Mientras el presidente del gobierno catalán cavila sobre los lazos, los colores y las pancartas, y anda a vueltas con la república y el independentismo, una gran parte de los ciudadanos de esa autonomía lo está pasando francamente mal por el deterioro de su economía.
El Insocat de ECAS, Entidades Catalanas de Acción Social, de primeros de marzo de este 2019, informa de que el 23,8 % de la población está en riesgo de pobreza y exclusión, porcentaje que se dispara hasta el 47,7 % entre la población extranjera.
Después de haber disminuido entre 2014 y 2016, las desigualdades vuelven a crecer en Cataluña, asegura, pues así lo reflejan los dos indicadores principales, el de Gini y el S80 / 20, recogidos en el informe Insocat que periódicamente elabora ECAS.
Su última edición, titulada “Trabajo precario, vivienda privada y falta de inversión social, ha sido elaborado con datos de diversas fuentes oficiales y análisis cualitativos de profesionales de entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables.
La presidenta de ECAS, Sonia Fuertes, ha señalado que, a pesar de los últimos años de supuesta recuperación económica, «la mejora no repercute en el conjunto de la sociedad y, especialmente, las clases desfavorecidas siguen muy castigadas por un modelo socioeconómico que genera pobreza y desigualdades de manera estructural».
La vocal de pobreza de ECAS, Teresa Crespo, ha remarcado que «la falta de políticas públicas transformadoras y la insuficiente inversión social hacen que las desigualdades se perpetúen y la pobreza se cronifique». Los fuertes recortes de la Generalitat durante los años centrales de la crisis (2010-2014) no se han revertido: el gasto conjunto en salud, educación, protección y promoción social y vivienda se redujo en más de 4000 millones de euros, de los cuales sólo se han recuperado 1800 millones.
El sistema de protección social no cubre todas las necesidades y hay colectivos especialmente desatendidos. Mientras en los ancianos la tasa de riesgo de pobreza se reduce del 84,6 % al 15,5 % gracias a las transferencias sociales, en el caso de los niños y jóvenes sólo es de un 5 % y 27,7 %, respectivamente.
El mercado laboral y el inmobiliario, ambos caracterizados por la inestabilidad y el abuso, son dos grandes generadores de pobreza y exclusión. El 87 % de los nuevos contratos que se firman son temporales, y la tasa de pobreza en el trabajo continúa subiendo, pues el 12,2 % de las personas con trabajo no superan el umbral de la pobreza. «Muchas personas usuarias de nuestros puntos de distribución de alimentos trabajan a jornada completa», asegura Xavi Loza, director de la fundación social de jesuitas La Viña.
La tasa de jornadas parciales es del 22,2 % en las mujeres, frente al 7,3 % de los hombres. Las dificultades de conciliación y la sobrecarga para las tareas domésticas y de cuidados se ceban con las mujeres, que también cobran menos: el 17,8 % de las trabajadoras asalariadas tienen unas ganancias anuales inferiores al salario mínimo interprofesional, 7,8 % en el caso de los hombres.
En cuanto a la vivienda, ser propietario o inquilino marca la diferencia. La tasa de riesgo de pobreza se duplica entre los inquilinos: 33 %, frente al 14,8 % de los propietarios. En los últimos quince años el precio del alquiler ha crecido un 48 % en Cataluña y actualmente el 64,8 % de los desahucios son por impago del alquiler, frente al 28,8 % de ejecuciones hipotecarias. En la ciudad condal se concentra una quinta parte de los desahucios y en un 85 % de los casos (2139 de 2519) están relacionados con el alquiler.
Con todo respeto, le preguntaría al señor Quim Torra, ¿por qué se ha llegado a esa situación?, ¿qué está haciendo su gobierno para paliar estos problemas?, ¿la culpa también la tiene el gobierno de España? Y una última cuestión: ¿Cree que su “república” solventaría esas carencias?
También puede responder algún miembro de su gobierno. Eso sí, con argumentos, sin proclamas ni soflamas.
