Oceana calcula que al menos 153 especies protegidas habitan en las zonas de Canarias y el Mediterráneo español que podrían abrirse a proyectos de hidrocarburos. Considerando además las especies prioritarias para la pesca y aquellas que se encuentran amenazadas, esta cifra supera las 250.
Estos datos se desprenden de las alegaciones presentadas por la organización internacional de conservación marina a los diferentes proyectos, que incluyen los hallazgos conseguidos con ROV (robot submarino) en sus expediciones y otros estudios disponibles.
“Las empresas de hidrocarburos menosprecian sistemáticamente la información científica, como se refleja en las graves deficiencias que Oceana ha podido constatar en los Estudios de Impacto Ambiental. Es lamentable que la Administración las acepte sin apenas cuestionarlas, como acaba de hacer con Canarias”, afirma Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa: “En un país con el potencial de renovables que tiene España, resulta incomprensible una política energética basada en recursos contaminantes y finitos cuya exploración y explotación dañará hábitats y especies protegidos legalmente”.
Entre estas especies amenazadas, se encuentran algunas en peligro crítico de extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como la raya noriega (Dipturus batis), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), el pez sierra (Pristis pristis), el angelote (Squatina squatina) y la anguila (Anguilla anguilla). A ellas se suman otras muchas de valor ecológico o comercial recogidas en la normativa española e internacional.
Además, en los espacios afectados se encuentran hábitats como los formados por corales de profundidad, campos de esponjas y arrecifes de ostras, todos ellos protegidos. Existen también hábitats esenciales para peces, como las zonas de puesta de atún rojo al sur de Baleares, y zonas de importancia mundial para los cetáceos como el mar de Alborán o el este de Canarias.
“Con los proyectos en curso, un 45% de las aguas españolas mediterráneas podrían abrirse a la explotación de hidrocarburos. En el caso canario depende de lo que dicte el Tribunal Supremo después de que el Gobierno se haya sometido a las grandes empresas. Se están confundiendo los intereses privados con los del conjunto de la sociedad”, concluye Ricardo Aguilar, director de investigación de Oceana en Europa.
