El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha propuesto al Ministerio del Interior que sea incorporada la variable de la discapacidad en los estudios y estadísticas que se llevan a cabo en la Oficina contra los Delitos de odio dado el aumento de los mismos.
Las personas con discapacidad, añaden, aportamos nombre y rostro a estas perturbadoras estadísticas que constatan que el estigma pervive y que la tan invocada inclusión no ha penetrado en estos espacios de sufrimiento y dolor.
La ineficacia de las políticas públicas para cumplir y hacer cumplir la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, en concreto el artículo 16, sobre protección contra la explotación, violencia y abuso, así como el 8, sobre la toma de conciencia que sin duda contribuiría a fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y a erradicar la visión lastimosa y dañina hacia estas personas, añaden.
Entre las líneas operativas de prevención e investigación en materia de delitos de odio, se plantea el empoderamiento de las personas con discapacidad para que sean identificados todos los actos delictivos y por ello se denuncien y se incorpore la accesibilidad universal en los espacios, servicios, procesos de denuncia con las consiguentes campañas informativas accesibles.
Es por tanto necesario, incorporar estas medidas y la atención a las víctimas de delitos de odio de forma que se garantice la escucha y la recepción del testimonio de la víctima con discapacidad.
Es necesario también revisar según el CERMI ante el aumento de los delitos de odio, el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se incorpore de igual forma, un enfoque inclusivo de la discapacidad. Las personas normalmente no saben cómo actuar frente a una persona con una discapacidad y muchas mantienen cierta distancia o bien en el trato o bien en la inclusión a la hora de considerarlos iguales. En el extremo más complejo, existe un trato vejatorio, discriminatorio y poco inclusivo en muchos sectores de la sociedad que van desde la escuela y el instituto hasta la universidad en donde los estudiantes siguen sintiéndose distintos. El trato del «pobrecito», el acoso escolar, o las burlas a las personas con discapacidad siguen siendo una realidad en aumento en España; actos y delitos de odio contra estas personas que son únicamente son víctimas de su condición.
