El día 3 de mayo fue acordado a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, e impulsado por el movimiento asociativo el Día Nacional de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En este día se pretende tanto conmemorar como reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio en el paradigma de la discapacidad a la hora de abordarla tras su aprobación y ratificación en 2007 en la Asamblea General de la ONU.
La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. Los principios y los derechos que se reconocen en la Convención comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone la consagración del enfoque de derechos a la hora de diseñar políticas dirigidas a este colectivo.
De igual forma, la convención, supuso un cambio de paradigma en los enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo en el que las personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social a un modelo en el que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derechos humanos, activas en las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para reivindicar sus derechos. Este enfoque considera que las barreras de la sociedad, como los obstáculos físicos y las acti- tudes negativas, a que se enfrentan las personas con discapacidades son los principales obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos.
Gracias a ella, se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y el Estado está obligado a garantizar que su ejercicio sea pleno y efectivo.
Todo ello ha supuesto importantes cambios, entre los que destacan la visibilidad de este grupo social dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el hecho de contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
Aunque todos los tratados internacionales de derechos humanos se extienden a las personas con discapacidad, este gran colectivo de personas sigue padeciendo discriminación y a menudo no se respetan sus derechos humanos en condiciones de igualdad con los demás. Esta Convención:
- Define explícitamente y aplica los principios de derechos humanos existentes a las personas con discapacidad;
- Ofrece una base autorizada e internacionalmente acordada para el desarrollo de legislación y políticas internas;
- Establece mecanismos nacionales e internacionales para una supervisión más efectiva
de los derechos de las personas con discapacidad, incluida la presentación de informes periódicos sobre la aplicación de la Convención y Conferencias de los Estados Partes; - Reconoce las circunstancias especialmente vulnerables de los niños y de las mujeres con discapacidad.
- Los derechos civiles y políticos son derechos que una persona puede ejercer en su papel de ciudadano, como el derecho al voto, el derecho a participar en las decisiones del Gobierno, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a gozar de la misma protección de la ley que los demás. Los derechos culturales protegen el disfrute por parte de una persona de su propia cultura. Los derechos sociales protegen y promueven a la persona en cuanto miembro de la sociedad, como el derecho a la educación y el derecho a la salud. Los derechos económicos protegen y promueven la seguridad y la independencia económicas de la persona, como el derecho al trabajo.
Según el ejecutivo español, la legislación española es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y está a la cabeza en los países de la UE en esta materia aunque queda mucho por hacer aún.
