Por Lindskat Legall y Sylvia Torres (SEMlac)
La Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, adoptada hace poco más de un año por la Asamblea Nacional de Nicaragua, no aguantó ni la arrancada.
Considerada por algunos como muy progresista y por otros como inconstitucional, esa ley ha sido restringida, cuando el gobierno, mediante la Corte Suprema de Justicia y el propio parlamento, aprobaron el 25 de septiembre una reforma a esa normativa que permite la mediación entre agresores y víctimas.
La medida se aplica para los llamados delitos leves hacia las mujeres. Según la norma técnica del Instituto Médico Legal, se considera culpable del delito de lesión leve a «quien cause a otra persona una lesión a su integridad física o psíquica que requiera, objetivamente para su sanidad, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico».
En ese caso, apunta, será castigado con prisión de seis meses a un año y si la lesión además requiere de una intervención quirúrgica, la sanción será encarcelamiento de seis meses a dos años.
Con la reforma, los hombres acusados de violencia física, amenazas, entre otros delitos contemplados en la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, cuya pena sea menor a los cinco años de cárcel, podrán mediar con la víctima para evitar la condena.
Esta acción del legislativo provocó el inmediato rechazo del movimiento de mujeres, quienes han organizado protestas públicas por todo el país. De acuerdo con Azahalea Solis, líder del Movimiento Autónomo de Mujeres, aceptar que existen delitos leves en materia de violencia hacia las mujeres «es una falacia», ya que esta visión ignora la desigualdad de poder entre hombre y mujeres.
Solís recalcó que «las mujeres que sufren violencia no denuncian el primer golpe, y pueden pasar meses o años para interponer una denuncia, se la pasan ‘mediando’ a lo interno de su casa y cuando ya no pueden más es que dan un paso fuera de su hogar para buscar ayuda».
Con la aprobación de la mediación, dijo la dirigente, se ha reestablecido la permisividad social hacia la violencia contra ellas.
«Según La Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, la mediación supone que ambas partes son iguales. Sin embargo, un abusador tiene un enorme poder sobre la víctima. El desequilibrio de poder entre las partes no se puede remediar a pesar de las habilidades del mediador», explicó.
Consideró, en este sentido, que es imposible aceptar como verdad la igualdad frente a la desigualdad real que padecen las mujeres en nuestra sociedad, y remarcó que estudios realizados confirman que el momento en que una víctima denuncia a su abusador es el más peligroso para ella.
«Muchos de los feminicidios han sido consecuencia de la impunidad y la mediación, resulta insólito que a principios de 2012 la Corte Suprema de Justicia haya dicho esto y luego, sin haberse realizado ningún estudio a fondo, se contradiga y haya propuesto la mediación», expresó Azahalea.
Desde su promulgación en 2012, la Ley 779 provocó un revuelo nacional, pues sectores conservadores de las iglesias la calificaron de violatoria del principio de igualdad y, por tanto, inconstitucional, mientras las organizaciones de mujeres argumentaron que se trata de una legislación contra los hombres violentos y no contra todos los hombres.
Su texto especifica que tiene por objeto proteger y garantizar los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado. También resalta la necesidad de establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia.
Una de las novedades de la legislación es la tipificación del delito de feminicidio, como el cometido por el hombre que «en el marco de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres diere muerte ya sea en ámbito público o en privado a una mujer».
Las penas varían de 15 a 20 años de prisión cuando el hecho ocurra en ámbito público, y de 20 a 25 años si fuera en privado. También impone sanciones entre 100 y 500 días de multa salarial y castiga diversos tipos de maltrato, como el físico, psicológico, sexual y patrimonial.
Según Azahalea Solis, la aprobación de esta norma marcó el inicio en Nicaragua de una agitada serie de reacciones sobre la justicia, pertinencia, constitucionalidad y eficacia de la ley; reacciones que van desde el ámbito religioso hasta el marco legal.
«Hay sectores dentro y fuera de la sociedad nicaragüense que consideran que las mujeres deben aguantar los golpes y les dejan a ellas la responsabilidad de salvaguardar la familia, ese es el aspecto social. En el orden político, es una ley que el gobierno pretendía utilizar como su vitrina, pero no tiene la voluntad política de cumplirla», afirma Azahalea.
No se trata de cualquier ley: en ella se establecen mecanismos que con claridad amenazan el sistema patriarcal, tan acostumbrado a la subordinación en todos los ámbitos y etapas de la vida de las mujeres.
El miedo está ocupando un lugar en la mente de los hombres ante la incertidumbre de una ley que ha sido calificada de ‘anti-hombre’. No es fácil bajarse del pedestal y tampoco es fácil perder el poder que los roles sociales le han asignado a estos para regir y decidir los destinos de las mujeres.
El Informe Anual de Femicidios de 2012, publicado por la Red de Mujeres Contra la Violencia, indica que 13 de las 85 asesinadas el año pasado mediaron con su agresor cuando asistían a citas en las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional.
Azahalea aseguró que la posibilidad de que los agresores caigan presos, ante un caso de violencia, no violenta la Constitución, como alegan los principales detractores de la normativa.
«Eso es falso, absolutamente falso. La persona humana tiene derecho a tener garantías para su vida y el Estado está en la obligación de brindarlas y de darnos justicia. Frente a un peligro inminente (la violencia contra la mujer), el Estado tiene que responder», insistió.
«Las medidas precautelares son la respuesta ante un peligro inminente. Discutir el tema de la mediación está distrayendo el debate central que debería enfocarse en cómo el Estado podría ejecutar campañas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer», agregó.
