La explotación de una mina de carbón a cielo abierto en la austral isla de Riesco, un paraíso de diversidad biológica ubicado en la Patagonia de Chile, se ha convertido en un paradigma de la debilidad de la legislación ambiental que critican pobladores, activistas, científicos y parlamentarios, informa Orlando Milesi[1] desde Santiago.
Riesco, la cuarta isla más grande del país, en el extremo meridional de América, posee un ecosistema marino y terrestre donde conviven especies como la ballena jorobada, cuatro tipos de delfines, elefantes marinos y pingüinos. También cuenta con al menos 24 especies de mamíferos y 136 de aves.
«Yo no me voy de aquí. Pero veo los drásticos cambios», dijo preocupado a IPS uno de los 150 habitantes de la isla, Gregor Stipicic, en un diálogo telefónico desde la isla.
Con 36 años, Gregor es el menor de los tres hermanos Stipicic, dueños de una estancia (hacienda dedicada principalmente a la ganadería) de 750 hectáreas donde pastan unas 6000 ovejas que están amenazadas por las explosiones con dinamita.
Médico cirujano de profesión, Gregor vive en la hacienda agropecuaria desde 2006, cuando se encargó del predio tras la muerte de su padre. El abuelo, inmigrante croata, fue el primero de la familia que llegó a la isla, en 1956, atraído por la rica calidad de la tierra.
La isla Riesco posee 5000 kilómetros cuadrados y está ubicada a 3000 kilómetros al sur de Santiago en la comuna de Río Verde, en la región de Magallanes, la más austral del país.
Sus habitantes se distribuyen en 30 estancias, que se dedican principalmente a la crianza de ovejas.
Un tercio de la superficie de la isla conforma la Reserva Nacional Alacalufe, una de las más grandes de Chile, con cerca de 2,6 millones de hectáreas de tierras vírgenes que forman parte del sistema de áreas protegidas del país.
La mina Invierno, la mayor a cielo abierto de carbón del país, pertenece a la Sociedad Minera Isla Riesco, propiedad de las compañías chilenas Copec y Ultramar, que invirtieron 600 millones de dólares en la explotación y poseen otros cuatro yacimientos en la isla, hasta ahora inactivos.
El objetivo es explotar, durante doce años, reservas de 73 millones de toneladas de carbón sub-bituminosos B y C, de muy bajo poder calorífico (4100 kilocalorías por kilógramo) y alto en metales pesados. Ese carbón lo venden a las centrales termoeléctricas de Huasco, Tocopilla, Mejillones y Ventanas, en el norte y centro de Chile. Además lo exportan hacia China, India y Brasil y otros destinos.
La sostenida baja en el precio internacional del carbón afectó los planes de la compañía que disminuyó temporalmente la producción y también su personal.
La instalación de la mina Invierno significó cortar 400 hectáreas de bosque nativo, secar una laguna y modificar todo el funcionamiento hídrico cercano al tajo minero. Hoy tiene tres depósitos de material estéril de 60 metros de altura cada uno.
«Todo está siendo contaminado. Hay 1500 hectáreas de afectación directa que incluyen 500 con un hoyo que es el rajo de explotación que ya alcanzó 100 de los 180 de profundidad proyectados», contó Ana Stipicic, vocera del movimiento social y ecológico Alerta Isla Riesco.
«La última denuncia de contaminación que generamos fue por la afectación del río Chorrillo Invierno Dos. Ahora nos enteramos que también fueron contaminados los ríos Cañadón y Chorrillo Los Coipos. Existen piscinas de decantación para abatir sólidos, pero no funcionan», relató a IPS en Santiago la activista, hermana de Gregor.
Agregó que los ríos afectaron un humedal y que «a lo largo del borde costero hay pedazos enormes de carbón. El puerto minero y las chancadoras (trituradoras) que muelen el mineral lanzan carboncillo al mar. Eso nadie lo ha estudiado».
Ana Stipicic precisó que la dispersión de material en partículas «cae en los campos de pastoreo, en los bosques y cuerpos de agua circundantes donde hay una fauna riquísima». Añadió que la explotación minera provocó «un enorme desplazamiento de fauna, desde pájaros carpinteros hasta huemules y coipos».
Por su parte, el biólogo Juan Capella, de la Fundación Yubarta, denunció que el traslado del carbón en barcos por el golfo de Otway, el canal Gerónimo y el estrecho de Magallanes, afecta a ballenas jorobadas y delfines que ocupan esa zona, donde se emplaza el Parque Marino Francisco Coloane.
«Hay casos registrados de choques de cargueros con ballenas. Mientras más carbón y más tráfico de barcos por un canal tan estrecho, la probabilidad de choques y de muerte de ballenas es mayor. El mejor registrado es uno ocurrido en marzo donde un barco chocó a una ballena y la mató», relató a IPS desde Punta Arenas, capital de la región de Magallanes.
El especialista en clima Nicolás Butorovic acotó que durante el Estudio de Impacto Ambiental de la mina Invierno «probamos que la modelación estaba mala con respecto al material ‘particulado’ sedimentable. Ellos predijeron 60 microgramos por día y las estaciones midieron hasta 158».
La compañía indicó entonces que no usaría explosiones de dinamita pues buscaba una minería sustentable y que los vientos en la zona alcanzaban una media de 39 kilómetros por hora cuando en realidad a veces superan los 180 kilómetros.
Fernando Dougnac, presidente de la organización de abogados ambientalistas FIMA, presentó un recurso de protección ante la Corte de Punta Arenas para frenar las detonaciones y adjuntó una orden de no innovar que el tribunal acogió paralizando las tronaduras.
En su recurso, Dougnac detalló a IPS en Santiago que incluyó una serie de informes veterinarios del año 1998 que demuestran que las ovejas en momentos de cruzamiento, apareamiento y destete –de cuatro a cinco meses en distintos períodos- son muy susceptibles al ruido al punto que se pide que los trabajadores no entren adonde hay animales.
«Tenemos expectativas que las tronaduras sean suspendidas en esos meses. Mina Invierno necesita abaratar sus costos de operación, por tanto van a insistir en detonar las cuatro veces a la semana, que es lo que está aprobado», reconoció Ana Stipicic.
El director nacional de Greenpeace Chile, Matías Asún, aseveró a IPS que la compañía minera «engañó a la población y abusó respecto de las normativas para permitir luego un sistema de explotación por medio de tronaduras (explosiones de dinamita)».
A su juicio, «la autoridad ambiental en Chile opera con criterios económicos y comerciales. Su discurso oficial no es la protección del medio ambiente sino la protección de las inversiones y del medio ambiente».
Agregó que «es anacrónico que en un país donde las energías renovables están viviendo un despegue con ribetes mundiales y donde el carbón va francamente de salida, además asociado a múltiples conflictos territoriales, demos un subsidio violando la normativa ambiental de facto y los compromisos que la propia empresa sostuvo con la comunidad».
«Isla Riesco no es sustentable si no es abaratando los costos con consecuencias ambientales», enfatizó.
El diputado independiente Gabriel Boric, representante de la región de Magallanes, aseguró a IPS que la compañía fragmentó su proyecto de explotación del carbón de Riesco para lograr su aprobación.
«Que se permita que un proyecto se presente fragmentadamente, y de esta manera su impacto ambiental nunca sea evaluado integralmente, es una de las principales debilidades que tiene la institucionalidad ambiental que debe ser subsanada en una próxima reforma al sistema», afirmó.
- Editado por Esrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
