Ileana Alamilla[1]
Llama la atención la clase de organizaciones partidarias que tenemos en Guatemala, que más que partidos políticos son entes comerciales con la ambición de tomar el poder para ir a saquear el Estado a través de diferentes estrategias. Pero ¿cómo fue ese proceso de descomposición? ¿Por qué esos intermediarios entre el Estado y la sociedad degeneraron en semejante degradación?
La valoración de la política es esencial para rescatar a un actor fundamental en el desarrollo democrático: los partidos. Un elemento indispensable en el análisis del estado actual de dichos actores es ubicar los factores de poder que influyen y deciden en su composición, funcionamiento y decisiones, tanto estructurales como de candidaturas. Ese es un verdadero mal que ha carcomido estas instituciones.
Si aspiramos a construir la democracia, entendida como esa experiencia inacabada que busca el bien común, la equidad, mejores condiciones de vida para todos, y rematamos este deseo con tener un Estado fuerte, con instituciones consolidadas, dando cumplimiento a sus funciones, equilibrando las desigualdades, respondiendo a las necesidades de la población y con un entramado legal acorde a los anhelos sociales, necesitamos una clase política que esté a la altura de estas demandas.
Un estudio presentado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) en relación con los partidos políticos, su cobertura territorial y su organización interna, reveló que de los 29 partidos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, la mayoría no cuentan con representación en cada uno de los municipios del país; en promedio, en cada municipio hay cinco partidos organizados, y solo el 6.4% de la población empadronada se encuentra afiliada a uno de estos, lo cual nos da la idea del poco interés de la ciudadanía por involucrarse en una militancia. Se considera que los afiliados son fundamentales para mejorar la calidad del sistema.
Los propios secretarios de organización entrevistados reconocieron que el modelo de organización establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos se ha distorsionado, llegando a conformar un tipo de partido que los investigadores de Asíes conceptúan como “partido franquicia”, que se caracteriza por su alto nivel de centralización en la toma de decisiones, sobre todo con respecto a las candidaturas. Señalan que los comités ejecutivos nacionales ceden la marca del partido a algún candidato a nivel local que tenga la capacidad de crear y mantener la organización partidaria.
Los partidos quieren ahorrarse los gastos que implican realizar asambleas, administrar la entidad y reclutar líderes y afiliados. Además, terminado el proceso electoral el líder a nivel local no tiene incentivos para mantenerse en el partido ni para conservar la organización.
Cristhians Castillo, uno de los comentaristas del informe, señaló: “La estructura local, que es predominantemente caudillista, no le pertenece al partido, tiene dueño, que al pasar las elecciones se negocia con otros, vuelan con todo y jaula, por lo que nos estamos moviendo hacia un modelo político transaccional. Ni la ideología ni los planteamientos programáticos ganan las elecciones”.
En los partidos, quien paga, manda; el que controla recursos, controla las candidaturas y gana elecciones, y es muchísimo el dinero que se necesita, son no menos de Q167 millones lo que cuesta una campaña electoral.
Pero la sociedad también es culpable. Somos tolerantes, no cuestionamos y votamos a sabiendas de que no estamos eligiendo.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
