Ileana Alamilla[1]
El menú que la criminalidad ha impuesto en Guatemala, con graves secuelas para nuestra seguridad, soberanía, desarrollo y democracia, es tan amplio como el volumen de ganancias que generan sus acciones ilícitas.
Tenemos instituciones estatales debilitadas por políticas que casi las redujeron a la nada, por incapacidades de gobernantes y por la infiltración del crimen en algunas de sus estructuras. Vivimos en una sociedad también permeada por la criminalidad, y en un país donde la pobreza y la exclusión son sus principales problemas.
Todo lo anterior constituye la combinación perfecta para que los actores criminales implanten su poder y cercenen nuestra ya disminuida posibilidad de vivir en un ambiente de paz y tranquilidad.
Toda esta situación, que se vino a sumar a la problemática estructural que no encontró solución con los compromisos, incumplidos, firmados en los acuerdos de paz, nos está devorando. Los análisis y diagnósticos apuntan a que este problema es parte de los grandes desafíos que afrontan los gobernantes de la región, pues es sabido que la transnacionalización del crimen hace que la atención al problema deba ser multinacional e integral.
La proliferación de negocios ilícitos, que generan enormes ganancias, capaces de cooptar, comprar, sobornar y corromper, es evidente, especialmente en aquellas áreas que permiten a ese capital ilícito desarrollar sus actividades con seguridad, lo que implica que cuentan con una base social, con actores clave en el Estado que les garantizan impunidad y, por lo tanto, la permanencia y reproducción de sus negocios.
La Ley contra la Delincuencia Organizada tipifica diversos delitos, pero de acuerdo con un reciente estudio presentado por Asíes, como un aporte al proceso de fortalecimiento del sistema de justicia en el que dicha entidad viene participando de manera sistemática, a pesar de que es una valiosa herramienta que particulariza esas actividades criminales, necesita de voluntad, decisión y recursos para que no quede en letra muerta.
Una de las principales conclusiones es que, pese a que Guatemala está adscrita a la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada y del reconocimiento estatal sobre la importancia de un documento político que contenga la política criminal, al momento no se tiene ese instrumento indispensable y complementario a la ley para el combate y desarticulación de grupos del crimen organizado. Se sugiere al Ministerio Público que lidere la elaboración de dicha política.
Entre los hallazgos del estudio citado también destaca la inexistencia de planes, programas y hojas de ruta que organicen el proceso de aplicación de la ley, lo que da lugar a improvisar acciones para cumplir con los requerimientos de la misma.
El doctor Carlos Barrachina, comentarista del estudio, coincidió con varias de las aseveraciones que contiene, entre ellas que no es suficiente contar con tecnología de punta si no hay recurso humano que pueda aprovecharla. En este sentido, se hace relevante la necesidad de que se capacite de manera continua al personal, tanto en la teoría como en la práctica, y que se elaboren perfiles que incluyan nivel de estudios, experiencia, funciones, entre otras.
El ministro de Gobernación recordó que hay voluntad real, seriedad y coordinación interinstitucional en este combate, y aseguró que se está discutiendo la política criminal. Enorme desafío el que afronta el titular de esa cartera, menos mal que sus palabras y acciones aún expresan convicción y compromiso.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
