Para poder responder a las masivas necesidades de la población rohinyá hay que dejar que las organizaciones humanitarias internacionales puedan acceder lo antes posible al Estado de Rakhine, de forma independiente y sin restricciones, dice Médicos sin Fronteras (MSF) en su último comunicado emitido el 19 de septiembre de 1994 en París y Bruselas.
Por otra parte, la portavoz del gobierno de Myanmar y antigua presa política de la Junta Militar de Birmania, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ha dicho este 19 de septiembre, pocas horas antes del comienzo de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva york, que está “dispuesta” a organizar el regreso de más de 410 000 rohinyás, refugiados en Bnagladeh. Sin embargo, la que muchos consideran es la auténtica gobernante del país en la sombra, no ha precisado la solución concreta que va a dar a lo que la ONU ha calificado ya de “depuración étnica”.
“Estamos dispuestos a iniciar la verificación de identidades de los refugiados, con vistas a su regreso”, ha dicho en un discurso televisado en inglés (sin subtítulos en birmano) y sin precisar los criterios para el regreso. La opinión pública birmana está alarmada por las críticas internacionales sobre la suerte de los más de 400.000 miembros de la minoría musulmana de los rohinyás. Ante los embajadores reunidos en Naypyidaw (la capital del país desde 2005) para el “Discurso a la nación”, la Premio nobel, muy criticada por su silencio y su frialdad durante las más de tres semanas transcurridas desde que comenzó la crisis, el 25 de agosto de 2017, en el Estado de Rakhine, ha hecho un llamamiento, fundamentalmente destinado a tranquilizar a la comunidad internacional, para terminar con la división religiosa entre la mayoría budista y la minoría musulmana: “Nos sentimos profundamente desolados por el sufrimiento de todos quienes se han visto atrapados por el conflicto”. También ha dicho que el ejército ha recibido instrucciones de evitar los daños colaterales y “herir a civiles” durante las operaciones.
Inmediatamente, Amnistía Internacional (AI) ha lamentado que no condenara explícitamente el papel del ejército, considerando que quien fuera el icono de la lucha por la democracia en Birmania esté ahora practicando “la política del avestruz”. “Existen pruebas aplastantes de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo una campaña de limpieza étnica” -asegura AI- siempre hay humo de incendios sobre el Estado de Rakhine”.
“Es como si todo se hubiera parado el 5 de septiembre”, ha declarado Phil Robertson de Human Rights Watch, mostrando imágenes llegadas por satélite. Esta organización ha pedido a la ONU que adopte sanciones contra Birmania.
“Los rohinyás, la mayor población apátrida del mundo- escribe hoy el diario francés Le Point- son tratados como extranjeros en Birmania, país budista en un 90 % de su población. Víctimas de discriminación desde que les fue retirada la nacionalidad birmana en 1982, no pueden casarse ni viajar sin autorización; tampoco pueden buscar trabajo ni acudir a la escuela o el hospital”. Antes del golpe de Estado y la llegada de la Junta Militar, la Constitución de 1947 –de la que fue artífice Aung San, padre de la Nobel de la Paz y luchador por la democracia en el país- permitió que gran número de rohinyás tuvieran un estatuto legal y derecho al voto. La dictadura militar instaurada en 1962 expandió el odio antimusulmán, que ha pervivido hasta hoy, y la ley de nacionalidad de 1982 dejó a esa minoría en situación de apátrida. Para el general Min Aung Hlaing, jefe del ejército, la comunidad rohinyá “no tiene nada de birmana”.
Urgencia humanitaria
Tras una nueva serie de ataques a puestos de policía y a una base militar, reivindicados por la Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), prosiguen las operaciones militares iniciadas el pasado 25 de agosto en el Estado de Rakhine. Como consecuencia de ellas, cerca de 400 000 rohinyás han huido a Bangladesh, donde viven en condiciones extremadamente precarias con dificultades para acceder a los tratamientos médicos, el agua potable, los servicios sanitarios y los alimentos.
La población que permanece en el norte de Rakhine, estimada en varios cientos de miles de personas, está privada de ayuda humanitaria. «Nuestros equipos de Bangladesh –escribe MSF- escuchan historias alarmantes acerca de la violencia extrema que padecen los civiles de la zona. Nos hablan de desplazamientos masivos de la población rohinyá y otras minorías. De pueblos y casas quemados, entre ellos dos de los cuatro dispensarios de MSF. A mediados de agosto, antes que tuviéramos que suspender nuestras actividades ante la negativa de permisos de viaje y acceso del personal, MSF efectuaba tratamientos médicos en la periferia de Maundgaw y Buthidaung, Tememos que los que quedan allí carezcan ahora de la asistencia que necesitan”, ha manifestado Karline Kleijer, responsable de urgencias de MSF. “Hay que facilitar tratamientos a las personas heridas, enfermas y quienes tienen enfermedades crónicas, y asistencia humanitaria a la población desplazada”.
En el centro de ese estado, alrededor de 120 000 desplazados viven en campamentos que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir porque no están autorizados a salir. MSF trabaja en estos campos con equipos ambulatorios. Pero, desde finales de agosto, el personal internacional no tiene autorización para acudir a las estructuras sanitarias, y el personal local no acude a su trabjo por temor a represalias. Las autoridades de Myanmar han acusado a las ONG de colaborar con la ARSA. A esas acusaciones se añaden las amenazas de los grupos extremistas que impiden que los trabajadores humanitarios hagan su trabajo. Además, el gobierno ha declarado el norte del estado zona militar, imponiendo normas administrativas y limitando aun más el acceso.
Según Benoît de Gryse, responsable de operaciones de MSF en Myanmar, «parece que Myanmar ha elegido un nuevo modus operandi que pone la ayuda humanitaria bajo el control exclusivo del gobierno. Es necesario que puedan actuar las organizaciones humanitarias independientes y neutrales, para garantizar que la ayuda llegue a la población de manera imparcial». La falta de acceso a los tratamientos sanitarios es particularmente alarmante en el caso de la población que permanece en el Estado de Rakhine. Cuando podía funcionar con normalidad, MSF efectuaba más de 1000 consultas médicas mensuales y organizaba de transporte de las urgencias y la asistencia de pacientes que precisaban hospitalización.
Todas están actividades se encuentran actualmente suspendidas, lo mismo que suceden con otras organizaciones que trabajaban en la zona. «Para garantizar los tratamientos y ayudar a las personas afectadas por el conflicto, MSF y otras organizaciones internacionales tienen que disponer inmediatamente de acceso sin restricciones a todas las zonas del Estado de Rakhine, con la esperanza de poder reducir el número de víctimas”.
