamiento del embargo estadounidense, vigente desde 1962.
De acuerdo con las normativas, las mipymes podrán ser de propiedad estatal, privada o mixta, y se constituirán como sociedades mercantiles mediante la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada.
El contador, gestor de negocios y formador en temas empresariales Darién García dijo a IPS que algunos emprendimientos relacionados con la informática y las tecnologías digitales están en condiciones de transitar hacia mipymes.
«Conozco muchos muy bien organizados y con capacidad para el cambio, al igual que algunas minindustrias, no solo de alimentos, sino también de producción de materiales y servicios de la construcción, y los de elaboración de muebles», entre otros, significó García.
Otras normas también pudieran ser aprovechadas por emprendimientos cuyos bienes y servicios contribuyan a reducir las emisiones de dióxido de carbono.
A fines de julio, el Ministerio de Energía y Minas y el de Finanzas y Precios dictaron resoluciones para que las personas naturales puedan importar libres de impuestos aduaneros y sin fines comerciales, sistemas fotovoltaicos, así como equipos, partes y piezas que generen o funcionen como fuentes renovables de energía.
Cuba se ha propuesto para 2030, que al menos 24 por ciento de la producción energética nacional ocurra a partir de energías limpias.
Las normas relacionadas con el ordenamiento y ampliación del trabajo autónomo, cooperativo y empresarial toman en cuenta el denominado Clasificador Nacional de Actividades Económicas para prohibir total o parcialmente al emprendimiento privado unas 112 de ellas, mientras abren a ese sector un prontuario de unas 2100 posibles cuyo alcance lo determinará el proyecto que presente quien decida emprender.
Obstáculos para el despegue
«El paquete normativo es muy positivo y permite solucionar unas de las deficiencias del modelo (de desarrollo socialista) que era estigmatizar el papel de la empresa privada… y las mipymes podrían ser grandes productoras de bienes y servicios», valoró en diálogo con IPS Omar Everleny Pérez Villanueva.
Sin embargo, el experto llamó la atención sobre el «poco halagüeño entorno económico», donde persiste «la carencia de divisas, el turismo (una de las principales fuentes de ingresos) es casi nulo, lo cual provoca una crisis de desabastecimiento nacional, y esto necesariamente influirá en el despegue de este tipo de empresas».
Subsisten interrogantes con respecto al paulatino crecimiento y ganancias de los negocios.
El artículo 30 de la Constitución subraya que el Estado regula la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales y garantiza {una cada vez más justa redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social».
«En Cuba nunca se ha definido qué se considera tener un alto nivel de ingresos. Tampoco aparece en las actividades permitidas, con fuerza, el papel de los profesionales, y no se permitirá a la emigración cubana crear empresas», observó Pérez Villanueva.
El experto mencionó como obstáculos para la actividad privada los relacionados con «los capitales de trabajo, cómo obtener préstamos para el desarrollo de los negocios, en qué moneda –persiste una dolarización parcial de la economía- y cuál es una cantidad racional que puedan prestar los bancos».
La Ley de Inversión Extranjera, de 2014, permite que cubanas y cubanos residentes en otros países –una comunidad estimada en 1,6 millones de personas-, inviertan en proyectos delineados en la Cartera de Oportunidades.
Según las nuevas normas, pueden ser socios de una mipyme únicamente las personas naturales residentes permanentes en Cuba, mayores de dieciocho años; y solo se podrá estar como asociado de una.
Expertos en el tema analizan que tampoco queda claro cómo las mipymes privadas pudieran acceder a inversiones directas de capital foráneo, dado que las normativas prohíben contar con un socio extranjero.
Persisten asimismo preocupaciones relacionadas con límites que el gobierno ha definido como líneas rojas con respecto a la importación comercial privada –solo están autorizadas 42 entidades estatales a brindar servicios de exportación e importación al sector privado-, y la imposibilidad para el ejercicio autónomo de profesiones como la arquitectura, el derecho, guías turísticos o el periodismo, entre otras.
A ello se suma la ausencia de un mercado mayorista con variedad de ofertas, estables y a precios competitivos, y la necesidad de una política fiscal que combine créditos, impuestos y ayudas estatales, a fin de incentivar y proteger el tejido cooperativo y empresarial, muy vulnerables ante escenarios de crisis.
