Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (Redesca¹), ONU Derechos Humanos, celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.
La CIDH y ONU Derechos Humanos destacan el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia, el estado de derecho y en el desarrollo sostenible y llaman a los Estados a proteger su labor.
Así, hoy 22 de abril de 2021, entra en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.
La entrada en vigor del acuerdo es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo.
La defensa de los derechos humanos y del medio ambiente es una actividad legítima y necesaria, cuya promoción y protección deben ser garantizadas por los Estados. A pesar de la importancia de su labor, la CIDH, su Redesca y ONU Derechos Humanos han observado los riesgos y ataques que afrontan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región: actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias.
Los riesgos que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y de la humanidad.
En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
La covid, gran hándicap
El manejo de la pandemia por COVID-19 ha derivado en la limitación al derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos activistas ambientales, así como al acceso efectivo a la información y a la justicia. Se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones.
Por ello, la CIDH, su Redesca y ONU Derechos Humanos exhortan a los Estados a cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Para ello es crucial reconocer de manera pública e inequívoca la importancia de su labor, fortalecer la investigación y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas, evitar el uso indebido del derecho penal en su contra y adoptar políticas públicas integrales de protección, incluyendo medidas específicas para proteger las mujeres defensoras.
Ambas organizaciones también alientan a los Estados de la región a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia, particularmente a través de su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo y ambientalista, para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
- Redesca es una Oficina de la CIDH con independencia funcional y especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
