“Preocupación por la existencia [en España] de un marco legal que puede influir negativamente en las libertades de expresión y opinión”. Esa era una frase clave contenida en una carta que varias organizaciones internacionales, bajo la iniciativa del Instituto de Prensa Internacional (IPI), enviaron al Secretario de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Era octubre y la carta hacía referencia, y se amparaba, en las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, anticipado por la Resolución 2200 de las Naciones Unidas (aprobada en 1966). El PIDCP (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, en inglés) entró en vigor en 1976. Muchos países, como es de suponer, no lo cumplen. Otros, como China o Cuba lo han firmado, pero no ratificado; algún otro, como Arabia Saudí, ni lo uno, ni lo otro.
España lo ratificó en julio de 1977, antes de que se aprobara la actual Constitución. Y la alarma surge porque las libertades no siempre consolidan plenamente su ejercicio, a pesar de las leyes a su favor, sino que –según está demostrado- pueden retroceder poco a poco. La vigilancia de las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, es vital para evitarlo.
En ese sentido, el IPI articuló una misión internacional conjunta que viajó a Madrid y Barcelona, en la que se integraron ellos mismos, además de Reporteros Sin Fronteras, Access Info Europe, la Asociación Mundial de Editores de Diarios (WANIFRA, por sus siglas en inglés), la Open Society Foundation, y la Federación Europea de Periodistas (FEP/EFJ, rama europea de la Federación Internacional de Periodistas, FIP/IFJ). [En estos días en que la transparencia es motivo de gran debate, el lector debe saber también que el representante de la FEP/EFJ en la misión era el firmante de este texto].
Diarios como El Mundo, ABC o El País; el Col.legi de Periodistes de Catalunya, la Asociación de la Prensa de Madrid, la Comisión de Deontología de FAPE, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP); instancias de RTVE, instituciones como el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a través de sus representantes en el sector audiovisual y de las telecomunicaciones, respondieron ampliamente a las cuestiones de esa misión internacional. También lo hicieron medios digitales como El Confidenclial, eldiario.es, infoLibre.es (en Madrid), El Triangle (Barcelona), Carne Cruda o revistas como La Marea. Cabe decir también que la Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, acompañada por Consuelo Sánchez Vicente (Directora General), defendió las posiciones oficiales del Gobierno, como era de esperar; pero recibió a una parte de los integrantes de la misión y mantuvo un diálogo claro, con una actitud abierta y receptiva. Dos personas de la recién creada Plataforma en Defensa de la Libertad de Información participaron en ese encuentro.
En el anticipo de las conclusiones, hay que citar: el hecho de que no siempre se haga un seguimiento (monitoreo) de los ataques y violaciones de las libertades de prensa y expresión; el impacto que tienen la crisis y la corrupción en esas libertades públicas; y la injerencia de los poderes públicos en la radiotelevisión pública, que quedó ilustrada por la única negativa a debatir los temas planteados con la misión del IPI, por parte de un representante de la dirección de RTVE. Por el contrario, los miembros del Consejo de Informativos de TVE expresaron múltiples quejas que están reflejadas en el comunicado publicado por el IPI [1] que elabora un informe más amplio sobre sus conclusiones y que podría publicarse en enero.
La subdirectora del IPI, Bárbara Trionfi señaló la necesidad de revitalizar “una sociedad civil que sea capaz de documentar las violaciones contra la libertad de prensa para sensibilizar a la población en relación a estos casos; ésa es la clave para una defensa del derecho de los periodistas a informar con independencia en España”.
[1] España necesita una sociedad civil sólida para neutralizar las amenazas que acechan a la libertad de información en el país.
La primera ley de transparencia española entra en vigor en medio de la crítica generalizada por estar lejos de los estándares internacionales
VIENA, 11 de diciembre de 2014 – La sociedad civil española debería alzar su voz ante las distintas amenazas que acechan a la libertad de información en el país, según afirma el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) tras la misión internacional que se llevó a cabo en Madrid y Barcelona del 1 al 4 de diciembre.
Las organizaciones que participaron en el proyecto observaron cómo la ausencia de una monitorización continua de las violaciones contra la libertad de prensa ha entorpecido el libre flujo de información en el país. Un bien necesario para fortalecer la democracia en España 40 años después de su nacimiento.
Liderada por el IPI, es la primera visita internacional de esta índole en España y contó con la participación de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés), Reporteros sin Fronteras (RSF, por sus siglas en francés), El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Open Society Foundations (OSF) y Access Info Europe (AIE). La misión nació con el objetivo de calibrar el estado de la libertad de prensa, de expresión y el derecho al acceso de la información en un país gravemente afectado por la crisis financiera y los escándalos de corrupción.
En medio de tal incertidumbre política y económica, la delegación internacional observó un alarmante crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos respecto a los medios de titularidad pública en España, ampliamente percibidos como un instrumento al servicio de los poderes políticos.
Uno de los interlocutores con los que la delegación se reunió, el Consejo de Informativos de Televisión Española, advirtió de la necesidad de establecer unos criterios profesionales a la hora de asignar puestos editoriales de responsabilidad en lugar de priorizar las afiliaciones políticas y, de esta manera, minimizar la influencia del gobierno sobre el contenido que se emite. De hecho, los miembros del Consejo de Informativos mostraron algunos ejemplos de injerencia política que la delegación al completo consideró como un acto directo de censura.
Tan sólo 24h antes, miembros de la misión internacional habían mantenido una decepcionante reunión con los representantes de la dirección de la Corporación de RTVE. A pesar de acoger a la delegación en sus oficinas, les advirtieron que no estaban dispuestos, o preparados, para tratar ningún aspecto sobre la libertad de prensa. Los mismos, aseguraron que no habían sido avisados de que la reunión incluiría preguntas sobre la libertad de información (a pesar de que la carta oficial que se les envió con anterioridad recogía claramente este punto) y que no podían “improvisar” las respuestas. Los representantes de RTVE no manifestaron en ningún momento qué temas querían tratar en su lugar.
La delegación agradeció la oportunidad de reunirse con la Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, quién se mostró abierta a revisar la documentación donde se detallan algunas recomendaciones para promover la creación de un organismo regulador independiente del audiovisual, la implementación de la recién aprobada ley de transparencia y acceso a la información pública, la descriminalización de la leyes que regulan la injuria y la calumnia, y la falta de transparencia en la distribución de la publicidad institucional en los medios de comunicación, entre otras muchas cuestiones que la delegación pudo exponerle.
“Estamos muy satisfechos por la predisposición del gobierno central a recoger nuestras sugerencias que buscan mejorar las garantías de la libertad de prensa en España” destacó la subdirectora del Instituto Internacional de la Prensa, Barbara Trionfi. Además, aseguró que haría llegar al gobierno “los documentos que incluyen los estándares internacionales y las mejores prácticas en aspectos claves como la gestión independiente de los medios de comunicación de titularidad pública, la regulación del audiovisual y la descriminalización de la injuria y la calumnia, con el objetivo de que las autoridades contemplen su implementación”.
A pesar de todo, la representante del IPI advirtió de que “una sociedad civil que sea capaz de documentar las violaciones contra la libertad de prensa y sensibilizar a la población en relación a estos casos es la clave para una defensa de los derechos de los periodistas a informar con independencia en España. Por su lado, el gobierno debe estar dispuesto a recoger las aportaciones facilitadas por importantes sectores de la sociedad civil y otros actores como elemento esencial en el proceso legislativo”. En este sentido, la subdirectora del Instituto Internacional de la Prensa dio la bienvenida a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) en su presentación. Una nueva coalición que reúne a abogados, fiscales, representantes de algunos medios de comunicación, académicos y defensores de los consumidores.
Durante su visita, la delegación internacional también observó un escepticismo generalizado sobre la nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que entró plenamente en vigor ayer, 10 de diciembre. Diversas organizaciones civiles y representantes de los medios de comunicación recriminan al gobierno que dicha ley esté lejos de los estándares europeos e internacionales.
La Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, salió en defensa de la misma y aseguró que es la primera vez en España que una legislación recoge el acceso a la información pública y que el texto incorpora buena parte de las enmiendas de los partidos en el Parlamento: “Tenemos la firme voluntad de que [esta ley] funcione, de ponerla en práctica y ver en qué podemos mejorarla. Esta ley cambiará la cultura del gobierno y de la sociedad [española]”.
Por otro lado, Martínez Castro negó que exista una tendencia entre los dirigentes del gobierno, entre ellos, el propio presidente, Mariano Rajoy, a convocar ruedas de prensa sin preguntas. Sin embargo, prácticamente todos los medios de comunicación con los que se reunió la delegación internacional aseguraron que dicha tendencia existe y sirve como indicativo de la falta de transparencia del actual gobierno de España.
En su visita, los miembros de las principales organizaciones internacionales en defensa de la libertad de prensa observaron cómo existe la percepción generalizada de que la crisis económica que afecta a los medios de comunicación y la precariedad de las condiciones laborales representan la mayor amenaza al derecho a la libertad de información en el país.
“Mientras que los medios de comunicación tradicionales mantienen su hegemonía en el mercado al tiempo que llevan a cabo su transformación digital, la actual crisis económica y, en ocasiones, su falta de credibilidad han propiciado la proliferación de nuevas formas de hacer periodismo que han encontrado un caldo de cultivo en amplios sectores de la sociedad. «Esto es una prueba de que el periodismo en España se está reinventando con el objetivo de cumplir con su papel en una sociedad democrática” concluyó Barbara Trionfi.
En las próximas semanas se publicará un informe detallado con las conclusiones a las que ha llegado la delegación internacional en su visita a España. De hecho, esta misión nació poco después de que nueve organismos civiles internacionales, entre los cuales se encuentra el IPI, enviaran una carta al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresando su preocupación sobre la situación de la libertad de expresión en España.
