Cuando México puso en vigor su Ley General de Cambio Climático, en octubre de 2012, atrajo elogios internacionales. ¿Qué pasó desde entonces?
La imagen que mejor ilustra la parálisis es el Fondo para el Cambio Climático, previsto en la norma. Su objetivo es financiar iniciativas de adaptación y reducción de emisiones contaminantes, con recursos nacionales e internacionales, informa Emilio Godoy (IPS).
En 2012 contó con apenas 78.000 dólares para funcionamiento administrativo, pero nada para financiar proyectos. Este año ni siquiera tiene una partida presupuestal identificada. Sus reglas de operación están listas, pero no se han hecho públicas.
Otros problemas de la puesta en marcha de la ley tienen que ver con la instrumentación de un sistema nacional de cambio climático, la efectiva reducción de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento, y la evaluación de las medidas de adaptación y mitigación, según el analista de políticas públicas Carlos Tornel, del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Esos aspectos son vitales «para saber qué se hace en los tres niveles de gobierno (federal, estadual y local), lo que nos daría información más concreta sobre prioridades de adaptación y mitigación», dijo Tornel a Tierramérica.
«Además, no hay mecanismos establecidos para evaluar el impacto de las medidas y saber dónde se pone el dinero y qué tan eficiente es su uso», agregó.
México estuvo entre los primeros países del mundo en aprobar una ley específica sobre cambio climático.
La ley convirtió en obligatoria la meta de reducir en 30 por ciento las emisiones nacionales de gases invernadero para 2020, sujeta a la disponibilidad de recursos financieros y transferencia de tecnología, señala el mayor estudio sobre legislaciones climáticas, publicado en febrero por la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe International), que analizó la situación de 66 países.
En América Latina, México es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero después de Brasil, pues emite unas 748 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año.
En junio, el gobierno publicó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que debe guiar las políticas de los próximos 40 años.
También se constituyeron la Comisión Intersecretarial, conformada por 13 ministerios, y el Consejo, del que participan científicos.
Una medida más concreta fue actualizar la metodología para medir las sustancias contaminantes del parque automotor.
Pero de los 32 estados federales, 14 poseen un plan estadual de acción climática, siete tienen leyes propias y 11 han medido sus emisiones de CO2.
«El gobierno no ha podido alinear todos los instrumentos de política hacia la reducción de gases invernadero», dijo a Tierramérica el director de comunicación de Greenpeace México, Raúl Estrada.
Este país está muy expuesto a la variabilidad del clima y ya está padeciendo manifestaciones del calentamiento, como tormentas devastadoras más frecuentes, sequías intensas, elevación del nivel del mar y pérdida de diversidad biológica.
La ley mexicana establece medidas para garantizar el máximo aprovechamiento de gas en instalaciones industriales, petroleras y de refinación, para promover el uso del potencial energético de los residuos y para crear incentivos económicos y fiscales para el desarrollo de empresas e industrias ambientalmente responsables.
Pero ninguna de estas acciones se han ejecutado.
En enero empezó a regir un tributo de tres dólares por tonelada de CO2 generada por la minería, la quema de gasóleo y combustóleo y la producción de acero y cemento. Se eximió el gas natural, por ser considerado menos contaminante que otros hidrocarburos.
Pero la reforma energética aprobada en diciembre, que abrió las puertas del sector petrolero a capitales extranjeros, amenaza el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones.La reforma es para explotar más «petróleo y gas de esquisto, que incrementarían los gases invernadero… un contrasentido con la Ley General de Cambio Climático que busca minimizarlos», opinó Estrada.
«La reforma es un riesgo… si empezamos a explotar hidrocarburos no convencionales como el gas de esquisto», coincidió Tornel.
«Pero genera una ventana de oportunidad, pues abre la competencia en generación y distribución de electricidad y para que las energías renovables empiecen a competir», agregó.
Sin embargo, esto «es posible solo si el gobierno genera incentivos para que esas fuentes sean más competitivas», planteó.
La meta mexicana es llegar a 2024 con 35 por ciento de la electricidad generada con fuentes limpias. De momento, la energía nuclear y las grandes centrales hidroeléctricas aportan 17 por ciento.
Para cumplir la ley de cambio climático, el gobierno deberá presentar en octubre una evaluación de las políticas de adaptación y mitigación.
Pero apenas el 4 de este mes se abrió el proceso para seleccionar a los integrantes no gubernamentales del organismo encargado de esa tarea, que deben provenir de la comunidad científica, académica, técnica e industrial.
