Patricia Ramírez[1]
En México el fracking solo se detiene por palabra del presidente. Desde el inicio de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador incluyó como el número 75 de sus cien compromisos de gobierno la prohibición de esta técnica de extracción de hidrocarburos.
Una demanda que ha sido impulsada por especialistas y organizaciones civiles debido a los impactos que ha causado en el medio ambiente y la salud.
Sin embargo, a pocos meses de las elecciones para el cambio presidencial, hay ocho iniciativas para la prohibición, propuestas desde distintas bancadas, que no se han dictaminado, según el seguimiento legislativo que hace la Alianza Mexicana contra el Fracking, formada por más de cuarenta colectivos en el país que llevan a cabo una serie de acciones para detener esta práctica de fractura hidráulica.
Mientras la revisión se aplaza, la palabra del presidente es lo único que mantiene limitada la actividad en pozos no convencionales. La falta de un sustento legal ha permitido que instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) no frenen la práctica desde sus distintas facultades, lo que ha repercutido en que durante todo este sexenio se otorgue y ejerza un presupuesto para la fractura hidráulica o fracking.
Aún así, en su quinto informe de gobierno, ofrecido desde Campeche el pasado septiembre, el presidente Obrador mencionó como uno de sus logros que ya no se practique el fracking. Una afirmación que fue puesta en duda debido a que, si bien se han cancelado licitaciones, se siguen operando los pozos existentes en estados como Tamaulipas, Veracruz y Puebla, al este del país, donde los efectos ya son visibles.
Pozos en la sierra
En el ejido de El Tablón lo primero en alertarlos fue un aroma penetrante. Al ser una región donde hay pozos para la extracción de hidrocarburos, sus casi trescientos habitantes viven con los constantes olores a gasolina y gas, pero éste era diferente y provenía de un pozo al que llaman Pankiwi destinado para fracking.
«Ese pozo (Pankiwi) se estableció en un terreno que no es de El Tablón, sino que pertenece a la comunidad de Ameluca, que queda a menos de un kilómetro. (La exploración) empezó en el 2018, pero uno pensaba que era un pozo más dentro de los múltiples que hay cercanos» señaló en entrevista Guadalupe Pérez, habitante del ejido.
El Tablón es la última comunidad del municipio de Pantepec, hacia los límites con el municipio de Venustiano Carranza y Francisco Z. Mena, en la Sierra Noroccidental de Puebla. Se trata de una región rural donde prevalecen pueblos originarios y se habla lenguas como totonaco, tepehua y otomí.
También hay territorios de granaderos a los que se les conoce como «pequeña propiedad» y es en la mayoría de estos que se instalan los pozos petroleros o pasan los ductos de la infraestructura.
En Pantepec, la extracción comenzó en la década de los años setenta, cuando Pemex estableció un pozo petrolero en el ejido de El Tablón. Y el fracking, también llamado fracturación hidráulica o hidrofracturación, se popularizó en los años noventa.
El fracking es una técnica para la obtención de gas o petróleo del subsuelo mediante la ruptura de cuerpos de roca a los que se les inyecta agua a alta presión, entre otros químicos.
En países como México, Argentina y Estados Unidos se ha podido documentar que para la fracturación de un solo pozo se requieren entre 9000 y 29.000 metros cúbicos de agua que equivalen a entre dos y siete albercas olímpicas. Lo anterior ha generado los principales cuestionamientos: el uso y contaminación del agua.
En la explotación convencional de combustibles fósiles, la perforación del pozo es vertical. Sin embargo, ante el agotamiento de los yacimientos tradicionales, lo que se busca con el fracking es fracturar la roca madre en donde la poca permeabilidad permite que se hayan acumulado algunos residuos de petróleo y gas. Son estos pozos no convencionales en los que el presidente López Obrador enfocó su discurso a favor de la prohibición.
Pérez, quien ha presenciado años de perforaciones en la Sierra de Puebla, hace una pausa para repasar cuántos pozos siguen activos sólo en la región de El Tablón. Concluye que son cinco, entre ellos Pankiwi para el fracking que, a su vez, forma parte del proyecto «Aceite Terciario del Golfo» con antecedentes oficiales desde 2006.
En un documental realizado por la Alianza Mexicana contra el Fracking, junto con la organización Earthworks, se demostró que existen 1337 pozos que se explotaron desde hace más de una década en estados como Puebla y Veracruz donde han operado estos proyectos. Muchos se encuentran abandonados o no sellados. Del total, se estima que 233 son de fracking. Respecto al pozo Pankiwi se demuestra que en 2019 se fracturó hasta quince veces.
En dicho documental se evidencia que la práctica permite la liberación de metano y otros gases tóxicos volátiles como benceno, tolueno, etano y propano, que tienen impactos en la salud y destruyen la capa de ozono.
Asimismo, la liberación de gases por fracking ha sido indagada en otros estudios como el Compendio de hallazgos científicos, médicos y de los medios que demuestran los riesgos y daños del fracking, elaborado por el Concerned Health Professionals of New York, en el que se vincula a la contaminación del aire con enfermedades respiratorias como tos, asma, irritación, entre otras como muertes prematuras y riesgo de cáncer.
Estos padecimientos se han hecho comunes entre los habitantes de comunidades como El Tablón y ha llevado a que las autoridades comunitarias y ejidales, así como sus habitantes, inicien una serie de demandas legales y públicas en los últimos años para atender las afectaciones, exista o no una prohibición del fracking.
Dinero para fracturar
La Sierra Norte de Puebla no es el único sitio en México donde la palabra presidencial no ha detenido el fracking. Otro de los casos más conocidos es la cuenca de Tampico – Misantla, entre Tamaulipas y Veracruz, con una extensión de más de 57.000 kilómetros cuadrados y una planificación para 10.470 pozos, en los que el presidente López Obrador pidió la cancelación de licitaciones al inicio de su gobierno en 2018.
En 2019, la Alianza Mexicana denunció que bajo el argumento de una nueva estrategia exploratoria de yacimientos no convencionales, la estatal Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) autorizó a Pemex la exploración de pozos mediante fracking para la cuenca Tampico – Misantla.
La respuesta del presidente López Obrador fue sostener que este proyecto no se había autorizado y que Pemex ya había recibido las indicaciones correspondientes.
Pero de acuerdo con un informe oficial de la CNH, en 2019 Pemex perforó cuatro pozos exploratorios «con objetivos no convencionales» de los cuales dos resultaron productores de aceite y gas en la Formación Pimienta y uno resultó productor de aceite y gas en la Formación Santiago en Tampico – Misantla.
«Si no haces un cambio legal, los organismos obligados en el país que tienen que ver con la materia no tienen ningún instrumento para no permitirlo. Si Pemex mete un plan de trabajo que involucra el uso de fracking, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene elementos para negar ese plan de trabajo porque no hay un sustento legal que diga que esto ya no se vale» explica Claudia Campero, geógrafa e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Además, durante todo este sexenio Pemex ha sido una de las empresas del Estado más respaldadas por el ejecutivo, lo que también ha llevado a mantener las asignaciones en el Presupuesto Federal de Egresos.
Desde 2018 hasta la asignación para 2024 el gobierno destinó a proyectos que implican fracking más de sesenta millones de pesos. En un análisis más detallado, la Alianza Mexicana tiene un seguimiento en el que ha documentado que el gobierno federal otorga entre los 4000 y 16.000 millones de pesos por año.
Un punto positivo es que la cantidad ejercida se ha mantenido todo este sexenio por debajo de los 7000 millones. Incluso para el 2024 la asignación tuvo una reducción de 4063 millones de pesos, lo que representa 50 por ciento menos con respecto al 2023.
Respecto a las acciones más recientes, el 1 de diciembre de 2023 organizaciones y comunidades que integran la Alianza se manifestaron frente a Palacio Nacional para recordar al presidente que quedaban 305 días para el término de su mandato y exigir que se establezca la moratoria en el territorio nacional respecto a esta práctica. Al cierre de la edición de este reportaje, el gobierno federal no había emitido respuesta.
Costos más altos que los beneficios
El ardor de ojos y garganta, mareo y vómito son algunos de los padecimientos que presentan quienes viven en el ejido de El Tablón, en Puebla, y que varios de sus pobladores atribuyen a décadas de estar en una región dedicada a la extracción de petróleo y gas, tanto por vías tradicionales como por fracking.
Los cambios no sólo son visibles en su salud, ya que la exploración para fracturar también ha implicado dinamitar la tierra, lo que la deja improductiva, al mismo tiempo que ocasiona otras consecuencias como desplazamientos y pequeños sismos.
Guadalupe tiene el recuerdo de que con el inicio de las concesiones llegaba un tipo de maquinaria con sensores, cuya actividad hacía que las casas se cimbraran, derivando en varios hogares con cuarteaduras.
No solo los hogares, también los caminos en su mayoría de terracería se han visto dañados por el propio peso de las pipas, máquinas y otros vehículos pesados que transitan constantemente. Incluso existe una parte de trayecto a la que coloquialmente conocen como «el columpio» ya que el movimiento de la tierra ha generado un hundimiento.
Para atender las afectaciones, en El Tablón iniciaron una movilización en la que se pidió la intervención de Pemex, así como de las empresas privadas encargadas de desarrollar los proyectos. La respuesta, señalan los residentes, fue una negativa en la que los distintos actores justificaron no tener responsabilidad, asegurando que era competencia del otro, no de ellos.
«También con la autoridad municipal (de Pantepec) sucede algo parecido porque Pemex ha dicho que da recursos al municipio, pero no los vemos reflejados en beneficio de las comunidades, en específico en El Tablón» afirma Guadalupe.
Por lo que saben, cuando Pemex aporta directamente a las comunidades lo hace con reparaciones de las escuelas como pintar bardas o donar material para trabajo. La falta de atención al resto de los pobladores derivó en una queja en 2019 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esa Comisión indicó que desde sus facultades sólo podía hacer una llamada a la ASEA, encargada de regular y supervisar la actividad energética en el país, pero no trascendió a más. «Aún así lo reconocemos como un mecanismo de presión» dice Pérez.
Otro de los cambios que preocupa en la comunidad de El Tablón es que ha disminuido la afluencia del manantial El Caliche que se tiene para abastecimiento. En México, así como en otros países de América Latina, quienes se oponen a la prohibición del fracking señalan que la práctica debería regularse para ocurrir en regiones con mayor disponibilidad de agua. Incluso hay quienes afirman que no es necesario el uso desmedido y que puede darse un tratamiento lo suficientemente efectivo para reutilizar el agua.
«El retorno de agua puede ser mayor al cincuenta por ciento y este recurso se puede reutilizar. Cuando se termina la aplicación del fracking se genera retorno de agua. Sus volúmenes varían según el tipo de yacimiento» ha declarado la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.
Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que el proceso que lleva el agua para el fracking dificulta que pueda tener otro tratamiento.
«Normalmente se deja en grandes albercas y luego se transporta a otros pozos. En México se llaman pozos letrinas. Ahí se puede inyectar el líquido (utilizado) y se espera que no contamine, sin embargo, la contaminación a veces ha ocurrido incluso en la propia operación de fracking. Si el pozo no está bien sellado, el agua y sus sustancias químicas pueden tener fugas y contaminar el acuífero o puede haber una fractura más profunda que transporte esta agua contaminada hacia arriba» ejemplifica el investigador Ferrari.
Que existan los pozos letrinas, no significa que no haya casos en los que sí se reutiliza el agua tratada. En California, en Estados Unidos, el agua empleada se reutiliza para riego, lo que llevó en 2022 a una discusión para que el estado prohibiera a los agricultores cultivar con esta agua.
«En el fracking se induce artificialmente la permeabilidad para poder sacar un poco de este petróleo y gas que queda entre las rocas, pero realmente es muy poco, en realidad se saca un quince por ciento de lo que hay ahí» explica el investigador.
Para Ferrari los costos son más altos que su beneficio.
«Estamos en una época de descenso de la energía disponible mediante los hidrocarburos. No sólo desde un punto de vista ambiental hay la conciencia de que ya no podemos seguir usándolos, sino también porque son recursos finitos y con el tiempo cada vez cuesta más extraer petróleo y gas. En lugar de seguir la idea de crecer esa producción, deberíamos estar utilizando lo que queda de una manera muy parsimoniosa para preparar una sociedad sin combustibles fósiles» concluye Ferrari.
Nueva ley y otra presidencia
Actualmente se discute en la Cámara de Senadores la Ley General de Aguas, una legislación que también ha estado pendiente desde hace diez años, y está acompañada de una iniciativa ciudadana llamada Agua para Todos y Todas que busca priorizar los derechos humanos en el abastecimiento.
«Esta iniciativa ciudadana incluye en su articulado que no se permita utilizar el agua para fracking. No se discute el fracking porque no es una ley que hable de la extracción de hidrocarburos, pero tiene un efecto práctico» explica Campero.
Aunque aún no se somete a votación, la iniciativa está en las comisiones. Sólo que ha surgido una modificación del artículo en el que se pretende señalar que no se utilice agua para fracturación que esté catalogada para consumo doméstico o agrícola, lo que sólo protege a estos dos tipos de uso, pero sigue permitiendo su utilización para fines industriales.
Mientras la ley se revisa, el país está a menos de medio año de votar por un nuevo presidente.
Por su parte, en las comunidades como El Tablón apuntan a que – más allá de lo legal – queda trabajar en el fortalecimiento de su región. «El trabajo hay que hacerlo en el territorio, en las comunidades» insiste Pérez, quien considera que el apoyo externo y las leyes de prohibición son importantes, pero no son el objetivo final. «Hay que buscar que los caminos nos puedan llevar a donde queremos llegar» concluye.
- Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
- Artículo difundido por la IPS
