Chile puso término este domingo 17 a un largo e infructuoso proceso para aprobar una nueva Constitución con el plebiscito en que triunfó la opción «En contra», dando un contundente rechazo de 55,76 por ciento de los votantes a la propuesta elaborada por un Consejo Constitucional controlado por el Partido Republicano, de extrema derecha, informa Gustavo González (IPS) desde Santiago.
La búsqueda de una carta fundamental «nacida en democracia», que reemplazara a la que impuso en 1980 la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), comenzó en noviembre de 2019 y se cierra tras dos elecciones de constituyentes y dos plebiscitos que tuvieron en común el fracaso de los respectivos proyectos constitucionales, de signo opuesto.
El presidente Gabriel Boric ratificó en la noche del domingo el fin durante su gobierno de este maratónico proceso constitucional que «estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía».
«Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras», subrayó el mandatario izquierdista de 37 años, quien llamó a avanzar en reformas en los sistemas de pensiones y salud, en el combate al crimen organizado y el narcotráfico y en un pacto fiscal que genere recursos para alcanzar esos objetivos.
En el plebiscito, de voto obligatorio, acudió a las urnas 84,4 por ciento del padrón electoral. La opción «En contra» se impuso con 55,76 por ciento de los sufragios válidos y ganó en trece de las dieciséis regiones del país. La opción «A favor», con 44,24 por ciento, solo triunfó en los tradicionales bastiones agrarios y conservadores del centro de Chile y en la conflictiva región de la Araucanía.
Las encuestas anticiparon la victoria del sufragio «En contra», aunque la extrema derecha albergaba esperanzas en una sorpresa de «la mayoría silenciosa», que no se produjo. Así, el resultado fue recibido sin algarabía, aunque en los círculos progresistas, y sobre todo en las organizaciones feministas, se recibió con alivio la derrota de la apodada «Kastitución».
Ese fue el apodo que se dio a la propuesta del Consejo Constituyente que recogió los planteamientos de José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, de extrema derecha, que en los hechos subordinó a los partidos que se autodefinen como centroderecha: Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópoli (Evolución Política).
Una derecha crecida… y derrotada
La campaña del «A favor», que recibió millonarios aportes financieros, tuvo el respaldo de los presidentes de los gremios empresariales, así como de la disidencia de la Democracia Cristiana agrupada en el Partido Demócrata, y de los Amarillos por Chile, un grupo variopinto surgido en la oposición al anterior proyecto constitucional, de corte progresista, rechazado en el plebiscito de septiembre de 2022.
Aunque la Democracia Cristiana se decantó «En contra», desde sus filas el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) se abanderó con el «A favor», junto al derechista exmandatario Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022). La expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y el expresidente socialdemócrata Ricardo Lagos (2000-2006) hicieron campaña por la opción «En contra».
Kast y otros líderes de la derecha reaccionaron a su derrota con llamadas a dar vuelta la página, demonizaron el estallido social de 2019 que abrió cauce al proceso constitucional y emplazaron al gobierno de Boric a «trabajar y hacerse cargo de los problemas reales de la gente».
Estas reacciones no alcanzan a ocultar la frustración de los republicanos y sus aliados, que se consideraron fortalecidos por la adhesión a su propuesta del Partido Demócrata y de los Amarillos, y que incluso en las jornadas previas a la votación levantaron la idea de que este plebiscito sería también un juicio al gobierno de Boric.
Hubo asimismo un sector de extrema derecha encabezado por el senador Rojo Edwards, desprendido del Partido Republicano, que votó «En contra», y que ahora se vanagloria de haber preservado la constitución del dictador Pinochet con su impronta neoliberal, que asigna al Estado un rol subsidiario y lo desconoce como garante de derechos sociales.
Lo cierto es que la carta fundamental impuesta en un irregular plebiscito en 1980 ha tenido numerosas enmiendas desde el fin de la dictadura en 1990. Las reformas más trascendentales tuvieron lugar el año 2005, al punto que se habla de «la Constitución Pinochet-Lagos», en alusión al presidente Ricardo Lagos.
Así, la continuidad de esa Constitución resultó a la postre aceptable para las dos coaliciones con las cuales gobierna Boric desde marzo de 2022: Apruebo Dignidad, conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y el Socialismo Democrático, cuyos ejes son el Partido Socialista y el Partido por la Democracia.
Republicanos en la órbita de Trump y Milei
A la postre, quien graficó mejor el significado del rechazo a la «Kastitución» fue la abogada independiente Verónica Undurraga: «El triunfo del ‘En contra’ no es un resultado para celebrar, pero es el resultado menos malo en un proceso que lamentablemente no terminó bien», señaló a radio Cooperativa.
Agregó que por parte de la derecha «hubo una apuesta muy pensada en este proceso de seguir fórmulas muy probadas en Estados Unidos o Argentina: se buscó aprobarla (su propuesta constitucional) con una campaña extremadamente agresiva y descalificatoria», dijo en implícita alusión a los estilos de Donald Trump y Javier Milei.
Undurraga presidió el llamado Comité de Expertos que debía resguardar consensos previos de los partidos políticos y asesorar al Consejo Constituyente. Sin embargo, la mayoría de sus recomendaciones fueron ignoradas por los consejeros republicanos para la elaboración de la propuesta derrotada en este último plebiscito.
En síntesis, lo más trascendente de la continuidad de la carta fundamental «Pinochet-Lagos» radica en que se impidió el intento de la extrema derecha de dar rango constitucional a las administradoras privadas de los fondos de pensiones y de las cotizaciones de salud, así como la pretensión de anteponer las leyes nacionales a los tratados internacionales.
Fue fundamental igualmente el rechazo al articulado de «defensa de la vida del que está por nacer», que ponía en riesgo la vigencia de una ley aprobada tras largas luchas feministas bajo el gobierno de Bachelet, que instituyó tres causales de aprobación del aborto: violación, inviabilidad del feto y riesgo de la salud de la madre.
Otra propuesta que suscitó gran rechazo fue la que planteaba liberar del pago de impuestos a la «primera vivienda», que favorecía a sectores de altos ingresos en los municipios más ricos e impedía recaudar recursos generales para obras de alcance social en las comunas más pobres.
Como en La Odisea, el proceso constitucional chileno devino en un manto de Penélope cuyo tejido se armó y desarmó en un telar proselitista que a la postre acarreó desprestigio a una devaluada clase política, incapaz de arribar a acuerdos y que sometió a la ciudadanía a polarizaciones.
Cerrado este largo capítulo, el destino de este país de diecinueve millones de habitantes sigue en una suerte de limbo, donde al menos se dará un respiro al electorado, mientras las colectividades políticas tendrán tiempo para pensar en futuras confrontaciones.
Así, los efectos de estos fallidos ensayos constitucionales y de las lecciones que se extraigan de ellos, se podrán medir dentro de diez meses, el 24 de octubre de 2024, con las elecciones de gobernadores y consejos regionales, y de alcaldes y concejos municipales.
Este será el preámbulo de las elecciones generales del 16 de noviembre de 2025, que incluirán la primera vuelta de las presidenciales, la renovación total de la Cámara de Diputados y de la mitad del Senado. Será el último desafío en las urnas para el gobierno de Boric, cuyo periodo finalizara en marzo de 2026.
