Los pueblos indígenas de todo Brasil se están movilizando en Brasilia en una semana de protestas contra el ‘Marco Temporal’, el proyecto de ley 490 conocido como el ‘Proyecto de Ley de la Muerte’, así como contra otros planes y acciones genocidas del Gobierno de Bolsonaro. Un buen número de países les está apoyando.
Esta es una propuesta presentada por el sector del agronegocio, que defiende que los pueblos indígenas solo tienen derecho al territorio que ocupaban físicamente el 5 de octubre de 1988, día en que entró en vigor la actual Constitución. Y el Tribunal Supremo brasileño debe pronunciarse al respecto.
La trampa del Marco Temporal supone una amenaza para cientos de territorios indígenas, cientos de miles de indígenas y decenas de pueblos indígenas no contactados, entre ellos los xoklengs, uno de los territorios sobre el que decidirá el Tribunal Supremo, que juzgará sobre la validez o no de la teoría del Marco Temporal.
A principios del siglo pasado el Gobierno brasileño propició que gran parte del espacio de los xoklengs y otros territorios indígenas fueran adjudicados a colonos europeos. El Gobierno también financió la llamada «milicia de caza de indios», que aceleró el acaparamiento colonial de tierras y el genocidio de los pueblos indígenas.
El Tribunal Supremo podría ahora fijar para siempre los efectos de estas y posteriores expulsiones, sentando un precedente que tendría gravísimas consecuencias para los pueblos indígenas de Brasil.
En el caso de los guaraníes, casi toda su tierra fue robada antes de 1988 y ahora se utiliza para el agronegocio. Serían de los más perjudicados. Su lucha para recuperar sus tierras, que ya es una batalla descomunal, sería aún más difícil y sangrienta.
La existencia y ubicación de los kawahivas no contactados se confirmó oficialmente después de 1988, como la de muchos otros pueblos indígenas de la misma condición.
Existen muchos otros pueblos indígenas no contactados, cuya existencia aún no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno, a pesar de las numerosas pruebas que existen. Hay 86 casos de este tipo. Uno de ellos es el de los pueblos del territorio indígena Ituna Itatá, cuya Ordenanza de Protección de emergencia está a punto de expirar.
Si se aprueba, la trampa del Marco Temporal supondría retroceder décadas en la lucha por los derechos indígenas y podría acabar con pueblos enteros de indígenas no contactados. El movimiento indígena y sus aliados estamos movilizándonos para que este peligroso proyecto de ley se descarte.
Caroline Pearce, directora de Survival Internacional, ha declarado que «esta es la sentencia judicial más decisiva para los pueblos indígenas de Brasil desde hace décadas. Está en juego el futuro de cientos de miles de personas. También es una prueba crucial para el poder judicial y la democracia brasileños. Los jueces del Tribunal Supremo deben defender la Constitución que reconoce los derechos originarios de los pueblos indígenas a sus tierras como primeros habitantes del país».
Las movilizaciones no se quedan en Brasil, porque la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, está liderando la acción internacional ‘Lucha por la vida’, que está teniendo eco en ciudades como San Francisco y Londres, donde se están realizando protestas delante de las embajadas brasileñas.
La ONU, muy crítica
Mientras conservacionistas y líderes mundiales se preparan para reunirse en Marsella (Francia) con motivo del Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, que se celebrará del 3 al 11 de septiembre, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente ha publicado un contundente informe, en el que argumenta que alcanzar los objetivos medioambientales «exige un cambio drástico de la conservación de siempre». Su informe aboga en su lugar por un enfoque radicalmente diferente, basado en los derechos.
El congreso de la UICN propondrá ampliar los actuales esfuerzos en materia de conservación de la naturaleza, en particular el llamamiento a expandir las ‘Áreas Protegidas’ para que ocupen el 30 por ciento del planeta.
Por su parte, este revelador informe del relator de la ONU David Boyd critica los «fracasos» del modelo actual y en su lugar reclama «un enfoque transformador» que ponga los derechos humanos y a los pueblos indígenas en el centro de la conservación de la naturaleza, incluso en el controvertido Marco Mundial de la Biodiversidad posterior a 2020.
Los conceptos novedosos del documento de Boyd serán ampliados en el contracongreso que tendrá lugar antes del Congreso de la UICN en Marsella, los días 2 y 3 de septiembre, con el título de Nuestra tierra, nuestra naturaleza, del que informábamos el pasado mes de julio.
Se necesita el apoyo de todos
También la Fundación Nacional de Indígenas, Funai, tiene que actuar y renovar las respectivas ordenanzas que afectan a estos territorios indígenas, puesto que las personas que viven en ellos corren grave peligro de exterminio.
Los acaparadores de tierras, madereros, mineros y pistoleros se frotan las manos, puesto que cerca de cuatro territorios de la Amazonía con presencia de pueblos indígenas aislados pueden perder protección legal y ser invadidos, deforestados y devastados.
En ese sentido, un colectivo de organizaciones indígenas ha lanzado una petición para recoger firmas y aumentar la presión sobre el gobierno federal y Funai para renovar las ordenanzas que protegen las tierras indígenas de los pueblos aislados.
La campaña invita a los ciudadanos de todo el mundo a comprometerse con la causa y a tomar acciones para salvar la vida de estos pueblos.
Encabezada por la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) y por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas Aislados y Contactos Recientes (Opi), la petición en línea estará dirigida al presidente de Funai, Marcelo Xavier.
La campaña se centra en presionar a Funai para renovar cuatro ordenanzas, que expiran en enero de 2022. Las referidas a las tierras de los piripkura, jacareúba/katawixi y piriti expiraron en 2021. En enero del próximo año vencen las que ampara la IT Ituna-Itatá. De no renovarse las ordenanzas, los habitantes originarios de estos territorios quedarán totalmente desprotegidos, bajo grave riesgo de ser diezmados por la acción de los invasores, que han intensificado la presencia y degradación ambiental en la zona en los últimos meses.
Entre las tierras habitadas por indígenas aislados, el territorio piripkura fue el más afectado por la deforestación ilegal en 2020. Entre agosto del año pasado y abril de este año, 2132 hectáreas de sus bosques fueron ilegalmente destruidas. Solo en marzo de 2021, se abrió clandestinamente un área de 518 hectáreas en el territorio.
