En marzo de 2021, la asamblea comunitaria del municipio de San Blas Atempa, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, aprobó la venta de 360 hectáreas para la instalación de un parque industrial, pero la decisión ocasionó inconformidad en un grupo opositor a la iniciativa por irregularidades en el proceso, como la falsificación de firmas de asistentes, incluidas las de personas fallecidas, informa Emilio Godoy (IPS).
Esa instalación es una de diez planeadas dentro del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que a su vez forma parte del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que el gobierno mexicano ejecuta desde 2019 con el propósito de desarrollar el sur-sureste de este país de 1.964.375 kilómetros cuadrados.
Para Mario Quintero, miembro de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), el plan está plagado de «acaparamiento (de tierra), explotación, despojo y desplazamiento de pueblos».
«Es un proyecto geopolítico de grandes escalas en una región geoestratégica. Hay un sistema de corrupción. Es muy obscena la forma en que se está desarrollando. El gobierno acuerda el arrendamiento, pero luego dice que va a expropiar», dijo a IPS el activista, desde el municipio de Juchitán, en Oaxaca y a unos 480 kilómetros al sur de Ciudad de México.
El istmo representa la zona mexicana más estrecha entre los océanos Pacífico y Atlántico, en el golfo de México, con doscoentos kilómetros de ancho, gran presencia indígena y abundante en biodiversidad, hidrocarburos y minerales.
Además de los diez emplazamientos industriales, de 360 hectáreas cada uno, llamados «Polos de desarrollo para el bienestar» y enfocados en las exportaciones, el CIIT incluye la renovación de los puertos de Salina Cruz, sobre el Pacífico oaxaqueño, y Coatzacoalcos, en Veracruz.
Adelanta también la reconstrucción del Ferrocarril del Istmo Tehuantepec, que enlaza Chiapas, en el estado de mismo nombre y Dos Bocas, en Tabasco; Chiapas, en ese estado homónimo, y Dos Bocas, en el territorio de Tabasco.
Y suma la modernización de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, en el estado de Veracruz, el tendido de un gasoducto y la edificación de una planta de licuefacción de gas frente a las costas de Salina Cruz.
Pero ese modelo industrial recibe críticas por el poco beneficio para las comunidades de acogida y la mayor tajada económica para los exportadores, así como su impacto ambiental. Por ejemplo, el municipio de Coatzacoalcos es uno de los más contaminados del país.
El colectivo no gubernamental Geocomunes, dedicado a construir mapas para la defensa de los bienes comunes, enumeró a IPS efectos como la contaminación de ríos y mantos acuíferos, así como malas condiciones laborales.
«Salvo las promesas de empleo, es lo de siempre. Es la réplica del modelo maquilador, empleos sobreexplotados y mano de obra barata. Hay preocupaciones legítimas, como el agua, el tipo de industrias. El istmo no es una zona industrial, implica un cambio de la economía tradicional. Hay que ver el tipo de empleo. La construcción es empleo precario», señaló el grupo.
Y prevé que las industrias no van a llegar tan pronto, pues la producción industrial no solo consiste en la instalación de empresas.
Apetito exportador
México, la segunda economía latinoamericana, hospeda más de 500 parques industriales sobre más de 51.000 hectáreas y que engrosan los ramos automotriz, electrónico, alimentación y bebidas, así como metalmecánico, médico, textil y aeroespacial.
En conjunto, en ellos funcionan más de 3700 empresas que generan unos tres millones de empleos.
La firma del trilateral Tratado de Libre Comercio de América del Norte –vigente entre 1994 y 2020 y sustituido ese año por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá– propició la instalación de plantas de ensamblaje para exportación (maquilas).
Se instalaron especialmente en el norte mexicano, el territorio más cercano a Estados Unidos, atraídas por prebendas fiscales, salarios más bajos y regulaciones ambientales más laxas que en sus naciones de origen.
El norteño estado de Nuevo León y los centrales territorios de México y Guanajuato albergan la mayor cantidad de esas maquilas.
Pero no han mejorado las condiciones socioeconómicas en esos lugares, como lo demuestran las estadísticas disponibles.
Datos del estatal Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que la pobreza y su grado extremo aumentaron en Nuevo León, sede de unos 150 polos industriales, entre 2018 y 2020.
Más hidrocarburos
El Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec abarca 46 municipios de Oaxaca y 33 de Veracruz y conforma una región donde habitan once de los 69 pueblos indígenas de país, que en total suman 17 millones de personas.
El Corredor es el reciclaje de un conjunto de proyectos similares que el entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) planteó en 1996 y que no se materializó. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cargo desde diciembre de 2018, lo resucita.
De 2020 a 2022, el presupuesto del CIIT, a cargo de la Secretaría (ministerio) de Marina, creció, pues en el primer año contó con 162 millones de dólares, en 2021, con 203 millones y al año siguiente más que se duplicó, con 529 millones. Pero en 2023 se ha caído a 374 millones.
El Corredor divide los diez polos proyectados a partes iguales entre Oaxaca y Veracruz. López Obrador anunció el martes 21 la licitación de cuatro localizaciones en Oaxaca a inicios de abril.
De hecho, el istmo de Tehuantepec es una región ya impactada por la presencia de otras infraestructuras, como los veintinueve parques eólicos en operación –la mayoría, privados–. Esa capacidad instalada, más nuevos campos eólicos y solares, alimentarán las nuevas instalaciones industriales.
Asimismo, el gobierno mexicano proyecta el tendido de un gasoducto con capacidad de transporte de 500 millones de pies cúbicos (p3) diarios y de 270 kilómetros de largo, entre las localidades de Jáltipan y Salinas Cruz.
Esta tubería reforzará el gasoducto Jáltipan-Salina Cruz que opera desde 2014 y que mueve 90 millones de p3 diarios por 247 kilómetros.
El nuevo tendido, tasado en 434 millones de dólares, destinará 430 millones de p3 para la planeada planta de licuefacción frente a Salina Cruz y entre 50 millones y 70 millones para los parques industriales.
La estatal Comisión Federal de Electricidad, responsable de la obra, calcula que suministrará gas a 470 plantas y 30 parques industriales.
Las comunidades resistirán y construirán autonomía mediante proyectos autogestionarios locales, según el activista Quintero.
«El proyecto no va a mejorar la vida de las comunidades, como no ocurrió con el ferrocarril del siglo XX ni con las hidroeléctricas, ni con la refinería (de Salina Cruz) ni con los parques eólicos, porque sus promesas se traducen en cinturones de marginación. ¿Desarrollo y beneficio para quién?», cuestionó.
Mientras, Geocomunes duda de la promesa de desarrollo: «La tierra, el agua, cosas básicas que están en riesgo. ¿Quién va a asumir los costos? Como gobierno, ¿qué va a exigir?», planteó.
